Familiares de comuneros mapuche intensifican gestiones

Paula Correa

Continúa la huelga de hambre de los presos políticos mapuche, que ya supera los 45 días. Y mientras desde la Secretaría General de la Presidencia se muestran atados de manos para solucionar el conflicto, los familiares de los condenados viajan a Santiago y hacen un llamado al gobierno a asumir su responsabilidad histórica.

Los familiares de los presos políticos mapuche condenados en el Tribunal de Cañete llegaron a Santiago para sostener una serie de reuniones con distintas autoridades nacionales e internacionales y dar a conocer las irregularidades del proceso judicial que condenó a Héctor Llaitul, Ramón Llanquileo, José Huenuche y Jonathan Huillical.

Luego de los incidentes registrados el fin de Semana Santa en la Catedral la capital, los comuneros pidieron una audiencia con el Arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, anterior mediador en huelga de hambre de 2010, quien se mostró dispuesto a seguir conversando y acompañando a los mapuche.

Dentro de la agenda se incluyen citas con los presidentes del Senado, la Corte Suprema y con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para América Latina. Reuniones que se dan cuando el Subsecretario General de la Presidencia, Claudio Alvarado, asegurara que han cumplido el 100 por ciento de los compromisos adoptados, al retirar la Ley Antiterrorista y agregó que “el gobierno no tiene prácticamente nada que hacer” para modificar las penas adoptadas.

Dichos que no fueron muy bien recibidos por el pueblo mapuche. La vocera de los presos, Natividad Llanquileo, comentó que para el Estado “es fácil decir que no tienen nada que ver con esto y que se resuelva en otros lados”.

La dirigente agregó que “el Ejecutivo tiene una responsabilidad grande en estos temas y deberían ser capaces de resolver las demandas que existan. Lamentablemente, no se han hecho cargo de un problema histórico y social y lo ha dejado en manos de Tribunales lo que ha sido una tremenda equivocación”.

La vocera reiteró que los comuneros han denunciado presiones del Ministerio Público para que el recurso de nulidad no sea revisado por la Corte Suprema, sino que se devuelva a la Corte de Apelaciones de Concepción. Sin embargo, aquel tribunal no ha aceptado ningún recurso interpuesto por los mapuche. En esta línea Natividad afirmó que “si el recurso se va a la Corte de Apelaciones estamos perdidos”.

Esto cuando los comuneros ya han perdido hasta 17 de kilos en  la movilización, que ya supera los 45 días. Por esta razón, el presidente de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, el DC Sergio Ojeda, visitó a la cárcel de Angol y afirmó que los comuneros se encuentran en un delicado estado de salud pero que están con buen ánimo. Además, instó al Ejecutivo a tomar medidas de fondo para enfrentar este tema.

“La responsabilidad histórica recae en los gobiernos y lo que tendrían que hacer, en vez de querellarse en contra de las comunidades, es reivindicar y resolver el problema histórico: el reconocimiento de las tierras, la protección del patrimonio cultural y todo lo que significa poner en su lugar la dignidad de cada comunero como persona y ciudadano”, sentenció el parlamentario.

Ojeda llamó al gobierno a no seguir apoyando, por acción u omisión, elementos extraños al juzgamiento común y a parar la criminalización y judicialización los pueblos indígenas ya que “en la medida que se siga así se va a seguir actuando injustamente en contra de ellos”, y agregó que “acá no hay muertes ni intencionalidades delictuales, pero se les ha juzgado fuerza y con pruebas que no son exactas”.

Una situación que no es desconocida y que sigue ganando apoyos cuando, todos los jueves, distintas ciudades del país se movilizan en solidaridad con los comuneros y cuando ya cuentan con el respaldo de una serie de personalidades y organizaciones a nivel internacional.