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GOBIERNO TIENE QUE RESPONDER POR TORTURAS A NIÑO MAPUCHE DE LLEU LLEU

>> jueves, 3 de febrero de 2011


CASO VILUÑIR

               Gobernación de Arauco ofrece tierras a dirigente de LLeu LLeu a cambio de silencio…

               Denuncia realizada ante Tribunal de Cañete  por el testigo de la Defensa y dirigente de la Comunidad Caupolican de LLeu LLeu, quien dio cuenta de todas las maniobras realizadas por el Fiscal Cruz y sus cómplices.

               Como muestra de confianza el Ministerio Publico no se  opuso al cambio de Medida Cautelar, es decir, a  las libertades de los otros miembros de la esta comunidad, que están imputados por incendios, se trata de Simon Millas y Andrés Santi.

                Recordemos que ya anteriormente la Gobernación de Arauco había hecho ofrecimientos similares a Cesar Painemil Parra a cambio de que éste actuara como “testigo secreto” y quien por negarse continúa preso en la cárcel de Lebu.

                 En conclusión estamos frente a imputados confesos que se transformaron en “testigos secretos”,  “testigos secretos” que ahora son imputados y  “testigos secretos”  que aun denunciando que fueron torturados el Tribunal de Cañete incorporó sus testimonios como prueba, pero no les permitió declarar personalmente. Dicho testimonio fue dado a conocer por el Capitán Sáez…“quien dijo lo que le dijeron”…

Por Wichan, desde Cañete

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LA CAIDA DE CRUZ

>> miércoles, 2 de febrero de 2011


EL CASO VILUÑIR

Abogado querellante del Gobierno le lanza paracaídas a última hora…

                         En una impactante declaración, esta mañana,  el presidente de la Comunidad Caupolican de LLeu LLeu Patricio Cona, como testigo de la Defensa, dio cuenta con detalles de las maniobras del Fiscal Cruz frente al Caso de Torturas en contra de Rodrigo Viluñir, que pone en riesgo no sólo su montaje, si no que también su carrera.

                         Frente al Tribunal Oral detalló las llamadas telefónicas, visitas a Lleu LLeu y un encuentro que sostuvieron en la Plaza de Armas de Cañete (de la cual hay varios testigos), dos semanas antes de iniciarse el Juicio Oral, el 8 de Noviembre del 2010.

                         Ante el inminente desplome de todo el “trabajo” realizado el Querellante del Gobierno Sr. Pierllentili,  intenta confundir al testigo insinuándole de que él también había estado presente en dicho encuentro, sin embargo, Patricio Cona, seguro de sus dichos, asegura que no era él quien acompañaba ese día al Fiscal Cruz.

                          Desesperado y exaltado, como de costumbre, el Fiscal Andrés Cruz ofrece querellas a medio mundo…
 
por Wichan, desde Cañete

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¿ MANIOBRAS DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LAS AFUERAS DEL TRIBUNAL DE CAÑETE ?

>> martes, 1 de febrero de 2011

EL CASO VILUÑIR

                           Recordemos que durante la presentación de pruebas de parte del Ministerio Público el testigo Capitán Sáez, Jefe de Inteligencia de Carabineros, basó su testimonio, principalmente, en las declaraciones de dos “testigos secretos”, que si bien no declararon en el Tribunal, sí fueron presentados como medios de prueba. Uno de ellos, cual comodín, habría actuado en cerca de cinco hechos en la zona del LLeu LLeu, desde el año 2005 en adelante. (Ver Wichan “Fuentes Confiables Insertas en la Comunidad”)
                           Como bien señala la página País Mapuche “Testigos protegidos” rompen el miedo y denuncian las torturas por parte de la Fiscalía. (Enero 17 del 2011.)
 “…esas declaraciones bajo tortura son las únicas pruebas que hasta ahora mantienen encarcelados a Marco Millanao y Eduardo Painemil, además de Juan Carlos Millanao en la clandestinidad, a Simón Milla y Andrés Santi bajo medidas cautelares. Todos acusados por incendios de cabañas en la ribera del Lleu Lleu.”
                        Sin embargo, dicha página, por una extraña razón, olvidó mencionar al principal acusado por estos “testigos secretos”, al dirigente de la CAM Héctor Llaitul.  De hecho, quien no olvidó mencionarlo y acusarlo reiteradamente fue el propio Capitán Sáez, durante su declaración en el Tribunal Cañetino.
             Estos jóvenes, de la zona de LLeu LLeu (hermanos Viluñir), han denunciado públicamente haber sido víctima de apremios ilegítimos y torturas, siendo obligados por carabineros a declarar en contra de sus hermanos mapuche.  La denuncia de estos hechos fue dada a conocer,  hace varios meses,  durante la huelga de hambre de los presos políticos mapuche, en la revista Punto Final (Edición Nº 718, 16 de septiembre, 2010).  En la publicación Rodrigo Viluñir denuncia que “firmó su testimonio sin leerlo luego de que lo colgaron de las manos en el puente Lanalhue y le pusieron una escopeta en la cabeza”,  así mismo el caso fue presentado en Canal 13 Regional de Concepción.
                       Posteriormente, hace sólo unas semanas, en el contexto del Juicio Oral, Rodrigo Viluñir y su madre junto a su círculo cercano, entre ellos, Patricio Cona, presidente de la comunidad Caupolican, el ex vocero de la CAM Oscar Ancatripai ,  la presidenta de la agrupación Newentuain Miriam Castro Sáez y Nelson Miranda abogado defensor y asesor de dicha agrupación,   convocaron a una conferencia de prensa a las afueras del Tribunal Cañetino denunciando nuevamente lo mismo, esta vez, su testimonio fue hecho público a través de Radio Bio Bio y pagina País Mapuche (Enero 17 de 2011).
         No obstante,  pese a la serie de denuncias realizadas las cuales, no han tenido, ni tienen  impacto alguno en el proceso,  nos surge una gran duda  ¿Por qué aún no se presenta una querella en contra quienes resulten responsables?.  Sabiendo que la querella es la única forma que permitiría investigar a fondo los hechos, llevar a la justicia a los responsables, y de paso desarmar el montaje elaborado por el Ministerio Público y policías corruptos, permitiendo que los comuneros mapuche acusados no sean condenados.
                      Pero lo que resulta más grave aún es que, de acuerdo a la información entregada por familiares de los hermanos Viluñir, el propio Fiscal Cruz se ha acercado a ellos y a su círculo cercano en más de una oportunidad, supuestamente, para evitar que estos interpongan la querella. 
                       Efectivamente, dicha acción legal le afectaría directamente, de acuerdo a lo planteado por Rodrigo Viluñir, quien declara que vio al fiscal (Andrés Cruz) dos veces, “la primera vez cuando ratifiqué la primera declaración sin leerla y la segunda, hace un mes atrás en Talcahuano.” (Revista Punto Final Nº 718).             
                    Entonces, ¿para que estos contactos extrajudiciales con el fiscal Andrés Cruz?.
                    Cabe mencionar que el propio ex Juez Sr. Juan Guzmán Tapia y otros abogados, ofrecieron patrocinar dicha querella, pero después de varias conversaciones con los afectados, y sus cercanos, estos se desistieron de realizar la acción penal.  Las consecuencias de dicha decisión tendrán que asumirla quienes están asesorando a la familia Viluñir.
                    As portas del término del Juicio Oral en Cañete, y después de haber insistido durante meses de la importancia de presentar dicha querella no se comprende, bajo ningún punto de vista,  las razones de este desistimiento, razón por la cual hemos decidido entregar estos antecedentes a la opinión pública.

Por Wichan desde Cañete

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Cárcel de Lebu: Mapuche es trasladado al hospital de Concepción

Preocupación existe al interior de las comunidades del sector de Puerto Choque, en la provincia de Arauco, luego que se confirmara que uno de los comuneros que está enfrentando cargos por supuesta asociación ilícita y asociación ilícita terrorista fuera trasladado hasta el hospital regional de Concepción.

Por Radio Bio-Bio

Según se informó, el comunero Carlos Muñoz Huenuman habría sido trasladado al hospital debido a descompensaciones, específicamente por un cólico biliar lo que de acuerdo a precisiones médicas es algo
normal en personas que han estado sometidas al estrés.

Huenuman fue trasladado desde la cárcel de Lebu al hospital de Coronel, y de ahí, para realizarle varios exámenes fue derivado al hospital regional de Concepción, donde ya se confirmó su ingreso.

El comunero enfrenta un juicio que lleva más de 3 meses en el Tribunal de Cañete.

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"ENTREVISTA DE VIVIAN LAVIN ENVIADA ESPECIAL DE RADIO U DE CHILE"

>> domingo, 30 de enero de 2011


Vivian Lavín Almazán

Desde la cárcel de Lebu, el líder de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), conversó en exclusiva con Radio Universidad de Chile acerca del “juicio oral más largo en la región del Bío-Bío”. Sobre la totalidad del proceso pesan todas las dudas respecto de su legitimidad cuando se sigue aplicando la Ley Antiterrorista, a pesar del compromiso gubernamental y que, debido a su aplicación, la Corte Interamericana de DDHH acogió una demanda contra Chile.

Escuchar a Héctor Llaitul es tener la certeza de estar frente a un hombre que carga no sólo con sus 43 años, sino además con los cerca de 500 años de Historia que le anteceden, desde que llegaron los primeros conquistadores españoles a estas tierras.

Llaitul es identificado como el líder de la CAM y en los últimos dos años, ha permanecido más tiempo encerrado que en libertad.

Pero él se ve tranquilo. Ha permanecido, silencioso, observando de manera oblicua debajo de una amplia frente, todas las etapas de un proceso demasiado largo, demasiado tenso, con demasiadas anormalidades. Se trata del juicio en contra de 17 comuneros mapuche por una serie de hechos ocurridos en la zona que tergiversadamente los medios motejan como “conflicto mapuche”.

Aceptando una de las condiciones de los comuneros mapuche para deponer la huelga de hambre que sostuvieron por cerca de tres meses, el gobierno se comprometió a no insistir en la aplicación de la Ley Antiterrorista, un compromiso que los mismos comuneros, ya conocedores del valor de la palabra empeñada de los winkas preferían verlo en un documento escrito, pero que el mismo gobierno insistió fuera sólo de palabra.

Hoy, Héctor Llaitul y los comuneros se sienten engañados. El gobierno sólo ha cumplido con cambiarlos a una cárcel como la de Lebu, para estar más cerca de sus familias y, además, le ha dado una suerte de apoyo alimenticio bastante discreto.

Pero sólo para algunos. Las mujeres de muchos comuneros deben cada día prepararles algo de comer para llevárselos antes de que partan de regreso a la cárcel distante a una hora del Tribunal de Cañete.

Otro aspecto que el gobierno respetó fue respecto de la justicia militar y su prescindencia en las causas mapuche. Lo que quedó de manifiesto cuando en diciembre último, un juez militar  absolvió a los encausados por el mal denominado “atentado al Fiscal Elgueta” de todos los cargos, acusando incluso un “montaje”, como se ha establecido por la defensa del actual proceso. Sin embargo, “no fuimos absueltos  de manera definitiva, porque no es una sentencia ejecutoriada, ya que quien tiene que dictar esa sentencia es la Corte Marcial.  La causa quedó en la Corte de Apelaciones, donde los querellantes pueden apelar y pueden volver para atrás el proceso en cualquier momento”, advierte Llaitul.

El Ministerio Público: El monstruo de la Reforma

La desilusión por parte de los comuneros es completa, ya que si bien el gobierno se desistió de acusar por la Ley Antiterrorista, sí la está aplicando de hecho a través del Ministerio Público “El gobierno dice que no lo puede controlar porque es un órgano independiente del Estado”, dice Llaitul. Y técnicamente tiene toda la razón, sin embargo, desde el punto de vista moral, no resiste análisis. Una ley desproporcionada de origen dictatorial que se aplica sin remilgos en una de las democracias más sanas de la región, según los estándares internacionales.

Entonces, ¿por qué se insiste en ella? “El Ministerio Público es un ente persecutorio político que tiene el Estado chileno, es el Frankenstein de la Reforma Procesal Penal, ya que se trata de un monstruo sin fiscalización. Le endosan toda la responsabilidad a los fiscales. Ellos son los todopoderosos de la persecución a la etnia mapuche y  el Estado se lava las manos diciendo que no puede incidir sobre ellos. Pero nosotros decimos que no, que el Estado puede hacerlo. Lo que sucede es que aquí hay una situación mancomunada entre los representantes del Ministerio Público, los querellantes de las empresas forestales  y el gobierno, que actúan al unísono, en bloque…”. Una situación que es fácil de corroborar en las audiencias en Cañete, donde el representante del Ministerio Público, Andrés Cruz, es el que lidera las acusaciones y objeciones, más que sus pares representantes de las forestales o privados, llamándole incluso la atención a los propios testigos a vista y con toda la paciencia de los jueces.

“El clima del proceso ha llegado a un estado en que los testigos se van a sentir terriblemente atemorizados de colaborar con la justicia por la manera dura, irónica, reiterativa y engañosa en la que se les está preguntando”, imputa el abogado y ex juez Juan Guzmán.

Llaitul declara nuevamente que ellos han dado todas las posibilidades de un debido proceso y que eso lo está apreciando la prensa y los observadores. Estos últimos han cumplido un rol esencial, ya que son voces que tienen eco en el exterior.

“Acá se están cometiendo vulneraciones flagrantes en las audiencias. El debido proceso se está vulnerando de diferentes formas. Hay un elenco de garantías que no se respetan a los imputados. El tema de los testigos protegidos, no por el hecho de que sean protegidos, porque en todas las legislaciones existe, sino porque no se respetan las prácticas judiciales para que sean considerados como testigos de cargo. He observado una presunta orquestación por parte de los fiscales donde instruyen prácticamente al tribunal respecto de una prueba, lo que no corresponde”, acusa la observadora española especialista en Derechos Humanitarios, Pilar  Maciá.

La presencia de estos observadores ha sido determinante para tener una evaluación de cómo se lleva el caso a la luz de la jurisprudencia internacional, como queda demostrado en el informe que preparó para Rebelión Mireille Fanon-Mendès-France, de la Fundación Frantz Fanon y de la Asociación Internacional de Juristas Demócratas, quien describió al juicio como un “abuso de poder judicial discrecional…con muestras de flagrante parcialidad interrumpiendo los interrogatorios, deslegitimando las preguntas de la defensa, dificultando el derecho a la defensa y el trabajo de los abogados. El juez y los fiscales cometieron intencionadamente el delito de soborno de un testigo ya que obtuvieron declaraciones falsas (testigo 25 y 26) utilizando ofertas (testigo 26). Este acto supone, ni más ni menos, corrupción…y tanto el juez como los fiscales cometieron el delito de prevaricación al faltar, por mala fe, a los deberes de su empleo”.

El rol de los medios de comunicación es prácticamente para un juicio aparte, cuando su desatención respecto de este emblemático caso ha sido permanente. De la misma manera como cuando se inició la huelga de hambre de la que sólo se preocupó alguna prensa al cabo de un mes de iniciada, hoy, se está dejando de informar de manera abierta respecto de las condiciones de un juicio que lleva a escándalo.

¿Por qué no han detonado otra huelga? La pregunta le surge de manera espontánea al mismo Llaitul y responde diciendo que es “porque el discurso del gobierno hacia el mundo dice que no han aplicado la Ley Antiterrorista, y que no pueden ir a una huelga silenciados. No es llegar y hacer una huelga.  No es juego y si lo hacen la haremos de verdad, hasta las últimas consecuencias”. Y advierte con toda claridad: “Si nos aplican la ley antiterrorista en la condena nosotros nos vamos a la huelga de inmediato, esa es nuestra postura. Porque al gobierno se lo dijimos: queremos la recalificación de los hechos, que no seamos procesados por delitos terroristas sino que comunes.  Se excusó el gobierno, al principio, y nos dijo que diéramos lugar a la prueba donde sin embargo, hubo testigos sin rostro”. Ahora, que es el momento de la defensa y Llaitul dice que resistirán igualmente, pero lo que no van a tolerar es una condena bajo el imperio de la Ley Antiterrorista, porque eso no es a lo que se comprometieron. Las exigencias serían la nulidad del juicio y solicitar  un tribunal competente, independiente, derogación definitiva de la funesta legislación en causas mapuche, fin a los doble procesamientos y la libertad de todos los Presos Políticos Mapuche en todo Chile.

Ni en peores tiempos de la dictadura

No es raro ni nada antojadizo, entonces escuchar una y otra vez, que sobre el juicio oral más extenso en la historia de la Reforma Procesal Penal de la Región del Bío- Bío, se ciernen demasiadas dudas sobre su legimitidad.

“Las limitaciones de las garantías procesales debido a la Ley Antiterrorista nos ha retornado a épocas oscuras de Chile que todos hemos querido olvidar y también a una investigación dirigida a castigar a un grupo importante de comuneros que pertenecen a una nación distinta y que se les ha aplicado esta ley de forma discriminatoria. No hay que olvidar que en Chile no se aplicado esta ley a ningún otro ciudadano que no sea mapuche a partir del gobierno de Ricardo Lagos, siendo una política del Estado chileno destinada a castigar a un pueblo por la recuperación de sus costumbres y de la propiedad de la tierra. El Estado chileno no es neutral ni imparcial sino que privilegia la acción de las forestales que serían las entidades perjudicadas por estas recuperaciones de tierras. El Estado a través de sus medios compulsivos, como los tribunales y la policía, discrimina y sanciona al pueblo mapuche con la aplicación de esta ley”, acusa Manuel Adolfo Montiel, abogado defensor y también profesor de derecho penal.

“Este proceso, en general, se ha desarrollado lleno de infracciones al debido proceso. Para la defensa ha sido prácticamente imposible, en algunos casos, ejercer la garantía constitucional. Por lo tanto, no será un juicio fácil de olvidar toda vez que está muy alejado de lo que debe ser un verdadero proceso donde ambas partes tengan la posibilidad de ejercer su rol”, comparte el abogado designado por la Defensoría de la Octava Región Pelayo Vial.

El juicio que se desarrolla en Cañete es demasiado emblemático cuando la fiscalía ha solicitado una pena de 103 años, en el caso de Héctor Llaitul. “Acá no se están persiguiendo delitos aislados,  sino que a una expresión política”, dice Llaitul, y remata: “Yo soy el objetivo de este juicio”.

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Jurista Mireille Fanon acusa: “Juez de Cañete incurre en prevaricación y abuso de poder”

Sobre el tribunal que enjuicia por ley antiterrorista a 17 comuneros mapuche ligados a recuperaciones de tierras en la zona del lago Lleu Lleu, se fijan no sólo los ojos de mapuche y partidarios chilenos de su causa, sino también los de la solidaridad global

Por Lucía Sepúlveda
Fuente: periodismosanador.blogspot.com

Jorge Díaz se llama el juez que preside el tribunal oral de tres miembros que enjuicia en Cañete (a unos 637 km al sur de Santiago), a estos luchadores sociales. Andrés Cruz encabeza allí a los fiscales del ministerio público. El magistrado Carlos Muñoz redactará la sentencia y la jueza Paola Schisiano integra también el tribunal que está llevando adelante el juicio oral más largo de nuestra historia. Se cree concluye en estos días el proceso iniciado el 8 de noviembre de 2010. Es posible que la sentencia salga en febrero, mes que en Chile parece sinónimo de inactividad política y social. Pero la decisión de los jueces no sólo tendrá repercusión local y nacional.

Mireille Fanon-Mendès-France, miembro de la Fundación Frantz Fanon, de la Asociación Internacional de Juristas Demócratas, y observadora internacional designada por el Colectivo de Apoyo al Pueblo Mapuche en Francia (www.collectif.mapuche.over-blog.com) y por France Libertés-Fundación Danièle Mitterrand (www.france-libertes.org) asistió a la primera fase de este juicio. En un informe publicado en Rebelión sostuvo que el juez ha incurrido en “abuso de poder judicial discrecional... con muestras de flagrante parcialidad interrumpiendo los interrogatorios, deslegitimando las preguntas de la defensa, dificultando el derecho a la defensa y el trabajo de los abogados. El juez y los fiscales cometieron intencionadamente el delito de soborno de un testigo ya que obtuvieron declaraciones falsas (testigo 25 y 26) utilizando ofertas (testigo 26). Este acto supone, ni más ni menos, corrupción... y tanto el juez como los fiscales cometieron el delito de prevaricación al faltar, por mala fe, a los deberes de su empleo”. Mireille Fanon es Jurista de Derecho Internacional Público, especialista del conflicto de Medio Oriente, y militante de la causa palestina. También es miembro de la Asociación Memoria-Verdad-Justicia sobre los asesinatos políticos en Francia y contra la Impunidad. La profesional es hija de Frantz Fanon, renombrado luchador y pensador, autor de “Los condenados de la tierra”.

Territorio en disputa

Hace casi una década, el Estado chileno comenzó a utilizar la ley antiterrorista para hacer frente a las reivindicaciones del pueblo mapuche. La enorme inversión de tiempo y recursos que realiza el Estado en este juicio se enmarca en un intento de escarmiento a luchas que se desarrollan en una zona estratégica para el modelo económico vigente, por la inversión de empresas forestales, mineras y turísticas. Esa inversión se ha realizado arrasando el territorio ancestral mapuche y generando grave daño ambiental, expresado en escasez de agua, pérdida de biodiversidad y contaminación de suelos y afectación de la salud de las familias de los comuneros, entre otros problemas, lo que ha gatillado la reacción de las comunidades afectadas y sus organizaciones.

Los 17 comuneros encausados son luchadores sociales del pueblo mapuche que reivindican su territorio ancestral y han permanecido en “prisión preventiva” por un año y ocho meses. Cinco de estos presos fueron procesados por la justicia civil y militar al mismo tiempo por un mismo hecho ocurrido en octubre del año 2009, cuando el fiscal Elgueta y una brutal comitiva policial allanaron la comunidad de Choque en el lago Lleu Lleu.
Héctor Llaitul, enfrenta posibles penas de 103 años por la justicia civil y 25 por la militar. Ramón Llanquileo podría ser condenado a 65 años por el tribunal civil y a 11 años por la militar. Para José Huenuche, Luis Menares y Jonathan Huillical, la fiscalía civil y militar pide 52 y 11 años de condena respectivamente.

Absolución y desinformación

Sin embargo, paralelo a este juicio, el tercer Tribunal Militar de Valdivia absolvió de esos cargos de maltrato de obra a carabineros de servicio y daños a vehículos policiales a los 5 procesados aquí citados. La justicia militar concluyó que la utilización de testigos protegidos y las insuficientes pruebas aportadas en el supuesto “ataque a la comitiva del fiscal Mario Elgueta en Tirúa”, no permiten condenar a estos presos políticos mapuche.

La mayoría de la opinión pública chilena, informada sólo por los medios tradicionales sólo se enteró de la existencia de estos comuneros cuando cumplían 81 días de huelga de hambre junto a otros presos políticos mapuche, rompiendo con la fuerza de su movimiento la censura mediática. Pero lo normal es que estos presos sean invisibles; las cárceles están muy lejos de Santiago. El gobierno de Sebastián Piñera retiró las querellas por ley antiterrorista como parte de los acuerdos refrendados con la presencia del actual arzobispo de Santiago, monseñor Ezzatti, que actuó como mediador. Sin embargo la prensa no se ha mostrado sorprendida porque el juicio se haya llevado adelante sin recalificación de delitos.

El Ministerio Público hizo oídos sordos a ello y los 3 fiscales inquisidores -acompañados por el abogado de una de las forestales querellantes- continuaron empeñados en lograr las lapidarias condenas solicitadas, sin parangón en democracia.

Como se persistió en la aplicación de la ley antiterrorista, los 36 testigos sin rostro no han podido ser contrainterrogados por la defensa, y en cambio los testigos de la defensa (que comenzaron a declarar en la última semana de enero) son acosados por tres fiscales y el juez, e incluso el primero fue fotografiado e intimidado antes de entrar al recinto.

Los observadores

Un conjunto de observadores internacionales asiste a distintas fases del prolongado juicio. Al inicio estuvieron Marcia Esparza (Nueva York) y Genevieve de Beauffort (Bélgica), junto a Ernesto Moreau, Santiago Cavieres y Graciela Alvarez, de la Asociación Interamericana de Juristas; Roberto Garretón por el Instituto de DDHH de Chile, Pilar Macías abogada penalista del Ministerio de Relaciones Exteriores de España, Claudio Venturelli (Ginebra, Comisión Etica Contra la Tortura); Néstor Vega y Mikaël Burbat (Francia).

En la fase de cierre se incorporaron representantes del Centro de Políticas Públicas para el Socialismo (CEPPAS) y la Asociación de Abogados/as de Derecho Indígena (AADI). En esta nota relevaremos el informe de Mireille Fanon quien luego de asistir al inicio del juicio y presenciar las declaraciones de los testigos protegidos, hizo un reporte de la situación que circula en estos momentos en Europa y medios progresistas de todo el mundo. Ella no duda en calificar la primera comparecencia de un testigo como una “parodia de justicia y una auténtica mascarada”.

Surrealismo de los testigos

Respecto del testigo sin rostro individualizado como 23, Mireille Fanon afirma que las pruebas que aporta son tan vagas que podrían concernir a cualquier acusado. “El juez, consciente de su imprecisión, acude en su ayuda, sustituido por el fiscal que dicta sus respuestas al testigo interrogándolo de tal manera que solo tiene que aprender la parte de la pregunta que comprende la respuesta esperada por la acusación”, afirma Fanon. Agrega que durante el contra interrogatorio la defensa se interesa por la declaración que debería estar firmada por el testigo. “Sigue un intercambio surrealista en el que el juez acaba por precisar que, por desgracia, ¡la declaración simplemente se ha debido de borrar! El testigo acaba por reconocer que no sabe leer ni escribir.” Denuncia que la parte acusadora deslegitima todas las preguntas de los abogados defensores con el pretexto de que podría permitir la identificación del testigo y pondría en peligro su vida.

Sobre los dichos del testigo 25, relata que el testigo confiesa que no ha reconocido a nadie (tiene un problema de vista y de oído) aunque durante su declaración previa había dicho lo contrario. Confiesa que tiene problemas para aclararse las ideas cuando bebe, y había bebido cuando tuvieron lugar los hechos y concluye el testigo diciendo que nunca leyó ni vio su declaración fechada un año atrás y firmada con una cruz. Sobre el testigo 26, que participó en los mismos actos por los que son juzgados los acusados, la defensa sostiene que su declaración le permitió estar libre, pero el testigo ahora confiesa no conocer a las personas que inculpó anteriormente.

Prevaricación del juez

Los hechos resumidos hacen concluir a la jurista francesa que se configuran tres momentos de “denegación de derecho y del imperio de la ley que incumben a todas las personas que obran por la justicia. Se trata de una obstrucción flagrante al derecho a la defensa organizada por el fiscal. Al actuar así el juez no respetó el derecho a la defensa y, por consiguiente, a un juicio justo y equitativo”.

Ella considera que la prevaricación del juez se debe a que el objetivo esencial es amordazar a la defensa y definitivamente hacer pasar a los militantes mapuche por terroristas a los que se debe aplicar una ley excepcional, y recuerda que estos métodos de soborno de testigos y de prevaricación se han utilizado en muchos procesos políticos tanto en Estados Unidos (proceso de Mumia Abu Jamal) como por el Estado de Israel.

Concluye Fanon su informe afirmando que “en definitiva, esta lucha contra el terrorismo… tiene el objetivo de obstruir, de limitar, de impedir, incluso de eliminar el ejercicio de derechos fundamentales y más precisamente de criminalizar todo tipo de actividad, incluidas las que tiene por base la motivación política. Con esta lucha contra el llamado terrorismo, el derecho nacional o internacional aparece claramente con la función no de cambiar los regímenes jurídicos o de mejorarlos, sino de utilizarlos, cada vez más, como un instrumento de represión político-ideológica y de puesta en tela de juicio de los derechos políticos y civiles. Es ante esto que se encuentran los mapuche que llevan a cabo una lucha ejemplar para recuperar sus tierras de las que han sido expoliados”.

Impunidad de los fiscales

Por su parte, los familiares de los presos enjuiciados solicitaron en declaración pública dada a conocer el 19 de enero “la renuncia inmediata de los Fiscales del Ministerio Público por la coerción que han ejercido en contra de los testigos, durante el desarrollo del Juicio Oral (como consta en los audios), y la exposición de grabaciones de la vida privada de familiares de los presos políticos mapuche, incluyendo a menores de edad. Asimismo exigieron supervisar la actuación de estos fiscales, y en especial la vinculación del Fiscal Andrés Cruz con un hecho de tortura a un “testigo secreto” menor de edad.

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Comunicado de solidaridad con los Presos Políticos Mapuche

Nos solidarizamos con la situación de permanente vulneración de derechos del pueblo mapuche, debido a la criminalización por parte del Estado chileno de sus legítimas reivindicaciones territoriales, a través de la aplicación de legislaciones de excepción como la ley antiterrorista.

Repudiamos el juicio que actualmente se desarrolla en la ciudad de Cañete, sur de Chile, desde el 8 de noviembre, en contra de 17 luchadores mapuche acusados por ley antiterrorista. Este juicio ha contado con innumerables irregularidades como la existencia de 36 testigos sin rostro, pedidos de condena a más de 100 años, en algunos casos, asimismo el doble procesamiento que deben enfrentar los dirigentes: Llaitul, LLanquileo, Huenuche, Menares y Huillical, quienes por un mismo hecho han sido procesados por la Justicia Civil y Militar.
Denunciamos que Chile es el País que tiene la mayor cantidad de presos políticos, miembros de un pueblo originario, lo que da cuenta del nivel de discriminación y racismo que aún prevalece en ese país, quien ha hecho caso omiso a los compromisos y recomendaciones internacionales durante todos estos años.

Pedimos justicia para Matías Catrileo, Xenón Díaz Necul, Alex Lemun, y para todos los Mapuches asesinados por llevar adelante una lucha justa y digna.

- !BASTA! DE REPRESION Y MILITARIZACION DEL WALLMAPU!!
- NO A LA APLICACIÓN DE LA LEY ANTITERRORISTA.
- FIN AL DOBLE PROCESAMIENTO DE LA JUSTICIA CIVIL Y MILITAR
- DESMILITARIZACIÓN DE LAS COMUNIDADES MAPUCHE EN CONFLICTO
- LIBERTAD A TODOS LOS PRESOS POLITICOS

Firman:

DOCA (Asociación de documentalistas)
Antena Negra TV
Red Nacional de Medios Alternativos
Cine Libre Parque Abierto
Red Eco Alternativo
OTRAS VOCES...OTRAS PROPUESTAS. RADIO GRAFICA 89,3
Pañuelos en Rebeldía
Cine Insurgente
Colectivo La Fogata
Oscar Castelnovo- Periodista Agencia Rodolfo Walsh-
Cátedra Abierta de Estudios Americanistas de la UBA
FAP-Frente de Artistas Populares
Rosana Trad Agencia (Rodolfo Walsh)
CIFMSL (Centro de Investigación y Formación de los Movimientos
Sociales Latinoamericanos)

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JUANA FE EN CAÑETE SALUDA LA LUCHA DEL PUEBLO MAPUCHE Y PIDE LIBERTAD A LOS PRESOS POLITICOS MAPUCHE

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RECUPERAR NUESTRAS TIERRAS NO ES DELINCUENCIA RESISTENCIA Y AUTODEFENSA NO ES TERRORISMO

"En tanto, que para los presos políticos mapuche, imputados en este Juicio, se trata de un proceso de recuperación de tierras y reivindicaciones históricas del Pueblo Nación Mapuche, en el cual se desarrollaron ejercicios básicos y necesarios de auto defensa en el marco de la resistencia de las comunidades mapuche, en resguardo de sus derechos fundamentales"
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