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MAPUCHES ENTRE WIKILEAKS Y MILITARES

>> jueves, 30 de diciembre de 2010


Columna de la Defensora Nacional, Paula Vial Reynal, publicada el 30 de diciembre en The Clinic.

Wikileaks ha llenado páginas y páginas de todos los diarios del mundo. Los 5 privilegiados que los recibieron o quienes se hicieron eco de esa información, dieron cuenta de parte de los más de 250 mil cables del Departamento de Estado de los Estados Unidos con revelaciones de las comunicaciones en política exterior del gigante del norte en sus relaciones con muchos países de todo el orbe.

En el caso de Chile una de las revelaciones más impactantes dijo relación con la sobredimensión que se le habría dado al conflicto mapuche en la Araucanía. Organizaciones rudimentarias que han sido caracterizadas como terroristas sin dar la talla para ello, que reivindican sus ancestrales pretensiones y costumbres por medio de la protesta popular, han llenado titulares incendiarios que dan cuenta de un conflicto aparentemente magnificado.


Desafortunadamente salvo algún pataleo de principios de los propios medios que serían responsabilizados de la exageración, no ha habido un desarrollo profundo de la información que nos permita saber quién ha dado con el tono justo en la noticia. ¿Hay razones para darle una connotación extremista al conflicto y la intervención de sus líderes? ¿Existen antecedentes objetivos para hablar de terrorismo en las manifestaciones y eventuales delitos que se producen?

Existen además otras situaciones que no han sido tratadas con igual preocupación. Como las denuncias efectuadas por comuneros mapuches y respaldadas por observadores internacionales de las que no tenemos mayores noticias, ni de su ocurrencia ni de sus resultados, que dicen relación con los permanentes allanamientos a los que serían sometidas algunas comunidades en los que se afectaría incluso a niños como lo ha señalado Unicef, existencia de detenciones masivas, apremios y abusos.
Pero hay otros elementos coincidentes que han aparecido en estos días y que complementarían y contextualizarían esta información.

Hace unas semanas se dio a conocer la sentencia de la justicia militar, que absolvió a 5 mapuches acusados de atacar al fiscal Mario Elgueta, en la región de La Araucanía. Entre los absueltos se encuentra Héctor Llaitul, ex-dirigente de la CAM e imputado como autor intelectual del atentado.

La propia justicia militar, conociendo de causas con civiles involucrados, acusada permanentemente de su falta de transparencia, de equilibrios entre los intervinientes y de garantías para estos, ha resuelto conociendo a fondo del supuesto ataque, que los acusados son inocentes.

A pesar de que ambos procesos cuentan con evidencia similar, una gran diferencia es que en la justicia ordinaria y por el carácter de delito terrorista del que se ha revestido a la acusación en el caso del Ministerio Público, existe la posibilidad de contar con testigos sin rostro. Este es el factor diferenciador en todos los sentidos. 

Un elemento de convicción tan controvertido como el de los testigos sin rostro, cuestionado por todos los organismos de derechos humanos del mundo, que obliga a actuar a ciegas a la defensa sin saber si la evidencia proviene del enemigo más acérrimo o si hay intereses pecuniarios involucrados en su testimonio o si se trata de un mandatado de la víctima, es la clave del sustento de la acusación en sede penal ordinaria. Mentir no tiene consecuencias para ellos pues es imposible acreditarlas sin saber quiénes.

Si la pretensión es hacer justicia con reglas que hagan honor al debido proceso sin entregar herramientas que permitan desequilibrios incondicionados e inequidades se alejarán de aquello.

Si la pretensión es privilegiar razones de búsqueda de la seguridad a toda costa, hacer la diferencia con reglas que parecen más cercanas a la máxima de que el fin justifica los medios estaremos en el camino correcto. La persecución del terrorismo, legítima y necesaria, no puede ser sinónimo de ausencia de reglas justas y control de las facultades más amplias para su logro.

La huelga de hambre de 34 imputados por causas mapuches que duró más de 80 días, visibilizó pinceladas del conflicto y sus reivindicaciones, así como mostró, en muchos casos con una “particular” perspectiva, detalles de las investigaciones penales que se seguían en contra de sus líderes. Una de ellas es justamente la que se ha decantado por la absolución de sus perseguidos.

Y la paradoja mayor se produciría si la justicia llamada “garantista” condenara y la justicia militar absolviera, como lo ha hecho, por los mismos actos. Sería justo en ese caso preguntarse a qué se debe esta contradicción. ¿A la presión de los medios que según wikileaks y la diplomacia norteamericana magnifican el conflicto, creando un ambiente propicio para una condena? ¿O a las ventajas de que provee una evidencia incontrastable materialmente como la de los testigos sin rostro?. ¿O a un criterio más blando en la justicia militar?. O a

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Más antecedentes de un largo montaje.

>> miércoles, 29 de diciembre de 2010

La revista Punto Final publicó el jueves 16 un reportaje donde aparece parte de la declaración jurada del “testigo protegido” Rodrigo Viluñir Calbul, realizada el 19 de febrero de 2010 ante el notario de la ciudad de Cañete, Marcel Mathieu. En la publicación denuncia que firmó su testimonio sin leerlo y luego de que lo colgaron de las manos en el puente Lanalhue y le pusieron una escopeta en la cabeza. En esa declaración forzada, Viluñir acusa a tres comuneros, entre ellos Eduardo Painemil, de haber realizado incendios y otros delitos. Painemil es uno de los tres mapuches que se encuentran en huelga de hambre en la cárcel de Lebu. El Ministerio Público pidió que se le condenara a 20 años de prisión por los delitos de “incendio terrorista y asociación ilícita terrorista”.
 
Los hechos de tortura en que un menor fue colgado de un puente para obligarlo a atestiguar, fueron denunciados ante la Corte de Apelaciones de Concepción por los abogados de la defensa mapuche en el alegato de apoyo a la exclusión de 36 testigos protegidos. Punto Final  tuvo acceso a la declaración jurada del testigo protegido, menor Rodrigo Viluñir Calbul, realizada el 19 de febrero de 2010 ante Marcel Mathieu Pommiez, notario conservador de Cañete. El relata que tras haber sido colgando del puente Lanalhue y amenazado de muerte, firmó sin leer una declaración redactada por la policía. Rodrigo tenía 17 años a esa fecha, por lo que su padre –que falleció posteriormente- lo acompañó cuando fue detenido y llevado a firmar.
 
El y su hermano José Viluñir Cabul figuran como testigos protegidos en el proceso contra Eduardo César Painemil Peña (27 años) del sector Huentelolén, Cañete. Painemil es uno de los 3 mapuche en huelga de
hambre en la cárcel de Lebu, acusado de 3 incendios “terroristas” y de asociación ilícita “terrorista”. El fiscal pide para él más de 20 años de prisión. Viluñir implicó también a los comuneros Marco Millanao, en huelga de hambre en Temuco (70 años de prisión); y a Juan Carlos Millanao y Simón Millas. En la declaración jurada, Rodrigo Viluñir señala que los hechos ocurrieron el mediodía del corte de ruta del camino Cañete-Tirúa, en mayo de 2009. Lo detuvieron y lo subieron en una camioneta roja, y a su padre en una blanca. En el puente Lanalhue, lo bajaron dos policías “y me colgaron de los brazos desde el puente, me apuntaron con una escopeta y me decían “dime la verdad o te vamos a matar conchetumadre. Después de un rato que me tenían colgado desde el puente, yo me puse a llorar y me subieron. De nuevo me apuntaron con la escopeta y me dijeron que dijera la verdad de lo que yo sabía y yo les dije que no sabía nada.”
 
Fue llevado posteriormente a la comisaría de Cañete donde dio su nombre, y otra persona también lo amenazó. Agrega: “yo les contesté que no sabía nada y me dijeron ‘invéntate una huevá conchetumadre”. También le preguntaban si tenían armas. Alrededor de las 9 de la noche le pusieron una hoja que firmó sin leer. Luego se reunió con su padre y tomaron la última micro a Tirúa. Declara que vio al fiscal (Andrés Cruz) dos veces, la primera vez cuando “ratifiqué la primera declaración sin leerla y la segunda, hace un mes atrás en Talcahuano.” El fiscal le dijo que tenía que firmar porque si no lo hacía, se iba a ir preso y otros iban a salir libres.
 
La declaración jurada concluye: “Cuento esto a la directiva de mi comunidad Caupolicán porque quiero que se sepa la verdad de lo que pasa y porque confío en ellos para hacer las cosas bien. En esta ocasión mi papá don Jose Viluñir Millapi no me acompaña debido a que se encuentra internado en el hospital de Cañete en delicado estado de salud. Junto con mi hermano José nos acercamos a la directiva de la comunidad de manera voluntaria.” Firman la declaración Patricio Cona Millanao presidente de la comunidad Caupolicán; David Claudio Santi, secretario; José Sebastián Santi Cona, Tesorero; y Agustin Santi Millapi, consejero.
 
La directiva de la Comunidad Caupolicán, también avaló una declaración similar de José Abraham Viluñir Calbul, run 18.671.469-5 en Cañete, en la misma notaría, el 19 de febrero de 2010. Relata que dos camionetas llegaron a su casa después de la detención de su hermano para que fuera a declarar a Cañete. “Me decían que Rodrigo ya había contado todo, estaba en la pieza de al lado y que tenía que hablar o si no me ba veinte años presos y los cabros iban a salir libres. Yo contesté ue no tenía idea de nada. Firme un papel, pedí leerlo y no me dearon. Al fiscal lo vi cuando viajamos a Talcahuano hace un mes proximadamente, con mi hermano y papá. En ese momento firme una ratificación y tampoco leí lo que decía.”
 
Concluye la declaración jurada afirmando “quiero que me ayuden a salir de esto y que se sepa la verdad.”
 
 

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Entrevista a Héctor Llaitul: "Quieren acabarnos como pueblo mapuche"

>> martes, 28 de diciembre de 2010

Queremos compartir un texto publicado originalmente en la edición 1769 de la revista Proceso, que consideramos que contextualiza la lucha por territorio y autonomía del pueblo nación Mapuche. El texto fue redactado con comentarios de Héctor Llaitul y apreciaciones del  autor de este reportaje Francisco Marín, durante la huelga de hambre de los PPM.   

Cárcel El Manzano / Concepción / Por Francisco Marín /

Ante la presión internacional y las movilizaciones ciudadanas a favor del pueblo mapuche –que lucha por recuperar su territorio—, el gobierno de Sebastián Piñera envió al Congreso una iniciativa para reformar la ley antiterrorista utilizada para reprimir a esta etnia. Y dos meses después de que 35 indígenas mapuches iniciaron una huelga de hambre en cárceles del país, el presidente chileno anunció la instalación de una mesa de diálogo con sus comunidades. Pero la reforma legal no elimina artículos utilizados para enjuiciar a los mapuches y en la mesa de diálogo les ofrece bienes materiales, cuando ellos piden respeto a su territorio, a su cultura e identidad.

CONCEPCIÓN, CHILE.- “La huelga de hambre ha mostrado a Chile y al mundo lo justo de la lucha mapuche. Ha significado un gran triunfo moral. Sin embargo, el logro de ganancias concretas para nuestro pueblo dependerá de cómo canalicemos estos logros morales”.
Esto lo afirma en entrevista con Proceso Héctor Llaitul, uno de los 35 mapuches que mantienen una huelga de hambre desde el pasado 12 de julio.

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Con "testigos secretos" y absolución por parte de fiscalía militar continúa juicio oral en Cañete

>> domingo, 26 de diciembre de 2010

Con la declaración de uno de los 36 testigos secretos del Ministerio Público y la reciente absolución por parte de la Justicia Militar que la semana pasada absolvió a 5 comuneros mapuche, continua en la ciudad de Cañete el juicio oral contra 17 comuneros acusados de atacar contra el fiscal Elgueta, incendio de cabañas de veraneo y robo de maderas en el lago Lleu Lleu, entre otros delitos.

POR JOSÉ LUÍS VARGAS 
Fuentes: http://www.azkintuwe.org/dic_2490.htm

Un duro golpe recibió el Ministerio Público en su esfuerzo por condenar a 17 comuneros mapuches, acusados de "terrorismo" en Cañete. La semana pasada el tercer Tribunal Militar de Valdivia dictaminó absolver de los cargos de maltrato de obra a carabineros de servicio y daños a vehículos policiales a los 5 de los procesados: Ramón Llanquileo, José Huenuche, Luis Menares, Jonathan y Héctor Llaitul, todos investigados por cargos relacionados en la justicia civil.


La Justicia militar que investiga los hechos ocurridos en octubre del año pasado, cuando el fiscal Elgueta fue “atacado” -según la versión del Ministerio Público- al momento de ingresar a la comunidad de Choque en el lago Lleu Lleu, confirmó que las declaraciones de los acusados no constituyen un reconocimiento de participación en los hechos, al mismo tiempo que los medios de prueba no reúnen las fuerza probatoria para culpar a los comuneros. 


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RECUPERAR NUESTRAS TIERRAS NO ES DELINCUENCIA RESISTENCIA Y AUTODEFENSA NO ES TERRORISMO

"En tanto, que para los presos políticos mapuche, imputados en este Juicio, se trata de un proceso de recuperación de tierras y reivindicaciones históricas del Pueblo Nación Mapuche, en el cual se desarrollaron ejercicios básicos y necesarios de auto defensa en el marco de la resistencia de las comunidades mapuche, en resguardo de sus derechos fundamentales"

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