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MAPUCHES ENTRE WIKILEAKS Y MILITARES

>> jueves, 30 de diciembre de 2010


Columna de la Defensora Nacional, Paula Vial Reynal, publicada el 30 de diciembre en The Clinic.

Wikileaks ha llenado páginas y páginas de todos los diarios del mundo. Los 5 privilegiados que los recibieron o quienes se hicieron eco de esa información, dieron cuenta de parte de los más de 250 mil cables del Departamento de Estado de los Estados Unidos con revelaciones de las comunicaciones en política exterior del gigante del norte en sus relaciones con muchos países de todo el orbe.

En el caso de Chile una de las revelaciones más impactantes dijo relación con la sobredimensión que se le habría dado al conflicto mapuche en la Araucanía. Organizaciones rudimentarias que han sido caracterizadas como terroristas sin dar la talla para ello, que reivindican sus ancestrales pretensiones y costumbres por medio de la protesta popular, han llenado titulares incendiarios que dan cuenta de un conflicto aparentemente magnificado.


Desafortunadamente salvo algún pataleo de principios de los propios medios que serían responsabilizados de la exageración, no ha habido un desarrollo profundo de la información que nos permita saber quién ha dado con el tono justo en la noticia. ¿Hay razones para darle una connotación extremista al conflicto y la intervención de sus líderes? ¿Existen antecedentes objetivos para hablar de terrorismo en las manifestaciones y eventuales delitos que se producen?

Existen además otras situaciones que no han sido tratadas con igual preocupación. Como las denuncias efectuadas por comuneros mapuches y respaldadas por observadores internacionales de las que no tenemos mayores noticias, ni de su ocurrencia ni de sus resultados, que dicen relación con los permanentes allanamientos a los que serían sometidas algunas comunidades en los que se afectaría incluso a niños como lo ha señalado Unicef, existencia de detenciones masivas, apremios y abusos.
Pero hay otros elementos coincidentes que han aparecido en estos días y que complementarían y contextualizarían esta información.

Hace unas semanas se dio a conocer la sentencia de la justicia militar, que absolvió a 5 mapuches acusados de atacar al fiscal Mario Elgueta, en la región de La Araucanía. Entre los absueltos se encuentra Héctor Llaitul, ex-dirigente de la CAM e imputado como autor intelectual del atentado.

La propia justicia militar, conociendo de causas con civiles involucrados, acusada permanentemente de su falta de transparencia, de equilibrios entre los intervinientes y de garantías para estos, ha resuelto conociendo a fondo del supuesto ataque, que los acusados son inocentes.

A pesar de que ambos procesos cuentan con evidencia similar, una gran diferencia es que en la justicia ordinaria y por el carácter de delito terrorista del que se ha revestido a la acusación en el caso del Ministerio Público, existe la posibilidad de contar con testigos sin rostro. Este es el factor diferenciador en todos los sentidos. 

Un elemento de convicción tan controvertido como el de los testigos sin rostro, cuestionado por todos los organismos de derechos humanos del mundo, que obliga a actuar a ciegas a la defensa sin saber si la evidencia proviene del enemigo más acérrimo o si hay intereses pecuniarios involucrados en su testimonio o si se trata de un mandatado de la víctima, es la clave del sustento de la acusación en sede penal ordinaria. Mentir no tiene consecuencias para ellos pues es imposible acreditarlas sin saber quiénes.

Si la pretensión es hacer justicia con reglas que hagan honor al debido proceso sin entregar herramientas que permitan desequilibrios incondicionados e inequidades se alejarán de aquello.

Si la pretensión es privilegiar razones de búsqueda de la seguridad a toda costa, hacer la diferencia con reglas que parecen más cercanas a la máxima de que el fin justifica los medios estaremos en el camino correcto. La persecución del terrorismo, legítima y necesaria, no puede ser sinónimo de ausencia de reglas justas y control de las facultades más amplias para su logro.

La huelga de hambre de 34 imputados por causas mapuches que duró más de 80 días, visibilizó pinceladas del conflicto y sus reivindicaciones, así como mostró, en muchos casos con una “particular” perspectiva, detalles de las investigaciones penales que se seguían en contra de sus líderes. Una de ellas es justamente la que se ha decantado por la absolución de sus perseguidos.

Y la paradoja mayor se produciría si la justicia llamada “garantista” condenara y la justicia militar absolviera, como lo ha hecho, por los mismos actos. Sería justo en ese caso preguntarse a qué se debe esta contradicción. ¿A la presión de los medios que según wikileaks y la diplomacia norteamericana magnifican el conflicto, creando un ambiente propicio para una condena? ¿O a las ventajas de que provee una evidencia incontrastable materialmente como la de los testigos sin rostro?. ¿O a un criterio más blando en la justicia militar?. O a

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RECUPERAR NUESTRAS TIERRAS NO ES DELINCUENCIA RESISTENCIA Y AUTODEFENSA NO ES TERRORISMO

"En tanto, que para los presos políticos mapuche, imputados en este Juicio, se trata de un proceso de recuperación de tierras y reivindicaciones históricas del Pueblo Nación Mapuche, en el cual se desarrollaron ejercicios básicos y necesarios de auto defensa en el marco de la resistencia de las comunidades mapuche, en resguardo de sus derechos fundamentales"
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