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JUICIOS EN CHILE: EL DERECHO PENAL DEL ENEMIGO EN CONTRA DEL PUEBLO MAPUCHE.

>> jueves, 25 de noviembre de 2010


Dra. Myrna Villegas Díaz*






Enemigo: Ciudadano que por su posición, forma de vida, raza, religión o pertenencia a una organización, ha abandonado el derecho...

Enemigo. Es una NO PERSONA, que al no aceptar el Orden Social constituido se margina del Pacto Social. Por lo tanto, el ESTADO NO TIENE OBLIGACION DE RESPETAR SUS DERECHOS... (hasta la tortura se puede transformar en legitima)...

Les dejamos, para el análisis y reflexión, un texto de la abogada Myrna Villegas Diaz, del Centro de Investigaciones Jurídicas:

PDF_Los delitos del terrorismo en el Anteproyecto del Código Penal


 
* Abogada, Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de Chile, 1995. Postgraduada en Criminología por la Universidad de Salamanca , España (1998). Doctora en Derecho Penal por la Universidad de Salamanca, España, 2002. Profesora de Derecho Penal.

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PROCESO POR ATAQUE A FISCAL ELGUETA Y OTROS DELITOS TERRORISTAS

Mapuches increpan a fiscales, a testigos ocultos y piden juicio justo.
                                                                                                  
El incidente se produjo luego de que el testigo secreto, cuestionado desde el inicio por los acusados y sus defensores, identificara con su nombre a uno de los mapuches como el responsable de los disparos en su contra. Los comuneros se pararon y le gritaron “mentiroso” y “da la cara”. Además, Héctor Llaitul exigió a los fiscales un juicio justo.

Helvia Avendaño

            Diez minutos llevaba declarando el testigo protegido identificado sólo con el numero 13, cuando los mapuches acusados del ataque al fiscal Mario Elgueta y de diversos delitos terroristas se pararon intempestivamente y abandonaron la sala de la audiencia del Tribunal Oral en lo Penal de Cañete.
            La señal fue clara. No estaban dispuestos a escuchar imputaciones sin conocer el rostro de quien las hacía. Además, el testigo secreto, quien se identificó como brigadista forestal de Mininco, acusó directamente a Nolberto Parra Leiva como el autor de dos hechos que lo afectaron durante 2008 y que él catalogó como emboscadas con disparos.
Al escuchar esto, Parra le grito que diera la cara e inmediatamente Héctor Llaitul se paró y dijo que exigían un juicio justo. “Déjese de mentir, queremos un juicio trasparente”, le increpó al fiscal Andrés Cruz, mientras hacia abandono de la sala. De fondo, gritos de público y de los acusados, mientras los gendarmes trataban de poner orden.
El interrogatorio continuó sin los mapuches en la sala, mientras el testigo protegido declaraba desde una sala contigua y de espalda a la cámara. En su contrainterrogatorio, el defensor Pablo Ortega, quién defiende a Héctor Llaitul, pudo revelar que se trataba de un ex carabinero, quién ejerció como funcionarios policial entre 1999 y 2002.  
“Nosotros tenemos serias sospechas de que esta persona fue alejada de la institución por situaciones reñidas con la ley… en este caso concreto tenemos la imposibilidad de presentar una querella por falso testimonio, porque ésta es una persona que se esconde”, señaló.
 No obstante, el testigo indicó que su retiro de Carabineros se debía a problemas personales y familiares. Pese a esa aclaración, Pelayo Vidal, defensor penal público de tres de los acusados, entre  ellos Nolberto Parra, insistió en los cuestionamientos. “El dijo que su retiro había sido voluntario. Sin embrago, nunca pudimos investigar si esto era así o no… Pero no podemos desacreditar al testigo por que no conocemos su nombre ni lo que ha hecho en su vida”, cuestionó.
Pelayo Vial manifestó que el reconocimiento que el testigo hizo de su defendido fue bastante precario e insuficiente, ya que sólo sindica un overol que supuestamente por Parra Leiva como única prueba. El abogado Adolfo Montiel fue más allá y le preguntó directamente si había recibido algún pago por prestar declaración, ante lo cual el testigo con reserva respondió con un tajante no.

“Testigo profesional”   

Durante la tarde declaró Gustavo Aranela, de profesión contador auditor y quien trabaja como contratista de Forestal Mininco. En su testimonio indicó que desde 1998 a 2009 fue testigo de diversos hechos de violencia en Bio Bio y La Araucarnía, calificándolo como una escalada de la violencia de la cual Llaitul y la activista Patricia Troncoso eran supuestamente “los principales líderes”.
“Los grupos que estaban muy bien organizadores eran manejados por el comandante Héctor y la Chepa. En una ocasión vi como le disparaban a un helicóptero… nosotros sufríamos ataques permanentes en el campamento de Ranquilhue, Tranaquepe, en todo Lleu Lleu; recibíamos disparos con una clara intensión de causar temor. Incluso una vez quemaron unas cabañas y vehículos y sacaron sus familias desde dentro, amenazándolas. Si eso no es terrorismo, entonces qué es”, relató el testigo.
Ortega respondió: “Es un testigo que no tiene ninguna credibilidad. Creemos que ha quedado demostrado que es un testigo profesional y que por haber ido a declarar a otros juicios, Forestal Mininco lo ha premiado entregándole la concesión de las labores de vigilancia en los predios. Entendemos que es un testigo que tiene otros motivos para declarar y, por lo tanto, no tendrá mayor valor probatorio”.
Y que en su testimonio él mismo confirmó que ha declarado en cuatro ocasiones, entre ellas, en 2002 por el caso Polanco Podenco, en La Araucanía. De hecho, la defensa recordó que en procesos anteriores, Aranela recibió una querella por falso testimonio, ya que identificó a una persona como autora de un  delito cuando estaba en la carcel.
La Fiscalía ayer no emitió comentarios respecto a la tensa jornada de juicio oral.


Huelga de hambre en suspenso.
 
            Respecto a la huelga de hambre que retomarían 12 de los 17 acusados. Ortega indicó que aún no hay una confirmación.
            “Tenemos la impresión de que ellos están evaluando esa posibilidad. Nosotros como abogados no tenemos la respuesta, toda vez que eso es resorte de las propias organizaciones mapuches”.
En tanto, los familiares ayer (antes de ayer) no se pronunciaron al respecto.
La huelga de hambre fue anunciada el lunes por monseñor Ricardo Ezzati, en su calidad de facilitados del dialogo entre los comuneros y el gobierno.       

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Presos políticos mapuche increpan a "testigo sin rostro" y demandan juicio justo

>> miércoles, 24 de noviembre de 2010

Presos políticos mapuche increpan a "testigo sin rostro" y demandan juicio justo

Doce de los 17 mapuches imputados por el supuesto ataque al Fiscal Mario Elgueta increparon hoy (ayer) a viva voz a un "testigo sin rostro" del Ministerio Público y alzaron la voz para pedir un juicio justo. Imputados abandonaron luego el tribunal ante la declaración del testigo encubierto, un trabajador forestal que apuntó a Nolberto Parra Leiva como responsable de un ataque a su camioneta.

Fuente: Azkintuwe

Doce prisioneros políticos mapuches increparon a viva voz y tildaron de mentiroso a un "testigo sin rostro" del Ministerio Público, impidiendo que continuara una nueva audiencia en el Tribunal de Cañete, 350 kilómetros al norte de Temuko, donde son enjuiciados por presuntamente "emboscar" al fiscal Mario Elgueta, ello hace dos años al interior de la Comunidad de Choque, en el municipio costero de Tirúa
Cuando comenzaba el interrogatorio al primer "testigo sin rostro" -de 36 en el listado total del Ministerio Público- 12 de los 17 mapuches imputados se pusieron de pie y alzaron la voz para pedir un juicio justo. De esta forma manifestaron su rechazo al testimonio del testigo protegido número 13, un trabajador de Forestal Mininco que apuntó al comunero Nolberto Parra Leiva como autor de un disparo a su camioneta, en un hecho ocurrido el 2 de agosto de 2008 al interior de un predio de la maderera.
"Da la cara", le respondió el imputado al testigo de la fiscalía, lo que fue seguido por otros 11 de los 17 acusados. Los restantes 5 están imputados por delitos menores por lo que están en libertad y con la autorización de no estar en las audiencias. Acto seguido el grupo procedió a abandonar la sala del tribunal cañetino rumbo a los calabozos, aunque antes Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco-Malleco y para quien se están pidiendo 103 años de cárcel, le gritó al fiscal a cargo de de la investigación, Andrés Cruz, que "deje de mentir".
Cabe señalar que la utilización de testigos encubiertos ha sido rechazada por la defensa de los mapuches, que considera improcedente que se utilice a personas que no se sabe quiénes son, considerando que declaran en una sala contigua al tribunal y de espaldas a una cámara de televisión. Los procesados, que se reivindicaron como presos políticos ante los magistrados, calificaron de "mentiras" las pruebas aportadas por la fiscalía en el juicio oral y criticaron duramente la mantención de la Ley Antiterrorista, que faculta a la fiscalía a utilizar los polémicos testigos.

Malestar mapuche

Lo acontecido en el Tribunal podría desembocar en la reanudación de la huelga de hambre, advierten fuentes cercanas a los comuneros. Ayer lunes, el propio presidente de la Conferencia Episcopal de Chile, Ricardo Ezzati, advirtió que la huelga de hambre que llevaron a cabo los presos políticos y que se prolongó por dos meses, "podría reactivarse" en cárceles del País Mapuche. "Se muy concretamente que es así, me lo han comunicado hace ya algunas semanas y he puesto en antecedentes de este tema a quien corresponde, tratando nuevamente de ser interlocutor del diálogo", señaló en una rueda de prensa el arzobispo de Concepción, quien ejerció como mediador entre el Gobierno chileno y los comuneros durante el ayuno.
Ezzati explicó que la principal razón para reanudar la huelga sería la mantención -por parte del Ministerio Público- de la formalización de cargos por delitos terroristas contra 17 de los 38 mapuches que protagonizaron el ayuno. Ezzati, que el viernes pasado fue elegido presidente de la Conferencia Episcopal, sostuvo que "todos los poderes pueden buscar los caminos para encontrar una solución a este conflicto". "Esperemos que este tema, con el uso de la razón, pueda encontrar un camino de solución", agregó el arzobispo de Concepción.

Fiscalía de Temuko

En la capital del País Mapuche, el fiscal regional de La Araucanía, Francisco Ljubetic, confirmó que el Ministerio Público chileno trabaja para conseguir que dos ex miembros de las FARC lleguen a Chile para participar como "testigos" en igual número de juicios que se harán en contra de militantes mapuches en los próximos meses. Al igual que el juicio oral en curso en estos días en Cañete, en ellos el Ministerio Público invoca la Ley Antiterrorista de Pinochet. "Nosotros vamos a usar todos los medios de pruebas que se ofrecieron en cada una de las acusaciones y dentro de ellas hay algunos testigos que se encuentran con reserva de identidad", entre los cuales se encuentran los dos colombianos que reconocen -según Ljubetic- a mapuches en formación junto a las FARC. Agregó que independiente de los trámites administrativos y a nivel de Cancillería, se debe velar por cautelar la seguridad de los testigos, ya que incluso en su propio país cuentan con medidas de protección especiales.
Ljubetic dijo que se pretende traer a "dos testigos que se encuentran acogidos a un sistema de protección estatal en Colombia y que son desmovilizados de las fuerzas revolucionarias FARC, prestaron declaración y pudieron, dentro de un número importante de fotografía que observaron al efecto, reconocer a algunos personas mapuches que estuvieron en los campamentos de las FARC de la selva colombiana, en la frontera con Ecuador". Huelga destacar que todo ello es negado por los comuneros.
Los testigos prestarían declaraciones en los atentados a la máquina de pasajeros de Tur Bus, en el bypass de Temuko, el 28 de julio de 2009; y el ataque incendiario al Fundo San Leandro, en la ciudad de Lautaro, ocurrido el 11 de enero del año pasado. El fiscal Ljubetic dijo que "esperamos que prontamente las audiencias se puedan realizar", en alusión a la prolongada huelga de hambre que protagonizaron presos políticos en cinco cárceles y a la cual se sumaron todos los imputados por Ley Antiterrorista recluidos en Temuko.

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SE REANUDAN MOVILIZACIONES POR JUICIOS JUSTOS Y LIBERTAD





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DEFENSOR PENAL PÚBLICO PELAYO VIDAL Y ANÁLISIS DEL PROCESO

El abogado que tiene la misión de cuestionar las pruebas de la Fiscalía

Insiste en que la utilización de los testigos protegidos infringe el debido proceso, ya que la defensa ni los jueces pueden determinar eventuales causales de inhabilidad en estas pruebas, que por lo tanto, “viene con defecto”, sostiene. Dice confiar en que demostrará que sus defendidos no estuvieron en el lugar de los hechos el día que ocurrió el ataque al fiscal Mario Elgueta. 

Helia Avendaño


Pelayo Vial dejó sus labores como jefe de estudios de la Defensoría Penal Pública para abocarse a la defensa de tres de los 17 comuneros que están siendo enjuiciados por diversos delitos terroristas y por el ataque al fiscal Mario Elgueta. Ilícitos por los cuales sus defendidos Víctor Llanquileo Pilquimán y Luis Menares Chanilao, arriesgan 51 años de cárcel por ocho delitos. Mientras que Nolberto Parra Leiva, 11 años, ya que a diferencia de los anteriores, sólo suma cuatros acusaciones.
            Pese al complejo escenario que enfrentan, Vial actúa por convicción y confiado en la inocencia de ellos, ideas que por momentos lo sacan de su envestidura de abogado. “Como ciudadano, no como abogado, yo pienso que aquí existe un problema muy grave respecto a este pueblo originario que debiéramos solucionar ojalá fuera de tribunales, porque este juicio va a tener un resultado A, B o C. Da los mismo, pero el tema de las comunidades, el tema de fondo que está detrás, va a seguir presente y a mí me preocupa, porque el juicio es solo una arista muy pequeña”.

            ¿Qué le ha parecido la calidad de las pruebas exhibidas hasta ahora por el Ministerio Público?                   

            “Respecto a mis defendidos, considero que no existen pruebas para la acusación de hurto de madera. Si se estima que un policía como el señor José Luis López Leiva (subprefecto de la PDI) dice que investigó y que es capaz de de determinar quién es el culpable, eso para mí no es un medio de prueba. Me tiene que decir como el determina que una persona es culpable. Me parece que no es trabajo de la policía que un oficial diga con un poder que desconozco quien se lo instruyó quién es el culpable. La policía tiene que llevar pruebas y mostrar evidencias. Yo nunca había visto un juicio donde por ejemplo, las interceptaciones telefónicas fueran acompañadas de comentarios. Quienes deben interpretar las fotos, los testimonios y las escuchas son los jueces. No necesitamos una persona que vaya a decirnos lo que él estima. Este juicio esta lleno de cosas que no son pruebas. Cómo puede ser, por ejemplo, que una entrevista de un diario sea una prueba. Yo no digo que toda la prueba sea igual, pero una entrevista no es un medio válido.


            ¿No le parece válido que uno de los acusados, Héctor Llaitul, en sus declaraciones haya legitimado, por ejemplo, el robo de madera como una recuperación?

“Ése es el peligrosísimo derecho penal de autor, es decir, perseguir a la gente por sus ideas. Este caso es igual al de la Pilar Pérez. Se presenta prueba para decir que ella es mala. El tema aquí es otro: cometió o no cometió los homicidios, cometió o no cometió los hechos que se le imputan. Hasta donde yo entiendo, yo puedo pensar lo que quiera y no se me va a juzgar por eso. Hay otros momentos históricos donde se ha juzgado por pensar distinto”.
 
¿Qué le parece la declaración del capitán de Inteligencia de Carabineros, Carlos Aqueveque, quien no pudo responder consistentemente ninguna de las preguntas que la defensa le planteó en torno a la orgánica de la Coordinadora Arauco Malleco?

“Lo que él hizo fue bajar algunas páginas web de las cuales ni siquiera sabía los dominios en internet e identificó a dos personas, en realidad a una, porque el otro era un vocero que tampoco sería parte directa de la asociación, como miembro de una organización que tiene más de 12 años. Entonces, ¿de qué estamos hablando?”.

¿Cómo evalúa las escuchas telefónicas?

“Son sacadas de contexto. No se ha probado qué días se hicieron, sólo se han señalado fechas generales, por lo tanto, la confiabilidad de esa prueba todavía es bastante discutible. Además, sólo se sitúa supuestamente a tres personas, pero no son sólo tres los procesados”.
¿Por qué sacadas de contexto?

“Porque son sólo trozos de conversación, no es toda la pista y cuando uno sólo selecciona trozos, eso puede generar una sensación que a lo mejor no es el contexto general de la conversación”.

La Fiscalía dijo que las escuchas tenían tono conspirativo

“No, yo creo que aún queda técnicamente mucho por probar”.

Por un lado, usted plantea los problemas de fondo, que son las reivindicaciones de un pueblo, pero por otro lado, está la arista legal y objetiva sobre delitos concretos, ¿cuál es la separación que hace al respecto?

“Existe el Convenio 169 que nos obliga a aplicar el derecho a los pueblos originarios en forma distinta. Ahí está la respuesta jurídica”.

A Víctor Llanquileo se le acusa de formar parte de una cuadrilla que robaba y hurtaba madera y además, se le sindica como miembro de una guardia armada para resguardar la comisión de los delitos. Igual a Luis Menares. En tanto a Nolberto Parra se le sindica como uno de los comercializadores de la madera. ¿Cómo desacreditarán estas acusaciones?       

“Víctor Llanquileo, quien tenía una orden de detención, en noviembre de 2009 estaba trabajando en Mejillones como soldador de alta precisión. Él estaba en una obra marcando tarjeta y la verdad es que yo nunca he visto a un terrorista que trabaje como cualquiera y además, ganando honorarios bastantes altos. Él trabaja desde el año ‘91, están sus cotizaciones previsionales, hay un testigo queda cuenta de dónde él estaba. Además, él tiene una vida totalmente distinta al sector de Puerto Choque. Él sólo pasa a visitar a su mamá y es sindicado por una persona que tiene la calidad de testigo protegido por una razón muy puntual  que ojalá pueda expresarla, pero la verdad es que si uno habla con Víctor Llanquileo y escucha su declaración, ve que él ha trabajo los últimos 20 años, lo cual es totalmente incompatible con  la acusación. A Luis Menares se le acusa el 2004, en esa fecha él estaba en la escuela, tiene trabajo formal por lo menos hasta el 2008, por lo tanto, también tiene una vida incompatible con la acusación; y Norberto Parra es un campesino de la zona que ha cuidado madera, ha hecho muchas cosas y tiene deudas con el Estado, pero sindicarlo como parte de una organización  que él ni conocía, me parece desproporcionado”.

Según la Fiscalía, Llanquileo habría participado también del ataque al fiscal Elgueta ¿Él estaba en la zona el día en que ocurrieron los hechos, el 16 de octubre?

“No puedo adelantar eso, pero vamos a demostrar que efectivamente él no estaba en el lugar de los hechos. La verdad es que quien lo imputa, lo hace por una razón determinada y ojalá que podamos demostrarlo. Ahora, ése el problema de los testigos secretos, porque conocer la declaración no es el tema, sino la motivación por la cual él la hace y créame,  nosotros intentamos incorporar prueba respecto a esto, pero no se nos dejó y hoy tengo dudas de que se nos deje contra examinar en ese tono. Entonces, cómo el tribunal va a fallar sin  conocer la motivación de la única prueba que vincula a don Víctor Llanquileo”.

Desde ese punto de vista ¿cómo van a enfrentar la declaración de los testigos protegidos?

“Estimamos que legalmente los testigos secretos no se pueden tener en la etapa judicial de juicio oral. El tema es muy simple, porque cualquier persona que se le impute un hecho va a querer defenderse y eso significa poder hacer preguntas de todos los ámbitos. Eso no se va poder, por lo tanto, yo espero que al momento de valorar, se tenga claro que esos testimonios no están siendo rendidos conforme a los elementos mínimos. El artículo 309 dice que uno puede dirigir preguntas tendientes a demostrar la parcialidad de un testigo, pero eso no se va a poder hacer porque yo no sé quiénes son los testigos. Hoy en el procedimiento los elementos de antiguas tachas o aquellas causales de inhabilidad las aportan las partes, en este caso, no lo podremos hacer. Cuando se citan los fallos de tribunales europeos, que prácticamente es uno, se olvidan de un pequeño detalle: en ese caso sí verificaron las tachas porque en ese sistema procesal holandés, eso lo hace el juez, entonces estaban despejadas las posibles causales de inhabilidad. En este caso no, por lo tanto, la prueba viene con un  defecto muy importante y eso a mi me parece que es una infracción grave al debido proceso”.


¿Qué le parece la supuesta filtración del listado de testigos protegidos que hoy investiga la Fiscalía?

“Desconozco esa filtración, pero sé que hubo algunos problemas con las notificaciones en las comunidades, es lo único que sé”.

Pero da la impresión que usted conoce el nombre de quien acusa a Víctor Llanquileo

“Objetivamente yo no sé los nombres de las personas. Lo que sí reconozco es que hay personas que supongo que son, porque conozco la causa, pero más que eso, no sé”.

El tribunal les ha negado el uso de biombos en vez de circuito cerrado de TV, no aceptó la petición para que ellos se inhabilitaran, rechazó aplicar medidas disciplinarias contra el fiscal Cruz y les ha negado excluir algunas pruebas como el testimonio de López. ¿Se sienten perdedores?

“No para nada. Creo que el tribunal ha resuelto conforme a su criterio. Yo respeto el trabajo que realizan los jueces y si estimamos que hay resoluciones recurribles, las recurriremos”.

 Lo que pasó y lo que vendrá.

En estas dos semanas de juicio oral ya han declarado por parte del Ministerio Público el jefe de la Brigada de Investigaciones Policiales (BIPE) de la PDI, subprefecto José Luis López y el ingeniero informático del Laboratorio de Criminalística (Lacrim), Aldo Rodríguez. Por  Carabineros, lo hizo el capitán de la Dirección de Inteligencia Policial, Carlos Aqueveque, quien expuso sobre la orgánica de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) y un carabinero de Temuco, quien se infiltró en un foro realizado por Héctor Llaitul en la Universidad de la Frontera donde captó un video. También declaró el actual prefecto de Arauco, coronel Roberto Ávila, y el sargento de la Tercera Comisaría de Cañete, Daniel Bastías, quien perdió su ojo izquierdo en un enfrentamiento en Lleu Lleu. A estos uniformados se sumaron otros carabineros, quienes dieron cuenta del clima hostil que se vivía permanentemente en la provincia. La semana  terminó con el testimonio de altos ejecutivos de las empresas forestales que fueron víctimas de robos y hurtos de madera, entre ellas Crecex y Volterra, quienes además, se querellaron en contra de quienes resulten responsables de estos quienes declararán a través de circuito cerrado de televisión, es decir, desde una sala contigua a la sala de audiencias, caracterizados y de espaldas a una cámara que transmitirá de manera simultánea lo que ellos respondan a través de un televisor que estará frente a ambas partes y a los jueces. Inicialmente, el  Ministerio Público esperaba contar con 36 testigos con reserva de identidad, pero antes de que se diera inicio al juicio uno ya desistió de atestiguar. ¿Seguirá habiendo bajas? Todo puede pasar, lo reconoció el propio fiscal Andrés Cruz, quien lamentó los hostigamientos que algunos de ellos dicen haber recibido por parte de las propias comunidades, donde se habrían filtrado sus nombres. En cuanto al testimonio del fiscal Mario Elgueta, quien se transformó en víctima el 16 de octubre de 2008 al ser emboscado cuando salía del sector Puerto Choque, en Tirúa, se espera que éste declare también esta semana. Sin embargo, es una de las pruebas que se maneja con bastante cautela por parte del Ministerio Público. De su testimonio también  dependerá cuándo el principal inculpado en la causa, Héctor Llaitul, sobre quien la Fiscalía pide 102 años de presidio, decida hacer uso de su derecho a hablar.

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Tercera semana del juicio:

>> martes, 23 de noviembre de 2010

Comuneros mapuche increpan a Ministerio Público en medio de declaración de testigo sin rostro

Fuente: http://www.radiobiobio.cl/2010/11/23/comuneros-mapuche-increpan-a-ministerio-publico-en-medio-de-declaracion-de-testigo-sin-rostro/

Justo en momentos en que comenzaba el interrogatorio al testigo sin rostro Nº 13 del Ministerio Público, se pusieron de pie 12 de los 17 comuneros mapuche imputados por presuntamente atentar en contra del fiscal Mario Elgueta. Además, ellos alzaron la voz para indicar que se trataba de una mentira lo que el organismo exhibía a modo de prueba.
Acto seguido, los comuneros informaron por medio de los micrófonos que se retiraban de la audiencia, pese a que en un comienzo gendarmes les habían prohibido salir del lugar físico donde estaban.

Posteriormente, uno de los mapuche dio un empujón a uno de los funcionarios penitenciarios y, posteriormente, el grupo comenzó a avanzar hacia los calabozos.

Fue entonces que la Fiscalía accedió a retirarlos de la audiencia, momento en que Héctor Lleitul increpó al fiscal Andrés Cruz, diciéndole: “Que deje de mentir, que no entregue pruebas de mentira”.

Finalmente, Lleitul le dijo “Da la cara no mientas” al testigo sin rostro Nº 13, quien se desempeña como brigadista de Forestal Mininco. Esto, luego de que la persona señalara que sufrió un ataque el 2 de agosto de 2008 y reconociera a Norberto Parra, uno de los imputados por asociación ilícita terrorista.





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Conflicto mapuche: Iglesia advierte que huelga de hambre de presos puede reactivarse

>> lunes, 22 de noviembre de 2010

Doce de 17 comuneros evalúan retornar al ayuno porque el Ministerio Público decidió mantener la acusación por delitos terroristas en su contra.

Prensa Oficial
Fuente: http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=448709

 Foto: Juan Carlos Lyner, El Mercurio
SANTIAGO.- El nuevo presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Ezzati, advirtió hoy de que la huelga de hambre que llevaron a cabo una treintena de presos mapuches, algunos durante más de dos meses, "puede reactivarse".

"Se muy concretamente que es así, me lo han comunicado hace ya algunas semanas y he puesto en antecedentes de este tema a quien corresponde, tratando nuevamente de ser interlocutor del diálogo", dijo en una rueda de prensa el arzobispo de Concepción, quien ejerció como mediador entre el Gobierno chileno y los comuneros durante el ayuno.

La decisión para retomar la huelga la evalúan seriamente doce de 17 mapuches que actualmente están siendo juzgados. Esto fue confirmado por sus familiares a la salida del tribunal de Cañete, luego que durante las últimas audiencias se percataran de que no ha habido cambios sustanciales de parte de los abogados del gobierno.

Ezzati explicó que en el juicio que empezó dos semanas atrás en el sur del país, el Ministerio Público decidió mantener la formalización por delitos terroristas contra estos 17 activistas.

Los mapuches llevaron a cabo la huelga de hambre para exigir que no se les aplicara la Ley Antiterrorista ni ser sometidos a un doble juicio, ante tribunales civiles y militares.

El Gobierno accedió a dialogar con los huelguistas con la mediación de la Iglesia católica y retirar la invocación de la Ley Antiterrorista en algunos juicios y, además, el Congreso tramita reformas a esa normativa y a la administración de Justicia Militar, con lo que los mapuches dejaron la protesta en octubre.

Ezzati, que el viernes pasado fue elegido presidente de la Conferencia Episcopal, sostuvo que "todos los poderes pueden buscar los caminos para encontrar una solución a este conflicto".

"Esperemos que este tema, con el uso de la razón, pueda encontrar un camino de solución", agregó el arzobispo de Concepción.

El anuncio se produjo a horas de que los testigos sin rostro presten declaración en el tribunal de Cañete, y que ellos alegaron con su huelga anterior.


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Presos Políticos Mapuche: detalles y comentarios en el nuevo escenario político-judicial.



Por wichan

      Después de  más de 2  semanas de juicio en los tribunales de Cañete, y que en general por el ritmo de la fiscalía, ya se esta hablando de un procesos mucho más prolongado de lo que se había planteado, esto principalmente porque gran parte de las pruebas son las conversaciones telefónicas, que duran horas, pues  tratan cuestiones cotidianas e irrelevantes y la presentacion de testigos (carabineros) que repiten exactamente lo mismo. En el transcurso de las audiencias han surgido variadas particularidades que engrosan la larga lista del anecdotario del Ministerio Público; cuando por ejemplo Cruz pregunta: ¿a quiénes se refiere cuando hablan de los tontos y los chanchos? Recibiendo como respuesta, del Jefe de Inteligencia de la PDI: "Los perros son los carabineros y los chanchos son también los carabineros pero de inteligencia". Otra situación fue, por ejemplo, cuando se enredaron con los tres hermanos Parra Leiva, al no poder identificar cual de los 3 los había atacado. El carabinero testigo dijo "fue Eduardo Parra y mostró a Nolberto Parra", pero el tal Eduardo Parra no existe. Otro hecho de extrema gravedad es que los propios "carabineros testigos " reconocieron que la Forestal Mininco les había habilitado un Casino, en el interior de los campamentos (El Guairao y Las Huellas) en donde recibían desayuno, almuerzo, comida y colaciones, algo así como un Hotel Cinco estrellas. Era lo mínimo que podrían hacer si le estaban cuidando sus predios y futuras ganancias.

      Es importante recordar que durante los primeros alegatos, estos en su momento subieron de tono, producto de esta situación el ex Juez Guzmán señaló que el comportamiento del Fiscal Cruz no es el adecuado para un Tribunal y que probablemente se debe a su juventud y falta de experiencia. Pidiendo al Tribunal alguna medida disciplinaria. En resumen, un fiscal inexperto y que no sabe comportarse, y además testigos un poco confundidos.


      Ahora bien, la situación político-judicial de los peñi, en el marco del conflicto Territorial de Lleu Lleu (provincia de Arauco), se puede plantear como sigue:

1.- 12 peñi, se encuentran cumpliendo prisión preventiva,  actualmente se encuentran todos en la cárcel de Lebu.

2.-  5 se encuentran en libertad condicional desde antes de la huelga y uno en clandestinidad.

3.-  Después de solo meses en prisión preventiva, 4 fueron liberados y desprocesados por la propia Fiscalía, bajo el concepto de "NO PERSEVERAR EN LA ACUSACIÓN" (es decir salieron como blancas palomas), estos son Elcides Pilquiman, Javier Navarro, Claudio Tranamil y José Lepicheo.

4 .- Además, 5 hermanos están siendo doblemente procesados por Justicia Civil y Militar. En esta segunda instancia, por el mismo hecho, a 4 de estos peñi ( R. LLanquileo, Huenuche, Menares y LLaitul) se les ha concedido la libertad y ya se ha solicitado la de Huillical. Sin embargo, siguen presos por el proceso de Cañete. En el caso de Héctor LLaitul, aun quedando en libertad en la una y en la otra, continuará en prisión por estar cumpliendo condena por la Ley de Seguridad Interior del Estado, por  hechos ocurridos en la Comunidad Pascual Coña (LLeu LLeu), hace mas de 10 años.

5.- Estos 18 peñi están siendo acusados, en total,  de 9 Delitos Terroristas, y aunque el Gobierno retiró la querella presentada, que era sólo por Asociación Ilícita Terrorista, hasta acá no se ha realizado la recalificación de todos los delitos.

6.- Los Testigos Secretos, no sólo serán secretos, si no que ahora declararan por CIRCUITO CERRADO, desde otro lugar, no van a estar presentes. Por lo que se puede deducir que no existirían las condiciones para entregar una declaración en total libertad.

7.- Y por último, la constitución del Tribunal Oral esta viciado, debido a que este consigna a dos Jueces que son pro Fiscalía y anti mapuche, ya que participaron, anteriormente, en la condena de algunos pu peñi, y que hoy están nuevamente en tribunales, deduciendo
animosidad.  Lo que fue denunciado por la defensa.

Queda claro, que en este juicio se han resguardado todas las condiciones necesarias para que el Montaje llegue a su fin y estos peñi sean condenados. Se ha hecho evidente además, que de a poco este proceso se ha ido transformando en un nuevo juicio contra  la CAM, catalogándola nuevamente como una Asociación Ilícita Terrorista razón por la cual todas las acusaciones van principalmente dirigidas a los miembros de dicha organización.




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Los mapuches, Irak y un delirio.

La lucha del pueblo mapuche vinculada con las FARC y el terrorismo islámico. Quién lo diría. En este punto uno se pregunta de dónde tanta imaginación ¿Mucha tele? ¿Demasiadas novelas de Tom Clancy?

Por Pedro Cayuqueo
En Azkintuwe

Por estos días, un emblemático juicio oral tiene lugar en Cañete. Lo encabeza el fiscal Andrés Cruz, encargado de llevar al estrado a 17 mapuches acusados de “asociación ilícita terrorista” y del supuesto ataque al fiscal Mario Elgueta, hecho ocurrido en octubre del 2008 al interior de una comunidad mapuche de Tirúa. ¿Supuesto? Si, supuesto. Al menos hasta que los magistrados, en solemne veredicto, acrediten la veracidad de los cargos y condenen a los responsables. O bien, los terminen a todos absolviendo, como ha ocurrido ya en otros juicios y esperan los comuneros y su defensa suceda nuevamente. Por lo pronto, lo que la fiscalía denomina un “ataque”, los mapuches llaman “enfrentamiento”, una refriega donde ellos y sus familias sólo ejercieron su legítimo derecho a la autodefensa.
Varios antecedentes vuelven creíble esta última versión; los hechos acontecieron al interior de la misma comunidad donde residen los imputados (¿una emboscada en el patio de tu propia casa?); el fiscal y su comitiva policial, huelga decir que como de costumbre, irrumpieron en la zona a altas horas de la noche y de manera violenta; no se produjeron víctimas fatales, solo magulladuras en un par de policías y daños menores en los vehículos institucionales; y, tal vez lo más revelador, el perfil de los comuneros implicados dista mucho del de “peligrosos terroristas”. Se trata en los hechos de jóvenes campesinos, hombres de esfuerzo y abnegados padres de familia. No hablamos precisamente de barbudos mujaidines afganos. Tampoco de milicianos iraquíes, adictos al Corán y los AK-47, en guerra santa contra los winkas infieles y los pilares del Estado apóstata chileno. ¿O si?

Hay alguien que así lo cree; el joven fiscal Cruz, responsable de la investigación contra los comuneros. Y para demostrarlo, Ley Antiterrorista de Pinochet de por medio, no ha escatimado en recursos. Se informó que 36 “testigos sin rostro” y más de 100 funcionarios de Carabineros y de la PDI serán citados a prestar declaración para respaldar su afiebrada tesis. Transcurridas dos semanas de juicio oral, todo pareciera marchar sobre ruedas para Cruz y compañía. Hasta ahora, sus testigos y peritos no se cansan de hablar de una planificada “emboscada de aniquilamiento”, “propia de tácticas de las FARC”; de la existencia de “fusileros” altamente entrenados (peritajes balísticos descartaron el uso de armas de guerra… ¿fusileros sin fusil?) y, lo más sorprendente de todo, de oscuras conexiones entre sitios web pro mapuches y sospechosos servidores en Irak. ¡En Irak!
Esto último fue revelado el pasado lunes por el perito del Laboratorio de Criminalística en Informática de la PDI, Aldo Rodríguez, quien agregó además –y sin siquiera sonrojarse- que numerosos comunicados de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM) provenían de servidores situados en el extranjero, incluido por cierto el mencionado país árabe. ¿Sabe usted, estimado lector, donde está situado el servidor de su Facebook o cuenta de Twitter? ¡Averígüelo!, bien podría ser vinculado a una “asociación ilícita terrorista” internacional. “Fiscalía de Cañete quiere ser tu amigo en Facebook”. Adiós chilito. Bienvenida cárcel de Guantánamo.

La lucha del pueblo mapuche vinculada con las FARC y el terrorismo islámico. Quién lo diría. En este punto uno se pregunta de dónde tanta imaginación ¿Mucha tele? ¿Demasiadas novelas de Tom Clancy? Parte de la respuesta nos la entrega el cuerpo de Reportajes de El Mercurio, ello el pasado domingo y nada menos que en sus páginas centrales. “El atentado a un fiscal es un acto terrorista. Y cuando hay una ley que define esos actos como tales, hay que aplicar la Ley Antiterrorista”. Lo anterior no lo dice el fiscal Cruz. Lo asegura Javier Zaragoza, fiscal jefe de la Audiencia Nacional de España, en entrevista exclusiva con el matutino de la familia Edwards. Zaragoza fue el fiscal de los brutales atentados del 11-M perpetrados por Al Qaeda a los trenes de cercanías y tiene hoy a su cargo diversas indagatorias respecto de ETA. En dicha calidad visitó Chile, ello –confidencia El Mercurio- en el marco de un “reservado seminario sobre terrorismo organizado por el Ministerio Público” y dirigido a fiscales como el propio Cruz.
De que Zaragoza sabe de terrorismo, convengamos que sabe y bastante. ¿Tendrá idea de quiénes son los 17 campesinos perseguidos en Chile por el Ministerio Público y sus teorías conspirativas? Lo dudo. En los atentados perpetrados por Al Qaeda en Madrid hubo 191 muertos y 1.841 heridos. ETA, en su largo historial de crímenes políticos selectivos y a mansalva, contabiliza cerca de 800 muertos y de los heridos mejor ni hablar. Todo esto Zaragoza lo sabe. ¿Sabrá cuántos civiles han muerto en Chile a causa del mal llamado “conflicto mapuche”? A la fecha, cuatro. Todos mapuches, todos jóvenes y tres de ellos víctimas del gatillo fácil policial. Perdón, quise decir cinco civiles muertos en total. La última víctima fue Richard Newei Pilquimán. También mapuche. ¿Causa de muerte? Asfixia por ahorcamiento. Richard era uno de los 18 comuneros sometidos a proceso por el híper ventilado fiscal Cruz. Agobiado por el hostigamiento policial contra él y su familia, se quitó la vida el 22 de agosto de 2009. Tenía 19 años. Y jamás, me cuentan sus cercanos, había visitado Irak o sus alrededores.
 

* Publicado originalmente en The Clinic, Edición del Jueves 18 de Noviembre de 2010  / www.theclinic.cl


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RECUPERAR NUESTRAS TIERRAS NO ES DELINCUENCIA RESISTENCIA Y AUTODEFENSA NO ES TERRORISMO

"En tanto, que para los presos políticos mapuche, imputados en este Juicio, se trata de un proceso de recuperación de tierras y reivindicaciones históricas del Pueblo Nación Mapuche, en el cual se desarrollaron ejercicios básicos y necesarios de auto defensa en el marco de la resistencia de las comunidades mapuche, en resguardo de sus derechos fundamentales"
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