DEFENSOR PENAL PÚBLICO PELAYO VIDAL Y ANÁLISIS DEL PROCESO

El abogado que tiene la misión de cuestionar las pruebas de la Fiscalía

Insiste en que la utilización de los testigos protegidos infringe el debido proceso, ya que la defensa ni los jueces pueden determinar eventuales causales de inhabilidad en estas pruebas, que por lo tanto, “viene con defecto”, sostiene. Dice confiar en que demostrará que sus defendidos no estuvieron en el lugar de los hechos el día que ocurrió el ataque al fiscal Mario Elgueta. 

Helia Avendaño

Pelayo Vial dejó sus labores como jefe de estudios de la Defensoría Penal Pública para abocarse a la defensa de tres de los 17 comuneros que están siendo enjuiciados por diversos delitos terroristas y por el ataque al fiscal Mario Elgueta. Ilícitos por los cuales sus defendidos Víctor Llanquileo Pilquimán y Luis Menares Chanilao, arriesgan 51 años de cárcel por ocho delitos. Mientras que Nolberto Parra Leiva, 11 años, ya que a diferencia de los anteriores, sólo suma cuatros acusaciones.

            Pese al complejo escenario que enfrentan, Vial actúa por convicción y confiado en la inocencia de ellos, ideas que por momentos lo sacan de su envestidura de abogado. “Como ciudadano, no como abogado, yo pienso que aquí existe un problema muy grave respecto a este pueblo originario que debiéramos solucionar ojalá fuera de tribunales, porque este juicio va a tener un resultado A, B o C. Da los mismo, pero el tema de las comunidades, el tema de fondo que está detrás, va a seguir presente y a mí me preocupa, porque el juicio es solo una arista muy pequeña”.

            ¿Qué le ha parecido la calidad de las pruebas exhibidas hasta ahora por el Ministerio Público?                   

            “Respecto a mis defendidos, considero que no existen pruebas para la acusación de hurto de madera. Si se estima que un policía como el señor José Luis López Leiva (subprefecto de la PDI) dice que investigó y que es capaz de de determinar quién es el culpable, eso para mí no es un medio de prueba. Me tiene que decir como el determina que una persona es culpable. Me parece que no es trabajo de la policía que un oficial diga con un poder que desconozco quien se lo instruyó quién es el culpable. La policía tiene que llevar pruebas y mostrar evidencias. Yo nunca había visto un juicio donde por ejemplo, las interceptaciones telefónicas fueran acompañadas de comentarios. Quienes deben interpretar las fotos, los testimonios y las escuchas son los jueces. No necesitamos una persona que vaya a decirnos lo que él estima. Este juicio esta lleno de cosas que no son pruebas. Cómo puede ser, por ejemplo, que una entrevista de un diario sea una prueba. Yo no digo que toda la prueba sea igual, pero una entrevista no es un medio válido.

            ¿No le parece válido que uno de los acusados, Héctor Llaitul, en sus declaraciones haya legitimado, por ejemplo, el robo de madera como una recuperación?

“Ése es el peligrosísimo derecho penal de autor, es decir, perseguir a la gente por sus ideas. Este caso es igual al de la Pilar Pérez. Se presenta prueba para decir que ella es mala. El tema aquí es otro: cometió o no cometió los homicidios, cometió o no cometió los hechos que se le imputan. Hasta donde yo entiendo, yo puedo pensar lo que quiera y no se me va a juzgar por eso. Hay otros momentos históricos donde se ha juzgado por pensar distinto”.

 

¿Qué le parece la declaración del capitán de Inteligencia de Carabineros, Carlos Aqueveque, quien no pudo responder consistentemente ninguna de las preguntas que la defensa le planteó en torno a la orgánica de la Coordinadora Arauco Malleco?

“Lo que él hizo fue bajar algunas páginas web de las cuales ni siquiera sabía los dominios en internet e identificó a dos personas, en realidad a una, porque el otro era un vocero que tampoco sería parte directa de la asociación, como miembro de una organización que tiene más de 12 años. Entonces, ¿de qué estamos hablando?”.

¿Cómo evalúa las escuchas telefónicas?

“Son sacadas de contexto. No se ha probado qué días se hicieron, sólo se han señalado fechas generales, por lo tanto, la confiabilidad de esa prueba todavía es bastante discutible. Además, sólo se sitúa supuestamente a tres personas, pero no son sólo tres los procesados”.

¿Por qué sacadas de contexto?

“Porque son sólo trozos de conversación, no es toda la pista y cuando uno sólo selecciona trozos, eso puede generar una sensación que a lo mejor no es el contexto general de la conversación”.

La Fiscalía dijo que las escuchas tenían tono conspirativo

“No, yo creo que aún queda técnicamente mucho por probar”.

Por un lado, usted plantea los problemas de fondo, que son las reivindicaciones de un pueblo, pero por otro lado, está la arista legal y objetiva sobre delitos concretos, ¿cuál es la separación que hace al respecto?

“Existe el Convenio 169 que nos obliga a aplicar el derecho a los pueblos originarios en forma distinta. Ahí está la respuesta jurídica”.

A Víctor Llanquileo se le acusa de formar parte de una cuadrilla que robaba y hurtaba madera y además, se le sindica como miembro de una guardia armada para resguardar la comisión de los delitos. Igual a Luis Menares. En tanto a Nolberto Parra se le sindica como uno de los comercializadores de la madera. ¿Cómo desacreditarán estas acusaciones?       

“Víctor Llanquileo, quien tenía una orden de detención, en noviembre de 2009 estaba trabajando en Mejillones como soldador de alta precisión. Él estaba en una obra marcando tarjeta y la verdad es que yo nunca he visto a un terrorista que trabaje como cualquiera y además, ganando honorarios bastantes altos. Él trabaja desde el año ‘91, están sus cotizaciones previsionales, hay un testigo queda cuenta de dónde él estaba. Además, él tiene una vida totalmente distinta al sector de Puerto Choque. Él sólo pasa a visitar a su mamá y es sindicado por una persona que tiene la calidad de testigo protegido por una razón muy puntual  que ojalá pueda expresarla, pero la verdad es que si uno habla con Víctor Llanquileo y escucha su declaración, ve que él ha trabajo los últimos 20 años, lo cual es totalmente incompatible con  la acusación. A Luis Menares se le acusa el 2004, en esa fecha él estaba en la escuela, tiene trabajo formal por lo menos hasta el 2008, por lo tanto, también tiene una vida incompatible con la acusación; y Norberto Parra es un campesino de la zona que ha cuidado madera, ha hecho muchas cosas y tiene deudas con el Estado, pero sindicarlo como parte de una organización  que él ni conocía, me parece desproporcionado”.

Según la Fiscalía, Llanquileo habría participado también del ataque al fiscal Elgueta ¿Él estaba en la zona el día en que ocurrieron los hechos, el 16 de octubre?

“No puedo adelantar eso, pero vamos a demostrar que efectivamente él no estaba en el lugar de los hechos. La verdad es que quien lo imputa, lo hace por una razón determinada y ojalá que podamos demostrarlo. Ahora, ése el problema de los testigos secretos, porque conocer la declaración no es el tema, sino la motivación por la cual él la hace y créame,  nosotros intentamos incorporar prueba respecto a esto, pero no se nos dejó y hoy tengo dudas de que se nos deje contra examinar en ese tono. Entonces, cómo el tribunal va a fallar sin  conocer la motivación de la única prueba que vincula a don Víctor Llanquileo”.

Desde ese punto de vista ¿cómo van a enfrentar la declaración de los testigos protegidos?

“Estimamos que legalmente los testigos secretos no se pueden tener en la etapa judicial de juicio oral. El tema es muy simple, porque cualquier persona que se le impute un hecho va a querer defenderse y eso significa poder hacer preguntas de todos los ámbitos. Eso no se va poder, por lo tanto, yo espero que al momento de valorar, se tenga claro que esos testimonios no están siendo rendidos conforme a los elementos mínimos. El artículo 309 dice que uno puede dirigir preguntas tendientes a demostrar la parcialidad de un testigo, pero eso no se va a poder hacer porque yo no sé quiénes son los testigos. Hoy en el procedimiento los elementos de antiguas tachas o aquellas causales de inhabilidad las aportan las partes, en este caso, no lo podremos hacer. Cuando se citan los fallos de tribunales europeos, que prácticamente es uno, se olvidan de un pequeño detalle: en ese caso sí verificaron las tachas porque en ese sistema procesal holandés, eso lo hace el juez, entonces estaban despejadas las posibles causales de inhabilidad. En este caso no, por lo tanto, la prueba viene con un  defecto muy importante y eso a mi me parece que es una infracción grave al debido proceso”.

¿Qué le parece la supuesta filtración del listado de testigos protegidos que hoy investiga la Fiscalía?

“Desconozco esa filtración, pero sé que hubo algunos problemas con las notificaciones en las comunidades, es lo único que sé”.

Pero da la impresión que usted conoce el nombre de quien acusa a Víctor Llanquileo

“Objetivamente yo no sé los nombres de las personas. Lo que sí reconozco es que hay personas que supongo que son, porque conozco la causa, pero más que eso, no sé”.

El tribunal les ha negado el uso de biombos en vez de circuito cerrado de TV, no aceptó la petición para que ellos se inhabilitaran, rechazó aplicar medidas disciplinarias contra el fiscal Cruz y les ha negado excluir algunas pruebas como el testimonio de López. ¿Se sienten perdedores?

“No para nada. Creo que el tribunal ha resuelto conforme a su criterio. Yo respeto el trabajo que realizan los jueces y si estimamos que hay resoluciones recurribles, las recurriremos”.

 Lo que pasó y lo que vendrá.

En estas dos semanas de juicio oral ya han declarado por parte del Ministerio Público el jefe de la Brigada de Investigaciones Policiales (BIPE) de la PDI, subprefecto José Luis López y el ingeniero informático del Laboratorio de Criminalística (Lacrim), Aldo Rodríguez. Por  Carabineros, lo hizo el capitán de la Dirección de Inteligencia Policial, Carlos Aqueveque, quien expuso sobre la orgánica de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) y un carabinero de Temuco, quien se infiltró en un foro realizado por Héctor Llaitul en la Universidad de la Frontera donde captó un video. También declaró el actual prefecto de Arauco, coronel Roberto Ávila, y el sargento de la Tercera Comisaría de Cañete, Daniel Bastías, quien perdió su ojo izquierdo en un enfrentamiento en Lleu Lleu. A estos uniformados se sumaron otros carabineros, quienes dieron cuenta del clima hostil que se vivía permanentemente en la provincia. La semana  terminó con el testimonio de altos ejecutivos de las empresas forestales que fueron víctimas de robos y hurtos de madera, entre ellas Crecex y Volterra, quienes además, se querellaron en contra de quienes resulten responsables de estos quienes declararán a través de circuito cerrado de televisión, es decir, desde una sala contigua a la sala de audiencias, caracterizados y de espaldas a una cámara que transmitirá de manera simultánea lo que ellos respondan a través de un televisor que estará frente a ambas partes y a los jueces. Inicialmente, el  Ministerio Público esperaba contar con 36 testigos con reserva de identidad, pero antes de que se diera inicio al juicio uno ya desistió de atestiguar. ¿Seguirá habiendo bajas? Todo puede pasar, lo reconoció el propio fiscal Andrés Cruz, quien lamentó los hostigamientos que algunos de ellos dicen haber recibido por parte de las propias comunidades, donde se habrían filtrado sus nombres. En cuanto al testimonio del fiscal Mario Elgueta, quien se transformó en víctima el 16 de octubre de 2008 al ser emboscado cuando salía del sector Puerto Choque, en Tirúa, se espera que éste declare también esta semana. Sin embargo, es una de las pruebas que se maneja con bastante cautela por parte del Ministerio Público. De su testimonio también  dependerá cuándo el principal inculpado en la causa, Héctor Llaitul, sobre quien la Fiscalía pide 102 años de presidio, decida hacer uso de su derecho a hablar.