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Una justicia en tela de juicio

>> viernes, 11 de marzo de 2011

"Un procedimiento sustanciado bajo la normativa legal de la Ley Antiterrorista, es un procedimiento viciado,  incapaz de producir,  en el marco de un debido proceso,  una convicción condenatoria,  ni siquiera por delito común..."


Alberto Espinoza Pino
Abogado

Alberto Espinoza, Natividad Llanquileo
y Rigoberta Menchú
Después de tres meses  de Juicio Oral,  con declaraciones de testigos secretos, personas ebrias y sordas presentadas como testigos de oídas,   analfabetos ratificando declaraciones escritas,  fiscales y policías víctimas testimoniando en calidad de investigadores,  el Tribunal del Juicio Oral en lo Penal de Cañete ha adquirido su convicción, se presume mas allá de toda duda razonable, que  los miembros de la Coordinadora Arauco Malleco, ellos, los dirigentes, son los culpables del delito de robo con intimidación denunciado por el ex agente de la dictadura,   acusado de torturador y usurpador de tierras mapuche,  José Santos Jorquera y, coincidentemente, los mismos cuatro también son los culpables del denominado atentado al fiscal Elgueta.  No obstante, por una simple  y cuestionable mayoría de votos, dos contra uno, la Jueza Paola Schisano Pérez fue de la opinión de absolver.

Si bien, ninguno de esos delitos ha sido calificado por la simple mayoría de los jueces como terrorista y trece comuneros mapuche, también juzgados  por el Tribunal de Cañete, fueron absueltos de todos los cargos por delitos terroristas, contenidos en la acusación del Ministerio Público, todos sin excepción,  condenados y absueltos,  fueron investigados  como consecuencia de la Formalización de la Investigación conforme al procedimiento establecido por la Ley Antiterrorista. Dicha situación, procesalmente, se manifestó en el secreto de los registros de la investigación,  entrega  parcial y desordenada de los antecedentes,  por parte de la fiscalía, a los defensores al término de la investigación y la prolongada prisión preventiva como medida cautelar, en la mayoría de los casos, desde la detención hasta el Juicio Oral.

 Doce comuneros enfrentaron el juicio  como si fueran culpables, la mayoría de ellos sufrieron la interceptación de sus comunicaciones, una técnica investigativa de la cual se hizo uso y abuso,  todos sufrieron la incautación de cosas de su propiedad que fueron objeto de dudosos peritajes,  sus domicilio fueron violentados y descerrajados con gran despliegue de fuerza policial,  helicópteros, carros blindados y un gran poder de fuego de una infantería numerosa,    en allanamientos masivos realizados en las diversas comunidades mapuche afectando a niños(as),  mujeres y ancianos(as).

 El trato recibidos por los comuneros mapuche fue el trato que en una guerra  se le da al enemigo, todo ello al amparo de la Ley Antiterrorista.

Para colmo de males ante la mirada indiferente, insensible y claudicante del poder jurisdiccional, del Juez de Garantía, que cada vez que tuvo que pronunciarse acerca de las garantías y derechos de los imputados, para evitar o poner fin a la prisión preventiva, para que se les reconociera la presunción de inocencia, para no ser tratados como culpables,  para  asegurarles el debido proceso, esos jueces y los ministros de la cortes superiores, simplemente, renunciaron a su deber cautelar.

Hicieron la vista gorda frente al  poder del Ministerio Público,  fueron aliados de los fiscales, opusieron nula resistencia a las actuaciones abusivas de estos y no cuestionaron en ningún momento la aplicación de la Ley Antiterrorista. Abandonaron, notablemente, la esencia misma de la jurisdicción, dejando a los imputados en el más absoluto desamparo.

  Bastó la mera Formalización por  Ley Antiterrorista para darle manga ancha  al fiscal durante la investigación,  con absoluto desprecio a los derechos de los imputados.  La sola Formalización  se transformó durante todo el tiempo, en que estuvieron en prisión preventiva, en una verdad incuestionable y adquirió para todos los jueces el valor de la cosa juzgada, que se le asigna a las resoluciones judiciales, olvidando que el Ministerio Público no ejerce funciones jurisdiccionales.

Un procedimiento sustanciado bajo la normativa legal de la Ley Antiterrorista, es un procedimiento viciado,  incapaz de producir,  en el marco de un debido proceso,  una convicción condenatoria,  ni siquiera por delito común, el  honorable voto de minoría  señala expresamente en el veredicto  “que la prueba incorporada al  juicio por los acusadores, no reúne  los estándares suficientes como para dar por acreditada  la participación de los acusados”.

En la hora de la Sentencia es exigible a los jueces, que decidieron condenar, la aplicación del Convenio 169 sobre pueblos indígenas  que, perentoriamente,  establece que “en caso de aplicar sanciones a los miembros de estos pueblos, se debe tener especial consideración las características económicas, sociales y culturales  y deben preferirse las sanciones que no sean privativas de libertad (artículo 10º). La  aplicación del Convenio 169 es un imperativo ético y jurídico, cuya inobservancia compromete al Estado de Chile  en el contexto internacional de los derechos humanos.

La libertad de los comuneros  mapuche que aun están encarcelados debe ser resuelta por razones de estado. El Convenio 169 obliga  por igual a todos los poderes.  Si el poder jurisdiccional  renuncia a la aplicación del Convenio 169, la responsabilidad recaerá en el poder ejecutivo o en el poder legislativo,  quienes deberán  adoptar las medidas administrativas o legislativas conducentes a reparar lo que el poder judicial no supo resolver.

Santiago, Marzo 11 de 2011

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Entrevista con los Familiares de los Presos Políticos Mapuche: "El juicio fue un proceso direccionado a castigar y encerrar a militantes mapuches"

>> miércoles, 9 de marzo de 2011

De 17 presos comuneros mapuche, 13 resultaron absueltos en el emblemático juicio oral de Cañete. Otros cuatro fueron declarados culpables del supuesto ataque a un fiscal del Ministerio Público. En el medio, el debate sobre la criminalización de la lucha del Pueblo Mapuche y la promesa del gobierno de Piñera de no recurrir a la polémica Ley Antiterrorista. De ello conversó Pagina12 con Pamela Pessoa, esposa del dirigente Héctor Llaitul.

POR AILIN BULLENTINI

El análisis del resultado que tuvo la huelga de hambre que 34 integrantes de comunidades mapuches presos sostuvieron durante más de 80 días en 2010 es complicado de realizar. Es que depende de los elementos que caigan bajo la lupa, la conclusión es positiva o nula. El final del juicio iniciado a 17 de esos huelguistas hace más de tres meses es ejemplar para comprender tal complejidad: el Estado y el Ministerio Público retiraron las acusaciones que habían impuesto a los originarios basadas en la ley antiterrorista, principal reclamo de la huelga. Trece de ellos resultaron absueltos. Pero los cuatro restantes fueron condenados por supuestamente haber emboscado a un fiscal y a tres oficiales de la Policía, en el marco de un caso considerado por el gobierno chileno como usurpación de tierras.
“La situación es complicada. El Gobierno desestimó el uso de la ley y eso presionó al Poder Judicial. Pero en los hechos, la antiterrorista continuó utilizándose hasta el final”, señaló Pamela Pessoa, en diálogo telefónico con Página/12. Su compañero, Héctor Llaitul, dirigente mapuche, es uno de los condenados por el Tribunal de Cañete. Sabrá el tamaño de su pena el próximo 22 de marzo.



– ¿Por qué asegura que el juicio se basó en la Ley Antiterrorista?


El juicio fue un proceso abiertamente direccionado a castigar y encerrar a militantes mapuches de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM, que reivindica la autonomía de las comunidades mapuches en Chile). Y no hubiera podido llevarse a cabo esa misión a no ser a través de la aplicación de la Ley Antiterrorista. Mi compañero y los otros tres mapuches que fueron condenados son los únicos del total de acusados que integran la CAM. Quedó demostrado que la intención del Ministerio Público Fiscal fue siempre criminalizar la lucha mapuche. Trece hermanos de comunidades originarias fueron absueltos, pero las condenas que recayeron sobre mi compañero y los otros tres hombres no tienen razón de ser, más que para perseguir a una organización ideológica y política que lucha de manera más radical contra las inversiones capitalistas en territorios mapuches en Chile. Las acusaciones de la fiscalía fueron realizadas con el aporte de testigos “sin rostro”, secretos. Ni la defensa ni el tribunal pudieron acceder a esos testigos. Tal mecanismo se tiene en cuenta por la ley antiterrorista. Eso es lo que se hizo, y el Gobierno chileno no hizo demasiado por impedirlo.

Llaitul, Ramón Llanquileo, Jonathan Huillical y José Huenuche fueron considerados culpables de homicidio frustrado al fiscal Mario Elgueta y lesiones en contra de tres funcionarios policiales, en el marco de una supuesta emboscada que esos funcionarios denunciaron en 2008. Entonces, un grupo de comunidades a las que pertenecen los 17 mapuches que ocuparon el banquillo de los acusados frente al Tribunal Oral de Cañete llevaban adelante un proceso de recuperación de tierras y que, por estos años, son usufructuados por una empresa forestal. Además, fueron condenados por robo con intimidación en perjuicio de José Santos Jorquera, un agricultor chileno acusado por los organismos defensores de los derechos humanos de ceder su estancia a miembros de las fuerzas de seguridad pública en épocas de la dictadura de Pinochet con fines de tortura y secuestros clandestinos. Ninguno de esos cargos tiene la carga de terrorismo que poseían al inicio del proceso.

– ¿Cuáles fueron esas pruebas?

Una es el testimonio de uno de los cuatro condenados, a quien la policía mantuvo 16 horas detenido de manera ilegal, durante las cuales fue torturado. Bajo tortura, el hombre firmó una declaración en la que según un testigo de oídas y agente de la Policía de Investigaciones este se asume como atacante del fiscal y los acompañantes en la noche de la supuesta emboscada. Hoy, Jonathan Huillital Méndez sostiene una querella contra la Policía de Investigaciones chilena por torturas, que se encuentra en proceso. La otra prueba es el testimonio del testigo secreto nº 26 –la Fiscalía presentó 36 pero sólo declararon siete–, una persona que estuvo imputada durante el inicio del proceso judicial, pero que quedó fuera del juicio al haber colaborado con la versión oficial de la emboscada. Como declaró que Héctor había ideado todo el ataque al fiscal y a la policía, el Ministerio Público dejó de perseverar en su acusación.

– ¿Por qué considera que ambas pruebas no son suficientes para determinar las condenas?

No hubo un debido proceso. Pero además, que esos dos elementos hayan sido los tomados en cuenta para determinar la existencia del delito y la culpabilidad certifica que la Justicia sigue aplicando la ley antiterrorista. Sólo esa norma permite la presentación de testigos sin rostro. La tortura es inadmisible. Incluso la Defensoría Pública consideró el fallo como un retroceso de la Justicia chilena a la época de la dictadura de Pinochet.

– ¿Cómo considera la absolución de los otros 13 mapuches que fueron sometidos a juicio?

Es un hecho muy significativo y sin duda hay que leerlo como una victoria del pueblo mapuche. En gran parte se debió a la huelga de hambre del año pasado, que sirvió para descomprimir la situación. Ahora restan otros dos grandes y emblemáticos juicios en los que se intentará criminalizar a hermanos que no hicieron más que reclamar por sus territorios: uno en Angol y otro en Temuco.

– ¿Consideran que a resolución del juicio responde al reclamo de ustedes respecto de la ley?

El gobierno cumplió con su parte del acuerdo surgido luego de la huelga. Prometió eliminar de su querella la ley y cumplió. Las acusaciones por las que condenaron a los mapuches son bajo la ley penal común. Sin embargo, la Ley Antiterrorista se utilizó de hecho durante todo el juicio. El veredicto está basado en fragmentos de esa ley, incluso. En ese sentido, la lucha será más larga.

El efecto del ayuno mapuche 

Carlos Andrés Muñoz Huenuman es miembro de la comunidad Lov Choque, que ancestralmente existió como pueblo mapuche en la zona del Lago Lleu Lleu, en el centro chileno. Pasó los últimos dos años de sus 26 de vida preso en la cárcel de Lebu, y fue uno de los imputados en el juicio de Cañete por atentado a funcionario público y robo de maderas. “En perspectiva, la huelga dio resultados. Si no la hubiésemos sostenido con fuerza, estaríamos condenados a más de 50 años de prisión”, expresó. Carlos Andrés fue uno de los 13 absueltos.

El juicio comenzó el 8 de noviembre de 2010 y constó de 61 audiencias. En diciembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió al gobierno de Sebastián Piñera sobre la contradicción de la ley antiterrorista y el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, al que el país andino aplicó. Ese documento plantea que la aplicación de justicia sobre los pueblos originarios y tribales debe tener en cuenta las formas económicas, políticas y culturales de cada comunidad. “Fue todo un montaje político, sobre todo por parte del Ministerio Público Fiscal”, sentenció Glady Huenuman Liencura (43), mamá de Carlos Andrés y cuñada de Alberto Parra, de 35 años, también absuelto. Según el olfato de la mujer, “la absolución en este proceso no significa que no vaya a caer en cualquier momento otro mapuche condenado por defender sus derechos”.

Glady Huenuman se desempeñó como vocera de los presos políticos de Lebu durante la Huelga de Hambre. Destacó, junto a Natividad Llanquileo, Olga Viluñir, Eva Huenchuleo y Millaray Paillalef, en todo el proceso de movilización carcelaria. Su abuelo, el Lonko Carilao, estuvo preso en la propiedad del agricultor y colaborador de la dictadura militar en Arauco, Santos Jorquera. Ella misma fue presa política en dictadura, tal como lo confirma el Informe Valech sobre Tortura Política en Chile. Ahora, en "democracia", con dos de sus hijos se vuelve a repetir su dramática historia.
El Poder Judicial chileno mantuvo los cargos basados en la ley antiterrorista contra los 17 acusados hasta pocos días antes de la etapa de alegatos. Las fuentes de esa cartera se negaron a dialogar con Página/12. 



“Los años en prisión fueron realmente angustiantes. No sólo por el encierro, sino porque no sabíamos qué iba a ser de nosotros”, añadió Carlos Andrés, quien luego de recibir su absolución regresó a la casa que la familia alquila en Puerto Choque, a pocos kilómetros del Lleu Lleu, pero no pasa un día sin visitar a los cuatro compañeros que debieron regresar a prisión. “Siguen con el ánimo en alto, a la espera de la fijación de pena para poder apelar”, rescató. Si bien consideró positiva la huelga de hambre, Carlos Andrés opinó que el Estado cumplió su parte del trato a medias: “Tendría que haber intervenido en la postura del Ministerio Público”, apuntó.

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RECUPERAR NUESTRAS TIERRAS NO ES DELINCUENCIA RESISTENCIA Y AUTODEFENSA NO ES TERRORISMO

"En tanto, que para los presos políticos mapuche, imputados en este Juicio, se trata de un proceso de recuperación de tierras y reivindicaciones históricas del Pueblo Nación Mapuche, en el cual se desarrollaron ejercicios básicos y necesarios de auto defensa en el marco de la resistencia de las comunidades mapuche, en resguardo de sus derechos fundamentales"
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