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PRENSA OFICIAL


"Esta situación nos da un espacio de varios años de calma..."

EL MERCURIO JUEVES 24 DE 2011

http://diario.elmercurio.com/images/pixel.gifDetalles de la silenciosa confrontación entre dos poderes:
La trastienda del juicio CAM: roces y diferencias surgidos entre los fiscales e Interior

Aunque hay satisfacción por los contenidos del fallo, no hay acuerdo sobre los procedimientos políticos utilizados.  

MARIO GÁLVEZ y FABIÁN ÁLVAREZ 
Cuando el martes pasado el juez Jorge Díaz, presidente de la Primera Sala Oral en lo Penal de Cañete, terminó de leer el fallo que condenó a la cúpula de la CAM y absolvió a 13 mapuches, una sonrisa de satisfacción cruzó los rostros de los abogados de la Fiscalía Nacional y del Ministerio del Interior.
Pero, no hubo ni abrazos ni felicitaciones entre ellos. Ni los persecutores ni los querellantes se acercaron a comentar los resultados del juicio.
A la salida del tribunal, cada uno partió por su lado y sacó sus propias conclusiones de los resultados del caso.
Ello dejó en evidencia los roces y diferencias que aparecieron entre los representantes del Estado y del Ministerio Público en el transcurso de los meses en que se desarrolló el proceso.
Molestia que desde la Fiscalía se hizo ver varias veces por las vías informales, incluso en duros términos, según admite una fuente del Ejecutivo.
La relación en este caso comenzó bien. En abril del año pasado hubo reuniones de coordinación entre fiscales y abogados, con acercamientos permanentes y pleno acuerdo para llevar adelante una estrategia conjunta. "Estuvimos muy en sintonía con todo lo que debíamos hacer con las pruebas que teníamos y hasta dónde debíamos llegar, tanto nosotros como el Ministerio del Interior y las empresas forestales", comentó un fiscal.
Hasta que vino la huelga de hambre de los mapuches. Fue en ese momento cuando se produjo el quiebre. El Gobierno se desembarca de los juicios por ley antiterrorista, rompe unilateralmente la comunicación con los fiscales, según versión del Ministerio Público, y comienza a dar señales a los tribunales de la actitud que iban a asumir.
En La Moneda reconocen que hubo pleno respeto y acatamiento al acuerdo político alcanzado luego de 82 días de huelga de hambre, lo que se logró gracias a la mediación de la Iglesia Católica y representantes de diversos sectores. "¿Qué querían?, ¿más de 300 años de cárcel para los acusados?", se pregunta una fuente gubernamental.
Según se señala, había que encontrar una salida a un problema grave, que amenazaba con agudizarse en caso de que algún mapuche muriera a causa del ayuno. "El Gobierno demostró que cumple ciento por ciento de sus compromisos políticos asumidos, y que los mapuches que cometieron delitos comunes siguen presos y recibirán su condena", explica uno de los abogados querellantes.

Y asevera que las pruebas que tenía la fiscalía tampoco eran contundentes.

"Remaron al revés"

En la Fiscalía Nacional, el fallo los tiene conformes porque "acreditó uno por uno los delitos que nosotros perseguimos".
Pero tienen diferencias con lo obrado por el Ministerio del Interior. "Ellos actuaron bajo presión política y cambiaron de criterio jurídico en medio de un proceso que tenía pruebas sólidas", se explica.
Según la fuente, "remaron al revés" porque una vez alcanzado el acuerdo político enviaron oficios tipo a los tribunales, anunciando que la postura que iban a asumir los querellantes era que los delitos perseguidos no eran de carácter terrorista.
Asimismo, los abogados del Ministerio del Interior que alegaron en las causas estuvieron porque les fuera otorgada la libertad a los procesados.
Y, a juicio de la Fiscalía, obedeciendo a presiones de la vocera del movimiento, Natividad Llanquileo, el Ministerio del Interior cesó el contrato del estudio Colombara -"que estaba haciendo muy bien su trabajo", dice la fuente- para morigerar las acusaciones.
En su reemplazo, contrató al abogado Guillermo Leighton Quiñones quien, como defensor público licitado, estuvo en una ocasión a cargo de la defensa de Héctor Llaitul cuando éste fue sorprendido armado en una plaza de Concepción.
En La Moneda, el tema lo dan por cerrado. Y dicen que no renunciarán a perseguir futuros delitos de incendio como actos terroristas "pero en su mérito".
En la Fiscalía, dicen que "estamos satisfechos porque respondimos a las víctimas". Aunque tiene dudas lo que ocurrirá con posibles nuevos atentados.
"Resultó largamente probado el clima de terror, como también la sensación de inseguridad provocados por los sujetos que actuaron en la comisión de tales delitos, en términos de justificar sobradamente la calificación jurídica de incendios terroristas que a su respecto hizo el Ministerio Público".

EXTRACTO DEL FALLO DE LA PRIMERA SALA ORAL EN LO PENAL DE CAÑETE
 Los roles de los condenados dentro de la organización
Robo con intimidación a un agricultor, homicidio frustrado en contra de un fiscal y lesiones graves contra tres detectives son las condenas contra Héctor Llaitul, Ramón Llanquileo, José Huenuche y Jonathan Huillical. La fiscalía no logró acreditar una asociación ilícita terrorista, pero en la investigación se estableció que los tres primeros tienen una alta importancia dentro de la CAM.
Durante el juicio, Llaitul fue sindicado como el jefe militar, respetado en Lleu Lleu y parte del grupo ideológico-político (ver recuadro). Llanquileo, en tanto, es considerado el "más consecuente" con el discurso CAM. "Del robo de madera en el que participaba, por ejemplo, se negaba a recibir dinero. Lo de él es la recuperación territorial", dicen fuentes del caso. Las mismas aseguran que Huenuche tiene alta vinculación con organizaciones extranjeras y que Huillical es un activista más, pero cercano a Llaitul. Su autoinculpación en los delitos condenados fue argumento de los jueces para su fallo, pese a que se desdijo.
El nuevo escenario de la CAM: debilitada, pero no desarticulada
Fuertemente debilitada, pero no desarticulada queda la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) luego del fallo condenatorio que el tribunal oral en lo penal de Cañete impuso a cuatro miembros de esta entidad, entre ellos Héctor Llaitul, sindicado como el jefe militar de la organización.
Ese es el análisis que realizan fuentes vinculadas al caso que precisan que difícilmente se podrá desarticular la CAM, debido a que no se trata de una agrupación piramidal, sino que tiene un "desarrollo orgánico relacionado con el conflicto territorial local inmediato".
Por ello, en la última década ha habido acciones violentistas en diversas zonas que no responden a una cabeza única, sino que son decisiones locales que se apoyan por grupos de la CAM de otros sectores.
Las fuentes precisan que hay una especie de comité político de unos seis miembros -entre ellos Llaitul y Ramón Llanquileo, otro de los condenados- que sustentan el discurso de la entidad: recuperación productiva de tierras y autonomía territorial.
Un segundo grupo lo componen los órganos de "resistencia territorial", que realizan las acciones violentas y donde tiene importancia la figura del weichafe (introducida por Llaitul), una especie de "guerrero" clandestino.
Un tercer anillo lo componen las redes de apoyo, influenciadas por el discurso político, como ONGs, universitarios y órganos extranjeros. Y un cuarto conjunto lo integran los simpatizantes, quienes brindan apoyos como el ocultamiento de mapuches prófugos.
Según estas fuentes, el debilitamiento de la entidad pasa por la condena del jefe militar, que según diversas investigaciones está validado en tal rol desde 1999. Esto, pues si bien existen otros "liderazgos" en ese ámbito, no cuentan con la preparación para "actuar" como la que tiene Llaitul -quien fue parte del Frente Manuel Rodríguez- y no tienen mayor ascendencia sobre todo en los jóvenes mapuches, donde es considerado una figura importante, afirman cercanos al proceso.
"Esta situación nos da un espacio de varios años de calma, porque los weichafes tendrían que foguearse en el extranjero para ser lo que es Llaitul", aseguran las fuentes consultadas, que reconocen que su encarcelamiento era el gran objetivo del Ministerio Público.  Por ello, se explicaría la satisfacción de la fiscalía. "Esto es un gran golpe", dijo el martes el fiscal regional del Biobío, Julio Contardo, pese a que el tribunal absolvió a 13 mapuches, no aceptó el delito de asociación ilícita terrorista y sólo reconoció delitos terroristas en incendios a cabañas, sin determinar responsables.
Añaden que la falta del "liderazgo" militar se sustenta en que, por ejemplo, en Lleu Lleu, tras la detención de Llaitul, los delitos violentistas disminuyeron a casi cero.



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RECUPERAR NUESTRAS TIERRAS NO ES DELINCUENCIA RESISTENCIA Y AUTODEFENSA NO ES TERRORISMO

"En tanto, que para los presos políticos mapuche, imputados en este Juicio, se trata de un proceso de recuperación de tierras y reivindicaciones históricas del Pueblo Nación Mapuche, en el cual se desarrollaron ejercicios básicos y necesarios de auto defensa en el marco de la resistencia de las comunidades mapuche, en resguardo de sus derechos fundamentales"
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