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La Ley Antiterrorista y la criminalización de la causa mapuche

>> viernes, 1 de agosto de 2014

La Ley Antiterrorita v/s Movimiento Autonomista Mapuche, aportes para el debate.

Los gobiernos neoliberales, al igual que sus economías necesitan de ciertos acomodos en el trascursos de su desarrollo. Esto con el fin de consolidarse,  perfeccionarse y profundizar sus dinámicas, situación que no es fácil para las élites. Por esto es que construyen relatos que empaticen con las necesidades populares, con sus demandas profundas y sentidas, llenarlos de soluciones en el marco del populismo, pero bajo ningún concepto promover procesos de participación donde se cuestione el modelo y se generen nuevas prácticas culturales o económicas, profundizar el paternalismo de Estado y su brazo asistencial, y por supuesto perfeccionar las tácticas represivas y persecutorias.  Quien cuestione el modelo será perseguido, quien logre avances cualitativos en esa dirección y profundice prácticas tendientes a descolonizar nuestro quehacer, propugnando una identidad e historia propia, será encarcelado, reprimido o muerto. Esa es la dicotomía de este modelo, por un lado ofrece un paraíso, inexistente, para los clientes de esta dinámica de desarrollo y por otro te persiguen y estigmatizan como terrorista. La premisa principal es que la obediencia es una virtud del mapuche bueno, y la proclamación de un proyecto de liberación nacional y su consabida autodefensa son prácticas del mapuche malo.  

Frente a las declaraciones del Sr. Peñailillo, Ministro del Interior, donde platea que existe una comisión de expertos analizando la Ley Antiterrorista, para hacerle cambios profundos, con el sentido de perfeccionarla y modernizarla.  Y que en los próximos 60 días, podría ingresar un proyecto de ley al congreso para su discusión y tramitación. Queremos compartir una opinión del preso político mapuche CAM Héctor Llaitul, como un aporte a la reflexión, y también nos permita tomar posición al respecto:


La Ley Antiterrorista y la criminalización de la causa mapuche


La actual ley antiterrorista, Ley N° 18.314, es una herencia de la dictadura militar. Fue en el año 1984 que la Junta Militar decretó su existencia con el objeto de perseguir y aniquilar a los opositores. Ella señalaba como acciones terroristas el secuestro, la destrucción de aeronaves, intentos de magnicidio, atentados con explosivos y envenenamiento de aguas, entre otras. Posteriormente, en 1991, en plena “democracia”, se incluye el delito de incendio.
Como ya ha quedado ampliamente registrado, esta ley provocó un sinnúmero de actos de violación a los derechos humanos durante todo el periodo dictatorial. A su vez, ella fue nuevamente utilizada en los primeros años de la Concertación, que buscó afanosamente perseguir y aniquilar a los grupos subversivos que mantenían estrategias político militares y, posteriormente, para ser aplicada en contra del movimiento mapuche autónomo.
Sin embargo, debemos precisar que, una vez que irrumpe con fuerza el movimiento mapuche, las primeras medidas represivas fueron otras leyes y jurisprudencias, como la Ley de Seguridad del Estado (Ley N° 12.927), creada en los años 50 y reformada y perfeccionada durante la dictadura como mecanismo represivo para el control político. Será con la instauración de la reforma procesal penal y la presión de los grupos económicos, que se fortalecieron los argumentos jurídicos para el uso de la Ley Antiterrorista contra la causa mapuche, pues ella tiene un carácter punitivo más fuerte y de mayor alcance represivo que la ley común.
Su estreno se produjo el año 2002, cuando se presentaron las primeras querellas por parte del gobierno de Ricardo Lagos, las que derivaron en dos sendos procesos investigativos de persecución en contra de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM). Uno, que tuvo más resonancia publicitaria, en la lX Región, conocido como Asociación Ilícita Terrorista y cuya consecuencia inmediata fue la detención y prisión de una veintena de militantes y dirigentes mapuches como la Chepa, Llaitul, Norín, Huenchunao, Pichún, entre otros. Paralelamente y como resultado de querellas invocando la Ley Antiterrorista presentadas por autoridades locales, entre ellas Rodrigo Peñailillo, cuando era gobernador de Arauco, se abrió otra investigación en el Tribunal de Cañete, que derivó en la misma figura de Asociación Ilícita Terrorista en contra de la CAM, pero esta vez en la VIII Región.
Ambas causas siguieron sus propios cursos, pero finalmente no prosperaron, ya que los comuneros detenidos fueron sobreseídos, y los imputados absueltos después de pasar más de un año presos.
Los casos donde sí hubo condena en base a la Ley Antiterrorista son los conocidos como: el caso de los loncos (Pichún y Norin), el caso Ancalaf y el caso Poluco-Pidenco, en los cuales todos los procesos tuvieron condenas entre 5 y 10 años.
Durante el último período de Ricardo Lagos y durante todo el gobierno de Michelle Bachelet hubo innumerables presentaciones de querellas que derivaron en procedimientos con resultado de cárcel para decenas de mapuches, pero con el tiempo, producto de las movilizaciones del pueblo mapuche, denuncias internacionales, acuerdos y negociaciones, muchos de estos procesamientos fueron retirados o se vieron abortados y no hubo condenas por la Ley Antiterrorista. Pese a que entre 2008 y febrero del 2010 el gobierno de Bachelet invocó la Ley Antiterrorista en siete causas, con un total de 54 comuneros mapuche imputados por delitos terroristas.
La última ocasión donde se utilizó la Ley Antiterrorista y se condenó a dirigentes mapuche de acuerdo a su normativa fue la causa conocida como “la emboscada al fiscal Elgueta”. En las distintas fases de este proceso, se utilizaron todos los mecanismos que permite esa ley, desde la querella hasta los procedimientos jurídicos-policiales, de investigación, de prisión preventiva y el uso de la figura del testigo protegido. Con ello se produjo un cúmulo de documentación judicial frente a la cual al tribunal no le queda otra cosa que estimar los estándares de prueba que presenta el Ministerio Público, principalmente las declaraciones del testigo protegido, lo que rompe todo principio de debido proceso.
Sobre la utilización del testigo protegido, no entraremos en mayores detalles, salvo reafirmar que su uso contraviene tratados internacionales ratificados por Chile y que actualmente están vigentes, como son el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros organismos de la ONU. El uso de testigos protegidos ha sido fuertemente cuestionado porque representa una limitación inaceptable del derecho a la defensa. Y es particularmente grave si las pruebas o testimonios que presentan son cruciales para la acusación y una condena que puede depender de ellas.
Resulta indiscutible que el anonimato de los testigos amplíe el margen de falso testimonio, inducido por posibles sobornos, extorsión o manipulaciones, incluso derechamente la compra de testigos.
Se requiere de un análisis exhaustivo por parte de especialistas en materia de los derechos humanos acerca de cómo ha operado la Ley Antiterrorista en las distintas causas contra comuneros mapuches, especialmente de la figura del testigo protegido, para entender su impacto negativo. Ello es necesario para captar por qué este instrumento jurídico-político, de corte absolutamente ilegítimo e inmoral, es nuevamente utilizado para hacer frente a un pueblo que demanda sus derechos fundamentales.
CÓMO OPERA LA INJUSTICIA
Todo comienza cuando ocurre un hecho que tiene componentes de fuerza política por parte de un sector organizado del pueblo mapuche, que en determinadas condiciones genera violencia, independientemente de si se trata de una protesta, reivindicación o es parte de un quehacer más político estratégico. Siempre es el Estado el que define, por presión de los poderes económicos o políticos dominantes, la forma de criminalización de esa acción. Ello se acompaña siempre con una fuerte campaña mediática que presiona por una calificación de terrorismo y que termina cuando el Gobierno se querella ante los tribunales. Entonces ya han construido la “realidad terrorista”.
Una vez presentada la querella, los tribunales otorgan poder a los fiscales y policías para que apliquen todas las medidas y procedimientos que les garanticen el uso de esa Ley, con prerrogativas para acciones que rayan en la ilegalidad y la absoluta impunidad o falta de responsabilidad. Siempre con grandes recursos, que les permiten incluso tener informantes pagados y agentes infiltrados.
Una vez que se determina la prisión preventiva, estamos frente a la “realidad terrorista perfeccionada”, con las más diversas acusaciones producto de las mentes de los fiscales y querellantes, instalando un discurso oficial de condena previa. Se trata de una larga prisión preventiva que supera con creces el tiempo determinado para la investigación.
Durante dicho periodo se establece también el “secreto de la investigación” que permite la manipulación y confección de pruebas, a través del reclutamiento de “testigos secretos”, obtención de muestras de sangre o saliva, muchas veces a la fuerza, reconstituciones de escena, etc. Siempre desconocidas por la defensa de los imputados.
La utilización de testigos secretos requiere de un trabajo de reclutamiento, a través de la tortura, extorsión o pago. Estos jamás se presentan de manera espontánea como los testigos comunes, más bien son llevados ante el tribunal a la fuerza.
Rrespecto del “Testigo 26” en el caso Elgueta y Jorquera, el comunero Elcides Pilquiman, se trata de un ex reservista del Ejército, que trabajó como guardia privado y presenta antecedentes penales. Antecedentes desconocidos por el Tribunal en el momento del juicio, debido a su calidad de “testigo secreto”. No obstante, dos de los jueces del Tribunal Oral de Cañete y posteriormente la propia Corte Suprema, validaron dicho testimonio como única prueba para condenar. El testimonio del “Testigo 26” tiene la exclusividad como prueba para la condena que hoy cumplimos Ramón Llanquileo y yo.
El Juicio Oral con Ley Antiterrorista de por medio tiene los mismos vicios. Es el resultado de todas las violaciones cometidas en contra del debido proceso en la fase previa, concediendo legitimidad a las pruebas presentadas por el Ministerio Público, sobre todo en el caso en que el Tribunal valida dichas pruebas a la hora de determinar la condena. En el caso Llanquileo/Llaitul el testimonio del “Testigo 26” fue considerado en todas las instancias del proceso, llegando hasta la Corte Suprema, cuyos expertos jueces rechazan la veracidad de dicho testimonio en el “Caso Elgueta”, rebajando a 10 años la condena de los dirigentes de la CAM, pero, extrañamente, validan su testimonio en el “Caso Jorquera”, ratificando la condena del tribunal de Cañete.
Cabe mencionar que debido a que el Tribunal Militar no consideró el testimonio del “Testigo 26”, los dirigentes de la CAM fueron absueltos, lo que demuestra que no existían otras pruebas. Con esto se podría concluir que los Tribunales Militares son más garantistas que los civiles.
Es por ello que el último relator de las Naciones Unidas que visitó a los presos políticos mapuche insistió y recomendó:
“A quienes hayan sido condenados basándose en el testimonio de testigos anónimos se debe dar el derecho a que sus condenas sean revisadas y, en su caso, sea ordenado un nuevo juicio que tendría lugar bajo las disposiciones de la legislación penal ordinaria, sin recurrir a testimonios anónimos”.
La existencia de una Ley Antiterrorista nace, existe y se moderniza con el objetivo de perseguir y reprimir a un supuesto enemigo interno, cuya existencia es construida a la fuerza por quienes ven sus intereses amenazados. Es decir, nace en contra de los movimientos anticapitalistas y, en nuestro caso particular, del Pueblo Nación Mapuche.
Frente a ella, nuestra posición es una sola: estamos en contra de la existencia de esta Ley Antiterrorista y no vamos a participar en los debates sobre su modificación, modernización o ajuste. Dicha ley existe para perseguir a los movimientos sociales, y criminalizar sus justas demandas. En Chile no existe terrorismo y menos en la causa mapuche. El despojo, el abuso y la discriminación es lo que ha vuelto a gatillar una resistencia contra el modelo económico-social imperante.


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Sra. Bachelet NO LE CREEMOS. Nación Mapuche Vs Expansión Forestal

>> martes, 27 de mayo de 2014

Dentro de las tareas del actual movimiento mapuche autonomista, es el de ser capaces de realizar un diagnóstico claro de la realidad de nuestras comunidades y de nuestra nación mapuche en general, generar debate y analizar no tan solo las coyunturas, también su permanente quehacer. Vital para determinar posiciones y consolidar un proyecto político estratégico que responda a esta definición y a un contexto real. En tal sentido, podemos decir que es innegable que el sistema económico actual no representa ni responde, bajo ningún concepto, nuestros fundamentos políticos, espirituales ni culturales como mapuche. Por estos motivos nos declaramos anticapitalistas, también por las profundas desigualdades que provoca y su constante homogenización cultural.  
La expansión forestal en wallmapuche, es uno de las expresiones del capitalismo más brutales, pues contiene todos los elementos que ponen en riesgo nuestra sobrevivencia como nación. Necesita de grandes extensiones de territorio y cantidad de agua para su desarrollo, producen por tanto perdida territorial y escases hídrica en las comunidades, incluso llegando al extremos de no tener ni para el consumo humano, abasteciendo a nuestra gente a través de camiones aljibes. Además, al ser plantaciones exóticas, generan una profunda degradación ambiental y rompe con los equilibrios naturales, a la vez contaminación por el uso extensivo de plaguicidas. También no existe, ninguna relación entre el avance forestal, con el bienestar de las familias en el territorio, ni siquiera como fuente laboral, más bien se relaciona con la cesantía y migración. Por tanto la imposición de este modelo de desarrollo es uno de los problemas actuales para nuestra nación, y su proyección y consolidación el objetivo principal del actual gobierno.
El actuar, del gobierno de Bachelet, ante esta situación es contradictorio, sin mencionar los “esfuerzos” que intentan realizar para contener las crecientes demandas del movimiento mapuche en general, que no son más que juegos conceptuales, pues todo lo concerniente, incluido en su programa de gobierno, está sujeto a evaluación por parte del ejecutivo y legislativo, promoviendo solo palabras de buena crianza, pero confeccionando trajes a la medida para el modelo neoliberal, como son el Ministerio de Asuntos Indígenas, el Consejo de Pueblos indígenas, implementación del Convenio 169 o el actual escenario que han instalado para perfeccionar la Ley Antiterrorista. Modernización y desarrollo país en el marco del sistema CAPITALISTA. En tal sentido decimos Sra Bachelet NO LE CREEMOS.    
La postura de la CAM al respecto, como parte del movimiento mapuche autonomista y  ante la consolidación de este modelo de desarrollo en wallmapuche, es de resistencia. Expulsar estas expresiones de territorio ancestral y combatir su instalación a través del sabotaje y la recuperación territorial productiva. No existe otro camino, las empresas forestales son el enemigo número uno del pueblo nación mapuche y por consiguiente de nuestro proceso de liberación nacional.
Visibles son las intenciones del nuevo gobierno, pues somos capaces de darnos cuenta de su verdadero rostro. Que no es más que la continuidad de una administración que vela por los intereses de las empresas trasnacionales y un modelo de desarrollo que subsidia la oferta, consolidando el modelo extractivista forestal a través de prorrogar el DL 701, por consiguiente su inminente expansión en territorio ancestral mapuche. En definitiva una retórica del efectismo que por un lado dice asumir la demanda historia y por otro profundiza prácticas productivas nocivas para el bienestar de nuestro pueblo nación. Que por un lado dice no aplicará la ley antiterrorista, pero no asume responsabilidades ante los que ya fueron condenados a través de la ley antiterrorista.   
Entendemos que el actual escenario es complejo, pero también de confrontación, desenmascarado el actual gobierno sabemos que antes sus intenciones necesitaran mostrar gobernabilidad y que tiene el sartén por el mango, por tanto mientras exista resistencia  habrá represión, cárcel y muerte.
Ahora si combatimos al modelo capitalista, es en el sentido de resinificar nuestro principio del weichan, pues así como lo hicieron nuestros ancestros ante la expansión española o chilena, con un claro gesto de sobrevivencia, nosotros asumimos esa responsabilidad bajo los mismos principios. Que asumimos de manera crítica nuestro pasado y autonomista nuestro presente y su proyección. Que hemos elegido el camino que nuestro pu longko nos han señalado, con una clara convicción de resistir ante los embates de un gobierno que no escatimará en esfuerzos por sostener su modelo productivo, pero que no podrá someter por mucho tiempo la voluntad de nuestra nación de querer liberarse.

WEWAIÑ
Por Autonomía y Territorio hacia la Liberación Nacional
Libertad a todos los Presos Políticos Mapuche
Fuera Forestales de Territorio Ancestral
                                                                 
Por Wichan

PD: Acompañamos nuestra nota de otra, que se encuentra en la página www.resumen.cl, y difundida por www.rebelion.org. Consideramos que en sus breves párrafos resume una certeza difícil de ocultar.

Fuente: www.resumen.cl
Este 21 de mayo, en el mismo discurso en que Bachelet afirmó que "hemos propuesto reconocer a las aguas como un bien nacional de uso público", anunció que "los bosques son un pilar importante de nuestra economía y hay que apoyar la inversión en ellos, una que sea social y medioambientalmente sustentable. Con ese fin, prorrogaremos la vigencia del DL 701". 
La presidenta confunde o, lisa y llanamente, miente al nombrar por bosques a las plantaciones forestales. Un bosque es un conjunto diversos de árboles y otras especies que conviven en un espacio determinado. En ellos hay ciclos regulados naturalmente que aseguran su sustentabilidad y servicios ambientales, tales como la provisión de agua y alimentos. 
Nada de esto es propio de las plantaciones forestales, dispuestas exclusivamente para proveer de madera al negocio forestal, con árboles exóticos de rápido crecimiento, que al ser plantados al mismo tiempo y en razón de 1600 por hectárea consumen grandes cantidades de agua, provocando la escasez hídrica que actualmente padecen miles de personas en las comunas calificadas "de vocación forestal". 
Contradictorio, Bachelet reconoce que esta situación ha sido agravada por "la sobreexplotación de las cuencas y del mal uso de los derechos de agua" y minutos después declara que los monocultivos forestales, se expandirán con financiamiento estatal. 
Prorrogar la vigencia del Decreto 701 significa continuar con la bonificación estatal para los gastos de plantación forestal, cubriendo el 90% de los gastos de los pequeños propietarios, el 75% para los medianos y un 50% para los grandes. Todos irán a vender la madera al duopolio de Forestal Mininco y Arauco, controladores del precio. Y, finalmente también serán sus dueños quienes seguirán siendo los beneficiados con el consumo de agua. 
Aumentar la fabricación de pulpa de celulosa es uno de los propósitos de la expansión forestal. En febrero de 2014 se aprobó el proyecto de Modernización y Ampliación de Planta de Celulosa Arauco (MAPA). Según el informe que Celulosa Arauco presentó al Servicio de Evaluación Ambiental, continuará captando agua del río Carampangue. Cuando la ampliación esté funcionando tendrá un consumo promedio de 2.2m3/segundo, o sea de 2.200 litros por segundo equivalentes a 190.080.000 de litros al día. Si se considera que la Superintendencia de Servicios Sanitarios reporta un consumo medio de 117 litros de agua por habitante, en el territorio correspondiente a la distribución de Essbio, se puede establecer que el consumo diario de agua de esta planta, será mayor que la de los habitantes de la provincia de Arauco y Concepción juntas. 
Qué veracidad puede tener el reconocimiento del agua como bien nacional de uso público cuando se promueve su explotación y agotamiento en beneficio de privados.


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CHANTAJE DEL MINISTERIO PUBLICO A LA CORTE DE APELACIONES DE CONCEPCION

>> sábado, 22 de marzo de 2014

Por Elisa Jerez
 
Fiscal Alvaro Hermosilla, sin pudor señaló a los MCS que si no se les mantiene en secreto la identidad a sus 14 Testigos no habrá proceso,  "Si no se mantiene la reserva de identidad de los testigos secretos, el Ministerio Público será incapaz de seguir con la acción penal, haciéndose imposible la continuación de este procedimiento”.

"Al leer al señor fiscal, me parece francamente un chantaje a la ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción y un abierto abuso de poder. Me pregunto, a un año de encarcelamiento de mi hijo, a un año de investigación, a mas de dos años de los hechos? es permitido que un fiscal que cuenta con todo los medios, solo sostenga su acusación en 14 Testigos sin Rostro? a las que en ningún caso protege; pues sabrá ud que los 23 recursos de protección que él ha solicitado son para las Empresas Forestales, Arauco, Mininco y Volterra. Entonces, por qué razón no podemos conocer la identidad? quiénes son estas 14 personas? con quién se vinculan? quiénes son sus empleadores? Quién las extorsiona? el Ministerio Público? Las Empresas Forestales? las Policías?"

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COMUNICADO CAM

En relación a los dichos del Intendente de la Araucanía Francisco Huenchumilla y ante el nuevo ascenso de la Sra. Bachelet como presidenta de Chile, la CAM señala lo siguiente:

1. Que como Coordinadora Arauco Malleco no vamos a  confiar ni en los gestos ni en las palabras de quienes por tantos años han defendido los intereses del empresariado y para ello, utilizando la represión y la persecución a través de la Ley Antiterrorista.     
Tampoco vamos a confiar en los responsables políticos de la muerte de Alex Lemun y la implantación de la Operación Paciencia, que reprimió a las comunidades en resistencia y a nuestra organización en particular, encarcelando a más de 15 de nuestros dirigentes. A lo que se sumaron, además, los asesinatos por la espalda de Matías Catrileo y Mendoza Collio.
No vamos a hacer vista gorda, ni vamos a olvidar el rol que cumplieron Rodrigo Peñailillo como Gobernador de Arauco, José Miguel Insulza como Ministro de Interior, Francisco Huenchumilla como Secretario General de la República y Gustavo Villalobos en la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), el mismo socialista que hoy dirige dicha agencia con cerca de 140 agentes.

2. Que las declaraciones del Sr. Huenchumilla en cuanto a reconocer la deuda histórica del Estado Chileno con el Pueblo Mapuche, son comprendidas como la permanente retorica con que los gobiernos de turno intentan sobrellevar, y sin siquiera asumir el peso de la historia, las desmandas del movimiento mapuche autonomista. Comprendemos también que no son producto de una opción voluntaria del actual Gobierno, ni menos las bases de una propuesta mayor, si no de una imposición, en el marco sistema capitalista globalizado, de las Naciones Unidas y de los organismos internacionales. Así también, el programa del actual gobierno de la Sra. Bachelet en materias como el reconocimiento pluricultural, generación de estatutos especiales de autonomía, creación del ministerios indígena junto al consejo indígena, compras de tierras, incluyendo la no aplicación de la Ley Antiterrorista.

3. Cuando la Sra. Bachelet dice que quiere promover un nuevo trato, nosotros decimos ¿Nuevo trato? Cuando le dará continuidad a la administración del modelo neoliberal que causa estragos en el Wallmapu, basándose en una economía de tipo extractivista y depredadora, que persiste en explotar los recursos naturales vitales para nuestro pueblo. Así se observa en la arremetida de las forestales, Decreto Ley Nº 701 y la militarización que custodia sus predios y reprime las movilizaciones, las mineras, los derechos de aguas, las centrales hidroeléctricas, etc. Comprendemos que en la práctica, sus palabras entran en claras contradicciones con los intereses económicos de empresariado forestal, hidroeléctrico y minero, principalmente, y ese nunca ha sido el papel de la institucionalidad política, al contrario actúan y actuaran como sus garantes, por tanto letra muerta.

4. Que comprendemos como medidas reales; la desmilitarización del territorio mapuche, la libertad de los Presos Políticos Mapuche y comenzar un verdadero proceso masivo de devolución de tierras a las comunidades, basadas en las tierras ancestrales.

5. Finalmente como CAM ratificamos que el único camino es el Control Territorial y la lucha por autonomía, hacia la liberación nacional. Haciendo un llamado a las comunidades y demás organizaciones a no dejarse engañar, a fortalecer el proceso por la verdadera autonomía y no ha negociar bajo un marco desfavorable. Que sea cual sea el gobierno de turno, continuemos ejerciendo nuestro derecho a la rebelión y a la autodefensa, utilizando la violencia revolucionaria en contra de las inversiones capitalistas en el Wallmapu.

 Coordinadora Arauco Malleco
Wallmapu, 18 de marzo de 2014

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LA DISPUTA DEL FUNDO EL CANELO

Escrito desde la prisión, por: Ramón Llanquileo Pilquimán, Prisionero Político Mapuche, Dirigente CAM de la Zona del Lleu Lleu, Wünen del Proceso de Recuperación Territorial de Choque.


Es una ilusión pensar que en estos días cuando llevamos más o menos 140 años de colonialismo sólo por parte del estado Chileno -sin considerar la intromisión española en el Wallmapu- que el mapuche sigue siendo un hombre justo, honesto, leal y que respeta al Admapu.

No es nada de difícil descubrir esta cruel realidad que se va a ir agudizando más en la medida que los mapuche no sepamos con claridad a que mundo aferrarnos, al occidental colonialista o al mundo mapuche y su necesario proceso de reconstrucción nacional. En otras palabras las opciones serían: O nos dejamos seducir por el discurso de integración o nos arrogamos el derecho a buscar la verdadera libertad como pueblo.

La primera opción va ganando terreno y uno lo puede ver en los anhelos del mapuche de hoy o bien en la competencia desleal y descarada que hacen muchos ya sea buscando el reconocimiento de la sociedad mayoritaria (la chilena – occidental) o formándose como profesionales bien calificados, pero olvidados de su pasado. A si mismo “los comuneros” se debaten entre la pelea por conservar los cercos y la propiedad privada y la pelea por rescatar migajas y asistencialismo al estado chileno que sin duda es entregado por el estado a cambio de su obediencia y sumisión.

Lo claro es que el Mapuche esté donde esté, en el campo o en la ciudad puede ver que nos tienen tragando los sapos de un modelo económico capitalista; en la ciudad somos simples obreros con un sueldo mínimo, sueldo que se ocupa para pagar cuentas y comprar y tener, y de vez en cuando nos acordamos de los viejos en el campo o bien nos reunimos con nuestros pares y añoramos los lindos tiempos del ayer. Por otro lado la vida en el campo ya no es atrayente, no hay tierra dicen los jóvenes y se van a la ciudad, otros tienen tierra y la plantan con eucaliptus, las poquitas que tienen pues piensan en la compra de la camioneta o para ello botan el monte nativo y plantan y plantan hasta en el mismo estero.

Esta es la realidad en la zona de Lleu Lleu, por lo tanto, no debiéramos ilusionarnos con las “luchas” que están dando ciertos grupos que  aparecen en determinadas coyunturas políticas. Y sigo, algunos generan conflicto para ver si cae algo, para agarrar algo, proyectos de cabañas, de ampliación de casa, de viviendas, de caminos, proyectos de invernaderos, de telares, proyecto para construir ruka, compra de unos pares de hectáreas de tierra, proyecto para plantar frambuesa, proyecto para plantar eucaliptus, etc. Pareciese que ningún mapuche fuera capaz de sobrevivir sin un proyecto del estado y muchos ya piensan “que bueno es el estado, o que bueno este gobierno, o este otro era mejor porque  ese sí nos ayudó harto” pero la pregunta aquí es ¿A cambio de qué? O piensan que el Gobierno da de todo sin pedir nada a cambio. Grave error, los transforma en seres dependientes y sumisos, avaros de los proyectos y los hace pelear entre ellos si es que a alguno el proyecto le salió más grande. Es esta, la misma gente mapuche la que agarra proyectos y agarra tierras compradas por la CONADI quienes hoy se han apropiado de la lucha por el fundo “El Canelo” en Tranaquepe.

Dirigidos por Adolfo Millabur (Militante del Partido Socialista y Alcalde de Tirúa que percibe por su cargo cerca de tres millones de pesos mensuales), José Huenchunao y apoyados por el ex jesuita Luis García Huidobro. Ellos se han presentado justo en el momento cuando la empresa forestal Volterra manifestó su decisión de vender pues ya no podían producir tranquilamente. Pero quienes provocaron tal decisión es aquí el tema: los que provocaron tal situación, lo que lucharon y lucharon por años ese espacio territorial, sufriendo los cuestionamientos, los sapeos y hoy la prisión, fue y es la gente de la CAM, a los que ya buscan borrar estos seudo dirigentes amparándose en algunos dirigentes locales que no tienen la formación política para discernir si es correcto o no apropiarse de la lucha de otros cuando ya la mesa está casi servida. Aquí se expresa como realmente el sistema capitalista se ha impuesto. “Aprovecharse del esfuerzo y sacrificio de otros para luego señorearse, igual que un patrón que abusa y goza de la fuerza laboral de su peón”.

Con todo esto no estoy diciendo que ese espacio debe ser para asegurar el bienestar económico de la gente de la CAM y de sus dirigentes, NO, simplemente que creemos en lo justo y es que ese espacio territorial debe ser para quienes lo han luchado históricamente: Choque y Miquihue. Proceso del que yo fui testigo y partícipe en la última entrada al fundo El Canelo por el lado de los Herrera, ahí en el ciprés donde actualmente vive la familia Neculqueo. Miquihue y Choque a ellos les corresponde y nosotros como CAM en esa dirección lo luchamos. Pero sobre todo para sus nuevas generaciones. Y esta es justamente la llamada a participar del proceso de reconstrucción nacional, sacudiéndose del colonialismo ideológico, reencontrándonos con nuestros valores y sobre todo luchar por construir una propuesta política propia, alejada de los intereses personales, alejada de los grupos y partidos políticos chilenos, sean de izquierda o de derecha, pues seguir amparados en tales grupos es una contradicción ideológica, razón por la cual creemos que si hay intereses de grupos y partidos políticos chilenos en las organizaciones Mapuche y sus demandas todo se hecha a perder y se pudre.

Muchos pueden considerar válido el trabajo del Alcalde de Tirúa Adolfo Millabur, pero su lógica es capitalista ya que jamás a sido partidario de frenar la integración y el asistencialismo estatal, el mismo ha venido allanándole el camino a los grupos económicos forestales y mineros y por más de 20 años ha mantenido un clientelismo político con la gente y sus comunidades, por lo tanto ha mantenido la paz social. Así lo ordena su partido, el socialista, que es partidario de administrar bien el modelo económico neoliberal, a tal punto llega su advenimiento con el sistema, que el día 06 de Marzo en una declaración pública de la misma empresa Volterra -propietaria del Fundo el Canelo- se reconoció que han existido negociaciones entre el alcalde, la Gobernación de Arauco y la empresa firmante. En vista de este nuevo antecedente solo nos queda recalcar que en esta movilización se ha mentido descaradamente al afirmar que existe por parte de ellos control territorial sobre ese espacio ya que la negociación existe previo a las actuales acciones emprendidas por estas nuevas comunidades armadas y movilizadas artificiosamente por el Sr Millabur y Huenchunao, pero el hecho de que la Empresa Volterra se esté viendo forzada a abandonar ese espacio responde a la presión que ejerció y ejerce la CAM durante 15 años haciendo eco del reclamo histórico que tienen las comunidades de Choque y Miquihue sobre ese territorio, una lucha que ni el señor Millabur ni su gente dio.

Los avances en materia territorial y la contención al sistema económico capitalista y sus empresas NO se deben al esfuerzo ni al sacrificio del Señor Millabur, todo lo contrario ha podrido todo ya que hoy ha generado una nueva división al interior de las comunidades eso sí más marcada, todo con el fin de contener y combatirnos a nosotros los CAM y nuestra propuesta política. Pues la gente comenzaba a visualizar que la CAM estaba frenando el sistema capitalista y estaba dignificando la vida Mapuche con la reapropiación de los recursos económicos, de espacios territoriales y del fortalecimiento de nuestras prácticas culturales, así mismo lo vio el enemigo y nos transformó en sus verdaderos enemigos, a los que había que combatir: persiguiéndonos, luego encarcelándonos, validando a costa nuestra sus instrumentos jurídicos nefastos, tales como la Ley Antiterrorista y su figura del testigo protegido y avalando la delación compensada, además del procesamiento por justicia militar, razón por la que hoy estamos en prisión, dentro de lo mismo y entendiendo que la lucha CAM era la más correcta hasta un chileno decidió acompañarla y también está pagando los costos de seguir los lineamientos políticos de la CAM, asumiendo la prisión, por lo tanto el hecho de que las empresas vayan en retirada en la zona, no es producto de alguna “lucha” dada por el Sr. Millabur, y el Sr. Huenchunao, como así tampoco de Sr. Santos Reinao(PPD). Esto último me pone en alerta y me hace pensar: ¿Es tanta la Cobardía de mis hermanos y tan hondo ha entrado en ellos el colonialismo ideológico, que esperan que otros luchen por ellos?

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EL REFORMISMO MAPUCHE Y SU ALIANZA ESTRATEGICA CON EL EMPRESARIADO FORESTAL



La lucha por el territorio y la autonomía  son las aspiraciones y demandas más sentidas y pretendidas por la mayoría de las organizaciones mapuche y ciertamente este es uno de los objetivos estratégicos de las agrupaciones que nos encontramos en resistencia en el wallmapu. Sin embargo, aun hay vacíos tanto políticos como ideológicos para asimilar dicho proceso y muchas veces confundimos las distintas líneas políticas  y se termina subordinado a la institucionalidad opresora.


En este sentido nos llama la atención, que por el sólo hecho de haber mapuche involucrados y sin análisis previos,  se corre a apoyar procesos que aunque en el discurso parecen revolucionarios, en la práctica  lo único que buscan son salidas integracionistas dentro de la institucionalidad winka y opresora.


Por lo anterior, es importante que si hablamos de autonomía, acotarla para su mayor comprensión e implementación, entendiéndola bajo tres dimensiones; independencia organizativa y política, autonomía como autoafirmación de nuestra identidad y autonomía de pensamiento basadas en un proceso permanente de descolonización ideológica. En definitiva, pensar y actuar desde criterios propios.


Particularmente, ya hace algunas semanas se han recibido informaciones respecto de procesos de recuperación del fundo “El Canelo”,  que junto a la Puntilla de Tranaquepe son espacios territoriales, actualmente, en manos de Volterra y Mininco respectivamente, reivindicados históricamente por las comunidades del sector.  Que hoy exista interés por parte de Volterra de vender, nos es producto de su sensibilización antes las demandas de nuestras comunidades, sino al continuo sabotaje a las faenas de esta empresa y al proceso de control territorial productivo que las comunidades han realizado, con diversa intensidad y permanencia, durante años.


Extrañamente,  ahora que efectivamente Volterra decide vender, aparecen como siempre los oportunistas que actúan como mediadores entre las comunidades, la CONADI y la Forestal,  y que con discursos neoliberales o integracionistas, pretenden hoy conducir, someter, condicionar y capitalizar para sus propios intereses y los del sistema, procesos que se han levantados con perspectiva autonómica desde hace años; favoreciendo ventas especulativas en que CONADI paga valores por sobre el valor real a las forestales.


Como muy bien lo señala  la declaración de Forestal Volterra:



“1.- Desde el 12 de octubre de 2013 a la fecha Volterra ha sido objeto de una ocupación ilegal y violenta del predio Tranaquepe por Comunidades Mapuches que reivindican derechos territoriales. Desde esa fecha, Volterra ha sostenido conversaciones con todas las instancias involucradas entre quienes se cuentan los Presidentes y Comuneros, el Alcalde de Tirúa, CONADI y el Gobernador de Arauco.



2.- Volterra ha buscado por medios pacíficos y conforme a la institucionalidad vigente, a través de CONADI….”


A través de la presente denunciamos a algunos de dichos operadores políticos y su rol en el conflicto, cuya actuación tiene como objetivo desvirtuar el proceso llevado por las comunidades y promover el clientelismo político. Nos referimos a Adolfo Millabur y Santos Reinao Millahual, ambos ligados a la actual “Nueva Mayoría” y que históricamente han mediado para profundizar la integración al mundo winka, desde perspectivas asistenciales y de dependencia económica con la lógica productiva de las políticas públicas chilenas y que nuevamente los descubrimos actuando solapadamente.


 Adolfo Millabur


De la comunidad de El Malo,  alcalde de Tirua, Provincia de Arauco, Independiente del Partido Socialista. Electo por primera vez alcalde por la misma comuna en los periodos 1996 hasta 2008, concertacionista y acérrimo defensor de la privatización del territorio mapuche, particularmente, de las empresas forestales en wallmapu. A finales de los noventa levanta una propuesta a través de la Identidad Territorial Lafkenche, quienes propugnan "Reconocimiento, Justicia, Territorios, Derechos y Autonomía" pero siempre subordinados a la institucionalidad chilena, a su modelo político y económico. Claramente Millabur es un agente de intervención, que junto a su camarilla de dirigentes, cooptan dirigente de distintas comunidades enarbolando banderas de lucha, por autonomía y territorio, pero que en la práctica su acción siempre termina favoreciendo  las inversiones privadas. Es más, nunca se ha recuperado ni una hectárea de tierra  gracias a los negociados de Millabur, exceptuando algunas entrega de tierras en otras comunas.


Millabur ha respaldado públicamente la recuperación del fundo El Canelo, de parte de cinco comunidades (PJ) de los sectores de El Malo, Ranquilhue y Choque, algunas de las cuales, por fundamentos históricos, no les corresponde dicho predio, generándose conflictos con otras comunidades que sí tienen derechos históricos sobre esas tierras. De pasada expulsando al adversario político de Millabur,  Santos Reinao Millahual,  a través de acciones de hostigamiento a las faenas que éste llevaba a cabo en conjunto con Volterra.


 Santos Reinao Millahual


De la Comunidad de Miquihue, militante del Partido por la Democracia (PPD) y dirigente mapuche en la zona, candidato a la Alcaldía de Tirúa y adversario de Adolfo Millabur. Actualmente contratista de Forestal Volterra. A todas luces sus intereses son evidentes, pues él ha optado por un modelo de producción contradictoria con nuestra idea de autonomía y nuestro derecho ancestral. Planteando siempre salidas subordinadas, al igual que Millabur, a los intereses de quienes los contratan. Estimulando a las comunidades a aceptar e integrarse a esta forma de subsistencia, la cual se constituye en “pan para hoy y hambre para mañana”.


En su calidad de contratista recluta jóvenes mapuche para trabajar para Forestal Volterra en la cosecha del eucaliptus.


Millabur y Reinao son las dos caras de una misma moneda, son claros agentes de intervención y manipulación, supeditando el diálogo a sus intereses propios designados por las empresas trasnacionales y compromisos políticos, son más de los mismo que asumiendo un discurso reivindicativos desarrollar la profundización de la dependencia a modelos chilenos de inversión y asistencia.


Por lo anterior y por todas las lamentables situaciones provocadas por la política de entrega de tierras del Estado chileno (Concertación y Alianza) a través de este tipo de operadores políticos, es que como organización, rechazamos enfáticamente el intervencionismo y manipulación política que realizan dichos operadores, confundiendo a las comunidades y confrontándolas entre sí. Por ello reafirmamos que el único camino para la recuperación de nuestro territorio es el Control Territorial a partir  de las demandas ancestrales y a través de nuestras organizaciones tradicionales y no en base a las Comunidades (PJ), si no de los antiguos lof. Sólo esta estrategia es la que permite unidad, autonomía y autodeterminación y evita las luchas fratricidas.


En este escenario debemos defender nuestros caminos de autonomía política y territorial como un claro gesto de dignificar nuestras propias capacidades como mapuche y como Nación, que nuestra autonomía debe estar expresada en la separación con los partidos y otras influencias políticas winka. No seguir legitimando a la institucionalidad política y económica, revitalizando lo propio como parte fundamental de nuestros procesos de autoafirmación. Se debe poner fin a la subordinación política, económica y simbólica a toda expresión que no parta de nuestro feyentun ka mapuche kimun.  Dignificar nuestra identidad y fortalecernos como mapuche, desde lo mapuche, permite convencernos de nuestra acción política y que conlleve una práctica antisistémica y emancipadora. 



POR AUTONOMIA Y TERRITORIO HACIA LA LIBERACION NACIONAL

LIBERTAD A LOS PRESOS POLITCOS MAPUCHE




Comisión Política CAM
Wallmapu, 14 de marzo de 2013

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COMUNICADO CAM


En relación a las declaraciones realizadas en televisión abierta por Raúl Castro Antipan, quien hace referencia a nuestra organización durante toda la entrevista, señalamos lo siguiente:

1.- Las declaraciones de Castro Antipan son parte de una estrategia mayor de los servicios de inteligencia y el Estado chileno: La criminalización de nuestro justo derecho por autonomía y territorio como Nación oprimida y en particular la deslegitimación de nuestra organización y propuesta política.

2.- La presencia de Castro Antipan, claramente no es voluntaria, es instalado por quienes les rinde devoción, siendo visiblemente manipulado, con un claro objetivo político.

3. Que Castro Antipan, efectivamente fue un infiltrado, pero solo logro dañar una red de apoyo y un par de comunidades en resistencia. Nunca tuvo la categoría de militante de la CAM, por lo que su accionar no repercutió en otras zonas, ni en estructuras internas.

4. Que sus dichos no tienen ningún valor para las fiscalías ni para los tribunales, ni siquiera para Carabineros pues tampoco es legitimado por estos, de hecho producto de su delación compensada no existe ningún peñi condenado. Su rol es sólo de carácter comunicacional.

5. Debemos enfatizar que su discurso es parte de los mismos discurso recalcitrante de los defensores del libre mercado, que por años han intentado instalar en el imaginario de la sociedad chilena y mapuche. Transformar la resistencia de nuestra Nación en una acción criminal, abusando de adjetivos y relatos llevados al limite de la razón. Castro Antipan es una caja de resonancia de un discurso aprendido y que son parte de una nueva ofensiva comunicacional.

6. Por último, repetimos que como organización asumimos nuestra responsabilidad en las acciones en contra de las expresiones del capitalismo en territorio mapuche, enmarcadas en un proyecto político, diferenciándonos de acciones en contra de personas, bienes de campesinos, escuelas etc.  Las acciones de la CAM son claramente identificables, y nuestros ORT son los que tienen la responsabilidad de asumir nuestra autodefensa como nación y nuestro derecho a la rebelión.


 LA AUTODEFENSA Y LA RECUPERACIÓN TERRITORIAL NO SON UN CRIMEN
AUTONOMIA Y TERRITORIO
LIBERTAD A LOS PRESOS POLÍTICOS MAPUCHE


Comisión Comunicaciones CAM
Wallmapu, 14 de marzo de 2014

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DENUNCIA: Cuando el informante y/o testigo secreto es la única prueba para condenar

>> martes, 18 de febrero de 2014

La aplicación de la Ley Antiterrorista, el uso de los Testigos Protegidos en causas contra mapuche y  las Recomendaciones del Relator ONU Ben Emmerson.


El estado chileno y los gobiernos de turno, durante ya largos años han querido transformar la reivindicación territorial y política por parte de las comunidades mapuche en lucha, en un crimen. Las legítimas demandas, por autonomía y territorio, son acalladas con persecución política, represión, cárcel y muerte. Su respuesta es la criminalización y la imposición forzosa de un modelo económico capitalista totalmente contrario a nuestro ad mapu, ad mogen ka mapuche kimun. Cuestión que, produce un profundo deterioro, no tan solo territorial, sino también de los espacios espirituales vitales, como ngellatuwe, tren tren, mahuida, trayenco y sus ngemapu. La resistencia de nuestros pu peñi, lamngen y comunidades, van más allá de un espacio territorial de subsistencia, sino también de su equilibrio y su posibilidad de mantener lo necesario para nuestro desarrollo integral desde lo propio, permitiendo así nuestra permanecía, reconstrucción y proyección como pueblo nación.         

Los instrumentos de la Infamia

En este escenario criminalizador es en donde se van perfeccionando estrategias represivas, por parte de los gobiernos de turno.  Una de ellas es la aplicación de la Ley Antiterrorista, mecanismo que vulnera todas las garantías de un debido proceso; secreto de la investigación, largas prisiones preventivas sin la posibilidad  de otras medidas cautelares, agravamiento de las penas y el uso de los testigos protegidos o sin rostro.

Este último se ha convertido en el principal instrumento para perseguir  y, en contadas oportunidades, para condenar como es en el Caso Elgueta-Jorquera, que como consecuencia hoy tienen cumpliendo prisión efectiva, desde hace ya cinco años, a los peñi Llaitul y Llanquileo, en la cárcel El Manzano de Concepción. 

Como se plantea en una denuncia, de agosto del año 2010, por parte de Comisión Prisión Política CAM:

 “La práctica de los “testigos protegidos”, debilita gravemente el derecho a la defensa y la capacidad de ésta para refutar tales pruebas, ya que la identidad y la conducta de los testigos (exigidos a los testigos de la defensa), tienen una relación directa con la credibilidad de estos. Es posible, que los propios testigos tengan antecedentes penales o rencillas personales o políticas en contra de los acusados. Al mismo tiempo, los testigos pudieran ser inducidos por policías y fiscales a mentir impunemente, bajo la protección de estos, bajo soborno o extorsión. Todo esto se agrava cuando los “testigos sin rostro” son, realmente, imputados confesos, que pese a ello han sido liberados por sus propios persecutores bajo la figura de “no perseverar en la acusación”, sin embargo, ni siquiera la Ley Antiterrorista, a través de la delación compensada, permite salir sin polvo y paja a quienes se declararon culpables y fueron formalizados por tales delitos”

DENUNCIA: Cuando el informante y/o testigo secreto es la única prueba para condenar.

Actualmente se encuentra en la palestra el rol y colaboración del testigo protegido y actual informante Raúl Castro Antipan, situación expuesta en aquella época, junto a un listado no menor de testigos protegidos, en donde estaban mencionados también: Los Hermanos Ñancucheo, Jaime Pilquiman,  Elcides Pilquiman y José Santos Jorquera, cada uno con distintas características.

En este sentido no estamos hablando de un hecho aislado, como se pretende plantear, ni de responsabilidades  sólo de Carabineros; el rol de Castro Antipan es sólo una arista, de una estrategia mayor en donde están involucrados  el Ministerio del Interior, Ministerio Público y las policías, la cual se viene aplicando desde hace años.

            Sin embargo,  en el caso Castro Antipan, a pesar de sus cometidos y “esmerada labor “, finalmente,  nunca se  condenó a un peñi, producto de la delación de este informante a sueldo. Al contrario, paradojalmente, el único condenado fue él mismo al admitir públicamente su participación en el “caso Tur Bus” y el caso del “peaje Quino”, ocurridos en julio y octubre de 2009.  Además, por su testimonio como testigo protegido de la Fiscalía, treinta comuneros mapuche han sido encarcelados y posteriormente liberados entre el año 2009 a la fecha.
Distinta es la situación y rol fundamental que cumplió el  testigo protegido Nº 26 en el juicio del Caso Elgueta-Jorqueraen Cañete, el que se transformó en la única prueba para condenar  a  Ramón Llanquileo, Jonathan Huillical y José Huenuche a 8 años y Hector LLaitul a 14 años de presidio.

Nos referimos al comunero Elcides Pilquiman, quien bajo el mismo modus operandi del Ministerio Publico y la policía,  fue primero presionado en calidad de imputado, a partir de una causa pendiente por delito común, para luego reclutarlo como informante y finalmente, utilizarlo como “testigo secreto”.

Por tanto se concluye que;

-    Existe una estrategia general por parte del Ministerio del Interior, articulada por parte de la Dipolcar, PDI y Ministerio Publico con el objetivo de criminalizar y generar las condiciones para perseguir y condenar a comuneros mapuche.

-       En el caso que exista un objetivo político-judicial  de lograr una condena; a los anteriores organismos del estado se suman también los Tribunales de Justicia (De Garantía, Orales y hasta la Corte Suprema) quienes dan a los Testigos Protegidos  la validez  probatoria, transformándoles en el gran mecanismo para lograr condenas efectivas.

Es importante mencionar entonces, que los únicos casos que se encuentran en esta situación, es decir, que han sido condenados debido a la aplicación de la Ley Antiterrorista y además por el testimonio de Testigos Secretos, son los  ocurridos durante los gobiernos de la Concertación con los casos Longkos, Ancalaf  y  Poluco-Pidenco  y  el ocurrido en el periodo de Bachelet  y Piñera, nos referimos al Caso Elgueta-Jorquera.  

Por estas razones, todas estas causas y condenas fueron presentadas ante la CIDH.


Por lo anteriormente expuesto y de acuerdo a sus observaciones y conclusiones,  el relator especial de la ONU Sr. Ben Emmerson, indicó de manera categórica lo siguiente:

“... debería cesar todo uso de la legislación antiterrorista en conexión con las protestas territoriales Mapuche.  Esta legislación se ha convertido en parte del problema y no parte de la solución…”

“…Se ha aplicado en forma desproporcionada contra los defendidos Mapuche, y se ha implementado sin una política coherente y objetiva para distinguir aquellos casos que cumplen con el umbral para determinar si un acto es de terrorismo y los que no”.

Señalando además que:

 “Quienes fueron condenados por el testimonio de testigos protegidos deberían tener el derecho de que se revisen sus condenas y, cuando resulte apropiado, que se realice un nuevo juicio bajo las disposiciones de la legislación penal ordinaria, sin recurso a testimonios anónimos.”

            Es decir, Ben Emmerson hace un claro llamado al Estado Chileno a revisar las condenas de los presos políticos mapuche que fueron procesados y condenados por Ley Antiterrorista y el uso de Testigos Secretos, como es el Caso Elgueta-Jorqueraque mantiene en prisión, desde hace cinco años, a Héctor LLaitul y Ramón LLanquileo.


Comisión Prisión Política - CAM
Wallmapu, febrero de 2014

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RECUPERAR NUESTRAS TIERRAS NO ES DELINCUENCIA RESISTENCIA Y AUTODEFENSA NO ES TERRORISMO

"En tanto, que para los presos políticos mapuche, imputados en este Juicio, se trata de un proceso de recuperación de tierras y reivindicaciones históricas del Pueblo Nación Mapuche, en el cual se desarrollaron ejercicios básicos y necesarios de auto defensa en el marco de la resistencia de las comunidades mapuche, en resguardo de sus derechos fundamentales"
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