Instituto de Derechos Humanos presenta escrito en la Suprema para anular juicio contra mapuches.

Loreto Soto

RADIO UNIVERSIDAD DE CHILE

Viernes 6 de Mayo 2011 17:59 hrs.

La directora del Instituto de Derechos Humanos, Lorena Fríes, presentó ante la Corte Suprema una opinión en derecho para respaldar el recurso de nulidad presentado por la defensa de los comuneros mapuche condenados en el juicio de Cañete escrito argumenta que la utilización de la Ley Antiterrorista suprime las garantías a un debido proceso.

Este jueves la Corte Suprema deberá decidir si acoge el recurso de nulidad presentado por la defensa de los comuneros mapuche que fueron condenados en el juicio de Cañete, a raíz de las irregularidades que se presentaron en el proceso por la aplicación de la Ley Antiterrorista.

Por lo mismo, la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Lorena Fríes, presentó ante el máximo tribunal chileno un amicus curiae, es decir, una opinión en derecho para respaldar la solicitud de los abogados de los mapuche de que se anule la sentencia.

La abogada explicó en conversación con la segunda edición del programa RadioAnálisis de nuestra emisora que el Instituto tiene la facultad de manifestar esta opinión jurídica a cualquier Poder del Estado y que, este caso, el escrito está basado en las falencias que tiene la Ley Antiterrorista en relación a las garantías que tienen los ciudadanos a un juicio justo.

“Estamos convencidos que la Ley Antiterrorista no cumple con los estándares internacionales en materia de derechos humanos y que ha implicado una cantidad de obstáculos para una justa defensa de parte de los imputados”, comentó Fríes.

La jurista recordó que de los 17 imputados, 14 quedaron absueltos y que los cuatro restantes fueron condenados “por las ventajas procesales, es decir, por la utilización en la investigación de las prebendas que otorga esta ley para llegar a una condena común”, dijo.

De hecho, esta legislación permitió además que se determinaran fuertes sentencias, que terminaron por otorgar 25 años a Héctor Llaitul y 20 a Jonathan Huillical, José Huenuche y Ramón Llanquileo.

En este sentido, Fríes manifestó que “bajo todo punto de vista nos parece que eso requiere de una revisión y eso es lo que planteamos”, pero señaló que “el Poder Judicial es un poder autónomo, independiente y decidirá en derecho lo que mejor le parezca”.

La abogada especialista en derechos humanos destacó además la labor que está realizando el organismo que encabeza para precisar que los delitos cometidos por los comuneros mapuche se enmarcan dentro de la lucha por la recuperación de sus terrenos ancestrales y que de ninguna manera constituyen una asociación ilícita terrorista.

“Hay que saludar la idea de que hoy contamos con un Instituto, que ha levantado la voz desde que surgió en la causa mapuche. Justamente para que estos procesos sean contextualizados en lo que tiene que ver con reivindicaciones legítimas del pueblo mapuche, donde efectivamente se han cometido delitos, pero estamos claros que no necesariamente significan que estemos en un país donde hay una especie de convulsión terrorista”, afirmó.

Por otro lado, la abogada no descartó la utilización de un recurso de las mismas características en el Caso Bombas, pero precisó que no corresponde a esta parte del proceso, ya que recién se está preparando el juicio oral y no han existido sentencias condenatorias.

“Hay grave cuestionamiento y se han descartado una gran cantidad de pruebas y, por lo tanto, todavía hay mucho que desarrollar en ese campo. Por cierto que nosotros tenemos facultades para presentar en las instancias procesales que correspondan, opiniones jurídicas respecto de las situaciones que se están viviendo, siempre y cuando nos enmarquemos en opiniones que den cuenta de cómo garantizar de mejor manera los derechos que tienen las personas que se ven sometidas a proceso”, comentó.

Tanto en este caso como en el juicio de Cañete se ha cuestionado la aplicación de la Ley Antiterrorista que, según han indicado distintos organismos internacionales y expertos, ha suprimido las garantías fundamentales del debido proceso, lo que desencadenó extensas huelgas de hambre de parte de los afectados en protesta por esta situación.