Diputados critican doble discurso del Gobierno sobre los mapuches

Los familiares de los presos que cumplieron 63 días en ayuno denunciaron que el abogado del Interior pidió ese pronunciamiento. Integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la cámara señalaron que esta acción gráfica que el Gobierno no ha cumplido los compromisos  con los mapuches, pues con su accionar justificarían las pruebas del juicio basadas en la Ley Antiterrorista.

Francis Parra Morales

Francis.parra@diarioconcepcion.cl

Un llamado al gobierno a no tener un doble discurso en relación a los mapuches y a cumplir los compromisos contraídos con los comuneros en huelga de hambre el año pasado, realizaron en Concepción los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Sergio Ojeda, Manuel Monsalve y Sergio Aguiló.

Los Parlamentarios abordaron la situación que atraviesan cuatro mapuches condenados a penas de 20 y 25 años de cárcel por el Tribunal de Cañete, por el atentado contra el fiscal Mario Elgueta, al termino de una reunión que sostuvieron con el presidente e la Corte de Apelaciones penquista, entidad que debe revisar la apelación por esta misma causa.

 Los parlamentarios recordaron que el tribunal militar “que es mucho mas severo e implacable”, absolvió de los cargos a los comuneros, sin embargo, el Tribunal de Cañete los condeno por las mismas causas y llevo a Héctor Llaitul, Ramón Llanquileo, José Huenuche y Jonathan Huillical a iniciar el 15 de marzo una huelga de hambre. Su defensa presento un recurso de nulidad ante la Corte Suprema, solicitando la realización de un nuevo juicio, sin testigos secretos.

Junto con expresar su actitud critica frente a los procesos que condenaron a los mapuche en huelga, los parlamentarios recalcaron que ellos “quieren justicia no un perdonazo”. Según los parlamentarios, el Gobierno no cumplió los compromisos contraídos el año pasado con los comuneros, porque se uso la herramienta de la Ley Antiterrorista, los testigos secretos, para condenarlos”.

Como prueba, dijeron, esta el hecho de que son los propios abogados del Ministerio del Interior “los que están alegando contra el recurso de nulidad presentado por la defensa”. Al respecto, familiares y abogados privados de los mapuches denunciaron ayer el doble estándar del Gobierno, reflejado en la actuación del abogado del Ministerio del Interior, Sebastián Dalpozo, quien solicitó al máximo tribunal que rechace el recurso de nulidad interpuesto por la defensa.

“Esta actitud demuestra que aun siguen avalando la aplicación de la Ley Antiterrorista y pronunciándose a favor de los testigos sin rostros y las irregularidades al debido proceso durante el juicio en los tribunales de Cañete. No existe voluntad política ni menos una actitud por parte del Ejecutivo  que apunte a responder las demandas planteadas   por los mapuches condenados. En definitiva, se demuestra el trato discriminatorio  y de persecución ante los que evidentemente representan nuestros presos políticos, un proyecto de reconstrucción y liberación nacional” señala el comunicado que enviaron los familiares ayer.

Mientras , el ultimo informe  médico de los huelguistas, cuando cumplían 60 días de ayuno, da cuenta de la progresiva perdida de peso y debilitamiento de los cuatro comuneros.

Sacerdotes piden otro juicio

Los parlamentarios no han sido los únicos en reclamar por el compromiso incumplido del Gobierno o en emplazar al Ejecutivo y los tribunales al respecto. Hace unos días, a través de una declaración publica, un grupo de sacerdotes llamo a la Corte Suprema a “no lavarse las manos” como Pilatos, y tomar la decisión de anular el juicio que condeno a los cuatro mapuches.

También apuntaron al Gobierno, que “ha dicho que no puede hacer nada frente a la huelga de hambre porque ya cumplió su parte del acuerdo” adoptado durante la huelga de hambre de 2010. Pero, recordaron, a solo una semana antes de la sentencia contra los mapuches, el abogado querellante del Ministerio del Interior Guillermo Leyton planteó que “el gobierno tiene la convicción de que los hechos que se imputan ocurrieron, pero que en ningún caso son de carácter terrorista”. El problema, señalan los sacerdotes, “es que a esa convicción  los jueces llegaron a través de los procedimientos de la Ley Antiterrorista. De ahí la razonable petición de los mapuches de anular el juicio y hacer otro por delitos comunes, que era lo que el sentido común aconsejaba para cumplir los compromisos de la huelga de hambre anterior. ¿Es mucho pedir un debido proceso o es que el Gobierno no cree en la eficacia de la justicia penal ordinaria?”, añade la carta.