Una injusticia que avergüenza
La condena actualmente en ejecución de catorce años de presidio contra Héctor Llaitul y ocho contra sus compañeros Ramón Llanquileo, José Huenuche y Jonathan Huillical, aplicada por una sala de la Corte Suprema, es una injusticia que avergüenza al país.
El juicio oral de Cañete contra los comuneros mapuche se realizó bajo la feroz amenaza, orquestada por la Fiscalía, de una condena a ciento cuatro años de prisión para Llaitul, por actividades supuestamente delictivas en las que no había hechos de sangre.
Los colegiados del Tribunal, en decisión dividida, le aplicaron una de veinticinco. Frente a tanta severidad, catorce años de cárcel aparece como una pena reducida que, en la mentalidad de los tutores de esta indecencia, seguramente pudiera generar en la opinión ciudadana un estado de resignación y conformismo, cuando no de alivio.
La condena, en cualquiera de sus grados,sigue siendo, sin duda, injusta y moralmente inadmisible en su esencia, debe ser incansablemente denunciada y puesta en cuestión en Chile y fuera del país.
Se trata de un acto de autoridad encuadrado en una política global de Estado, fraguada durante varios gobiernos, que pretende invisibilizar como problema nacional las demandas del pueblo mapuche, criminalizarlas y reprimirlas a diario mediante la militarización del territorio.
Esta odiosa perspectiva se ha plasmado con el beneplácito y sostenido aplauso de los voceros de los grandes intereses económicos que han tomado por asalto los territorios de la Araucanía.
Forestales, mineras, salmoneras, empresas del rubro hidroeléctrico, hoy dueñas de crecientes extensiones de terreno y de sus aguas en esa región de Chile, abusan de los recursos naturales y ponen en jaque la existencia de comunidades mapuche y su patrimonio histórico y cultural.
Llaitul y sus hermanos, activistas destacados de su causa, fueron objeto de un aberrante doble procesamiento (en la justicia civil y militar) por los mismos actos supuestamente delictivos.
El juicio oral de Cañete se realizó de acuerdo a normas de la Ley Antiterrorista, establecidas para juzgar delitos tipificados en ese cuerpo legal, pero tanto la acusación final de la Fiscalía como los fallos de las dos instancias judiciales no establecieron ningún delito terrorista.
Curiosamente, mediante artilugios interpretativos, validaron un procedimiento que a todas luces no correspondía aplicar. Ignoraron la aplicación de tormentos a uno de los inculpados y avalaron la figura de los testigos anónimos, personajes que prácticamente no pueden ser cuestionados por la defensa.
Las injusticias que aquejan a nuestra sociedad y que enturbian nuestra convivencia son muchas y graves y todas ellas requieren visibilización, denuncia, reclamo, lucha organizada y políticas que las subsanen.
Ninguna, sin embargo, tiene la carga histórica, moral y cultural que caracteriza los agravios cometidos para someter la rebeldía mapuche, entre ellos el juicio contra Llaitul y sus compañeros.
Las arbitrariedades a las que me refiero, simple, lisa y llanamente, son una vergüenza para Chile y los chilenos, son atropellos de tal entidad que menoscaban el respeto a nosotros mismos y el que la comunidad internacional debiera tener por el país.
Tanta ignominia seguirá alimentando una justa y renovada indignación.
Mapuches condenados en Cañete recurrirán a Corte Interamericana de Derechos Humanos
Paula Correa
Familiares y abogados de los presos políticos mapuche condenados en el tribunal de Cañete confirmaron que presentarán acciones contra el Estado Chileno ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, esto por el irregular procedimiento judicial que se realizó en nuestro país y que incluso fue avalado la Corte Suprema.
Por una serie de infracciones cometidas al debido proceso en el llamado “Juicio de Cañete”, es que el caso de los comuneros mapuche Héctor Llaitul, Ramón Llanquileo, José Huenuche y Jonathan Huillical, llegará a tribunales internacionales.
Los dirigentes de la Coordinadora Arauco-Malleco fueron acusados de atentar contra el fiscal Mario Elgueta en octubre de 2008, por lo que se les sometió a casi dos años de prisión preventiva y luego a un largo proceso judicial, que fue sumamente cuestionado y que revisó incluso el Máximo Tribunal, determinando reducir las altísimas penas que se solicitaban pero, con ello, avalando el procedimiento.
En ambas instancias estuvieron presentes una serie de observadores internacionales, a raíz del escándalo que desató la aplicación de la Ley Antiterrorista, que amparó la utilización de testigos protegidos o “sin rostro”, entre otras polémicas como la denuncia de torturas por parte de la Fiscalía para obtener confesiones.
El abogado de Derechos Humanos Adolfo Montiel, uno de los patrocinadores de la causa, afirmó que los comuneros además fueron sometidos a un doble procesamiento en la justicia civil y militar, y calificó el proceso como “inconstitucional e inadmisible”.
“Es discriminatorio, racial e inconstitucional al condenarse dos veces por el mismo hecho. La Justicia Militar absolvió y después la Corte de Apelaciones confirmó la absolución por ataque a carabineros, y luego la Corte Suprema dice que el dolo es contra carabineros y no contra el fiscal, y condena a los comuneros por atentado contra el fiscal. Baja las penas de 15 a 3 años y un día, pero quedan condenados igual”, indicó.
El abogado advirtió que en este juicio se violó también el derecho a la legítima defensa, ya que el actuar de la defensa fue muy acotado. Por todas estas razones, la Comisión podría exigir que se entregue una indemnización a los comuneros y condenar al Estado por violar los Derechos Humanos, lo que también permitiría acelerar cualquier beneficio carcelario que hoy pueda estar entrampado.
Por su parte, la vocera de los presos políticos mapuche, Natividad Llanquileo, recordó que estos comuneros protagonizaron las huelgas de hambre del año 2010 y 2011, siempre exigiendo un juicio justo y que, pese a los cuestionamientos a las pruebas, fueron condenados.
Por eso añadió que el pueblo mapuche ya no tiene confianza en los tribunales chilenos y ha debido buscar real justicia fuera del país, y subrayó que “los tribunales son tribunales, la labor de justicia no se está ejerciendo con el tema mapuche, ni en varios temas más, donde la justicia es una aplicación de leyes hechas a medida de quienes las hacen y se favorecen”.
La dirigente mapuche añadió que este tipo de tramitación es carísima y se requiere apoyo de diversas organizaciones para poder financiarla. En tanto, los abogados defensores, entre los que figura Adolfo Montiel, Pablo Ortega y Alberto Espinoza, están trabajando para afinar detalles de la presentación y llegar a la Comisión antes del seis de diciembre, fecha en que vence el plazo para presentar este tipo de acciones.
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