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Mapuches: El Ministro Larroulet presiona a la Corte Suprema

>> miércoles, 1 de junio de 2011


Días antes de que la Corte Suprema decida si cabe anular el juicio a los cuatro presos políticos mapuche en huelga de hambre, el ministro Cristián Larroulet intervino ejerciendo presión indebida sobre el Poder Judicial en orden a acatar la sentencia del tribunal de Cañete. Este condenó a los comuneros con pruebas construidas en el marco de la cuestionada Ley Antiterrorista. 

Larroulet sostuvo que "ninguno de los comuneros fueron juzgados por delitos terroristas". Frase aparentemente anodina pero que en términos político-jurídicos es casi una orden al poder judicial para no cambiar el veredicto contra el cual los dirigentes presos están en huelga de hambre desde hace más de dos meses.  

El ministro secretario general de gobierno trató de influir directamente con sus declaraciones a la Corte Suprema para que ésta falle en el sentido del Ministerio Público. Larroulet lo hace desde su posición de poder. Desde arriba; desde el Estado. El ministro de la Segpres utiliza el peso de su cargo y viola en la práctica el principio de la separación de poderes del Estado. Pero además rompe con el "fair play" y con la dignidad de su función al emitir una declaración justo algunos días antes de que el mayor tribunal de justicia decida -el viernes- precisamente acerca del uso dado a  la Ley Antiterrorista en la condena de los 4 dirigentes mapuche.

Sin empacho alguno Larroulet viola una norma de consenso básico en una democracia.  

Se repite el mismo escenario político que en el proyecto de HidroAysén. Cuando el ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter le puso las riendas  a los seremis de Aysén para que aprobaran el proyecto depredador.  Así, el Estado interviene ejerciendo el peso del poder para imponer su voluntad.  

Un poco de cautela y prudencia no hubieran estado de más. Para nadie es un secreto que Larroulet pertenece a una familia de latifundistas del sur del país y su último empleo en L&D fue financiado por subvenciones de los grandes grupos económicos como el de los Matte, proprietarios de la Papelera (CMPC) y de Colbún-eléctrica, los mismos promotores de HidroAysén y que también tienen los ojos puestos en las tierras forestales reclamadas por la nación mapuche.  

Y el objetivo de la condena tuvo razones políticas: utilizar medios extra legales para dar una pena excesiva y disuadir a los que asumen la causa del pueblo y nación mapuche. 

Condicionados a pensar en el marco del régimen político posdictadura, la elite política binominal ni se inmutó ni interpeló al poder ejecutivo ante una violación flagrante del principio de la independencia del poder judicial.  

Difícil ignorar la maniobra. Aquí hubo atropello al principio republicano sobre el cual la retórica liberal se legitima. Postulado que en este caso se aplicaría para permitir que el poder judicial delibere sin coacción. Regla que en teoría los profesionales de la política dicen respetar y que desde Montesquieu guía el funcionamiento de las democracias representativas. Tampoco hubo reacciones desde el mismo poder judicial. Nadie para decirle al poder Ejecutivo: "déjenos hacer nuestro trabajo tranquilos Sr. Ministro". Lo que es un índice de la tolerancia excesiva ante la intromisión del poder Ejecutivo presidencialista en el régimen político chileno. Otra razón más para tirar al tacho de la basura la actual Constitución. 

Fue la defensora pública Paula Vial quien le salió al paso al ministro Larroulet. La abogado, según radio Cooperativa, aclaró que "los dichos del secretario de Estado no son del todo ciertos" [...] "en el sentido de que toda la investigación se desarrolló en el marco de esta ley (Antiterrorista) y el juicio en sí mismo también, y esto supuso una serie de prebendas procesales, de beneficios, que facilitaron un poco el arribar a esta sentencia, una sentencia que cuestionamos profundamente, que está basada principalmente en el testimonio de un testigo sin rostro que no podemos identificar y que tampoco podemos contrastar adecuadamente".  

Tienen que haber poderosas presiones e intereses en juego para que el ministro rompa con una regla tácita de la democracia liberal que la prudencia política recomienda en estos casos: abstenerse de tomar posición cuando un alto tribunal o instancia debe deliberar sobre un caso que mantiene en ascuas a millones de chilenos indignados, sedientos de justicia y cada vez más dispuestos a expresar su descontento y a ejercer su derecho de ser oposición en la calle.  

Leopoldo Lavín Mujica 

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RECUPERAR NUESTRAS TIERRAS NO ES DELINCUENCIA RESISTENCIA Y AUTODEFENSA NO ES TERRORISMO

"En tanto, que para los presos políticos mapuche, imputados en este Juicio, se trata de un proceso de recuperación de tierras y reivindicaciones históricas del Pueblo Nación Mapuche, en el cual se desarrollaron ejercicios básicos y necesarios de auto defensa en el marco de la resistencia de las comunidades mapuche, en resguardo de sus derechos fundamentales"
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