Justicia absuelve a comuneros mapuche por delitos terroristas

Paula Correa

FUENTE : http://radio.uchile.cl/noticias/103743/

Héctor Llaitul, Ramón Llanquileo, Jonathan Huillical y José Huenuche fueron condenados por homicidio frustrado y robo con intimidación por el ataque contra el fiscal Mario Elgueta. "Se quedan presos por pensar distinto y levantar una bandera de lucha", dijo uno de los liberados. Pese a no haber condenas por Ley Antiterrorista, hubo críticas por su uso durante el proceso, para mantener a los imputados en prisión preventiva y usar testigos sin rostro.

A pesar que todo el juicio se basó en la aplicación de la Ley Antiterrorista, el Tribunal Oral de Cañete no aplicó la figura jurídica en contra de los comuneros mapuche procesados por el atentado contra el fiscal Mario Elgueta, entre otros hechos ocurridos desde el 2005.

Finalmente a cuatro de ellos, entre quienes están Héctor Llaitul y Ramón Llanquileo, a quienes se les imputa ser los líderes de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), se les condenó por robo con intimidación y homicidio frustrado en contra del representante del Ministerio Público.

Jonathan Huillical Méndez y José Huneuche son los otros dos condenados en este proceso, que duró tres meses.

El presidente del tribunal dijo que si bien hay convicción de que los hechos descritos por el Ministerio Público revisten carácter terrorista, no se pudo acreditar que las personas imputadas tengan relación con lo sucedido.

Mientras, por el lado de los comuneros y de la defensa existen sentimientos encontrados, porque si bien muchos quedaron en libertad, pasaron más de un año en prisión preventiva.

El abogado defensor regional Georgy Schubert comentó que “por una parte, nos sentimos satisfechos de que a quienes nosotros defendimos terminaran absueltos. Lamentamos que muchos de ellos pasaron más de un año privados de libertad y una huelga de hambre además, exigiendo las garantías de un debido proceso”.

El profesional agregó que, sin embargo, “nos preocupan también aquellos que fueron condenados, porque se utilizó la confesión de uno de ellos, obtenida claramente con infracción a garantías mínimas. Él denunció torturas, existían antecedentes médicos de éstas y eso jamás fue objeto de una investigación imparcial. Por tanto, creemos que ha existido una vulneración a los DD.HH.”.

Por su parte, los comuneros denunciaron que la Ley Antiterrorista fue el hilo conductor del proceso, permitiendo la prisión preventiva y la declaración de testigos sin rostro, sobre la que se basó la sentencia final, y que no fue sino hasta el último momento que el abogado del Gobierno pidió la recalificación de los delitos.

Radio Universidad de Chile conversó en exclusiva con uno de los comuneros absueltos, Luis Menares, quien expresó su molestia por la resolución y señaló que este proceso sienta una base para la futura aplicación de esta ley: “En lo personal, más que tristeza, en la gente veo rabia. No solo aquí, en comunidades también. Aquí se sienta una base para la aplicación de la Ley Antiterrorista en todos los otros juicios, entonces es un tema que a todos nos tiene con rabia más que con pena. La rabia se siente al salir de la cárcel y que otros se quedan presos por pensar distinto y levantar una bandera de lucha del pueblo mapuche”, dijo.

Por su parte, la hermana de Ramón Llanquileo, Natividad Llanquileo, se refirió a los resultados del proceso, que -según indicó- se convirtió en un verdadero juicio político, cuya finalidad era encarcelar a sus líderes.

“Era lo que habíamos dicho durante todos estos días: que más que una persecución de carácter judicial, era una persecución política hacia la Coordinadora. Eso fue lo que pasó. Si bien es cierto sale mucha gente en libertad, también se quedan personas muy importantes para nosotros, personas que sabemos que van a seguir en este proceso de reconstrucción de nuestro pueblo, de la recuperación de tierras. Quienes han dedicado sus vidas a esto son los que se van a quedar adentro”, indicó.

En esta oportunidad sólo se resolvió la sentencia, sin embargo, la fecha para informar la condena se fijó para el 22 de marzo y las distintas comunidades indígenas, así como también observadores internacionales, advirtieron que estarán atentos para analizar los alcances de esta resolución.