Las estrategias sin límites del Ministerio Público:

PDI versus Carabíneros y las fantasías del fiscal Cruz.

Avanzados los alegatos en contra de 17 comuneros en los tribunales de Cañete, con la consabida insistencia de instalar la teoría de la embosca. Solo queda claro que a esta altura, y por que el sistema político judicial chileno lo permite, todo vale.

Por Wichan

El fiscal Elgueta y un sector corrupto de la PDI, que pretenden imponer el montaje de la “Emboscada al Fiscal” arremeten contra el mayor Ávila de Carabineros, filtrando información exclusiva que comprometerían a este alto oficial y otros dos uniformados, en relación a que estos habrían recibido coimas de parte de la forestales (comprometidas en el conflicto mapuche) para extender las medidas de protección a sus predios.

Esta acción (filtración) se puede entender en represalia, debido a que este oficial de Carabineros, habría declarado en el tribunal en contra de la teoría de la emboscada que sustentan fiscales y PDI, dejando entre ver que muchas de las declaraciones del propio fiscal y algunos funcionarios de la PDI se contradicen en términos absolutos de lo que exponen los funcionarios de Carabineros que eran parte de la caravana. Sobre todo con lo expresado por el propio oficial a cargo del operativo. De hecho el mayor Ávila sostuvo categóricamente la existencia de una fuerte discusión entre Elgueta y el mayor Golbert, jefe zonal de Carabineros en aquel entonces, y que este incidente ocurrió en Cañete. Esta declaración se opone completamente con lo sostuvo Elgueta en el Tribunal, quién negó el incidente y también haber estado en Cañete.  

En definitiva, se le pasa la cuenta a la versión de los efectivos de Carabineros por que contraviene la teoría de la emboscada que obsesivamente pretende imponer los fiscales, para de esta manera incriminar y poder condenar a los comuneros de Choque y a destacados militantes de la CAM que participaron en aquel proceso de recuperación territorial y político.

Es notorio en este caso que el actuar de los fiscales (Cruz y Elgueta) y un grupo selecto de investigaciones, no tienen límites. Actúan en la más absoluta impunidad, por que en la práctica nadie fiscaliza a los fiscales, y estos cuentan con toda las prerrogativas imaginables e inimaginables, algunas de las cuales se encuentran al margen de la ley que dicen defender. Las denuncias de montajes y actos asociados, como torturas y extorsión a comuneros para que actúen de “colaboradores”, se suman operaciones de inteligencia, como el manejo de ciertos programas de internet y el ahora sorprendente caso  del mayor Ávila, quién estuvo a cargo en terreno de los cuestionados campamentos forestales en zonas bajo demandas de comunidades mapuche.

La pregunta lógica frente a estas diferencias, entre un grupo de la PDI y un sector de Carabineros tentados por las obscuras políticas que llevan las empresas forestales es; ¿Qué función cumple el estado en esta situación?  Por que más allá de las disputas de carácter rastreras que llevan a las policías y fiscales en territorio en conflicto ¿Cuál es criterio político que prima? Claramente la condena a militantes mapuche y el aniquilamiento de un movimiento bajo cualquier argumento y pretexto, teniendo como límites la verosimilitud fantasiosa del fiscal Cruz, la ya conocida operatoria de los servicios de inteligencia nacionales y el actuar descarado y sin límites de las policías y las empresas trasnacionales. 

VER: Solicitan retiro voluntario a 3 altos mandos de Carabineros vinculados a presuntas irregularidades