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LAS DIVERSAS ARISTAS DE LOS INCENDIOS EN WALLMAPU Y LA PRODUCCIÓN FORESTAL

>> sábado, 7 de enero de 2012

Viernes 6 de enero 2012 15:21 hrs.

Hinzpeter y Chahuán se enfrentan por “intencionalidad” de los incendios y Ley Antiterrorista

Paula Correa y radio.uchile.cl
Fiscal Nacional en Palacio de la Moneda
Una lluvia de críticas han desatado las acusaciones del gobierno sobre la presunta responsabilidad de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM) en el incendio generado en La Araucanía. Los cuestionamientos pasan por la decisión de aplicar la Ley Antiterrorista y a la irresponsabilidad del Estado para prevenir y enfrentar la crisis.

El Secretario de Estado afirmó que con esta acción “se busca también brindarle protección a todos los chilenos que quieren una sociedad con seguridad” y solicitó al Ministerio Público que realice una investigación acuciosa para así localizar a los responsables. Hinzpeter reiteró que el Gobierno posee evidencia cierta para afirmar que los incendios fueron provocados con dolo o mala intención y atribuyó los hechos a la Coordinadora Arauco Malleco.Hoy el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, llegó hasta el Juzgado de Letras de Carahue para interponer una querella criminal invocando la Ley Antiterrorista por el incendio forestal que el jueves terminó con la vida de siete brigadistas en el sector Casa de Piedra, en la región de La Araucanía.
“Estos no son incendios que hayan sido producido por el azar o por la naturaleza (…) tienen inteligencia humana, perversa, detrás que en un mismo instante produjeron múltiples focos que dan cuenta claramente, a nuestro juicio, de intencionalidad.  La corresponderá a los tribunales de Justicia, y no al Gobierno, establecer las sentencias judiciales”, sentenció el jefe de gabinete.
Y pese a que el Gobierno sigue sosteniendo con fuerza la hipótesis del terrorismo en esta acción, han aparecido otras versiones, como la del Comandante de Bomberos de Carahue, Héctor Rebolledo, para quien el siniestro forestal se originó por la quema de hacen particulares para obtener carbón, lo que es común en la zona.
Por otro lado, el fiscal regional del Biobío, Julio Contardo, aseguró que, hasta el momento, no existe ningún peritaje que confirme la intencionalidad de los incendios forestales en esa zona y que dicha hipótesis sólo se basa en relatos.
Nuevo cara a cara
Un nuevo encuentro de declaraciones entre el ministro del Interior y el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, se produjo por este tema.
Frente a las acusaciones de intencionalidad de Hinzpeter, Chahuán llamó a la prudencia al Gobierno.
“Tenemos la voluntad de pedir a los tribunales que apliquen las sanciones más duras posibles, pero sobre la base de una investigación prudente, seria y que dé resultados certeros”, destacó el fiscal.
Chahuán también aclaró que es necesario distinguir “intencionalidad” con “negligencia o descuido”.
Asimismo, rechazó la idea de invocar la Ley Antiterrorista antes de terminar la investigación judicial, haciendo referencia a las versiones de bomberos sobre la quema para producir carbón.
“Nosotros tenemos que dejar claro que la Ley Antiterrorista, en el caso de la Araucanía, se ha ocupado muy escasamente por parte de la Fiscalía. Estamos hablando de siete casos, incluyendo las del Biobío, en su momento. Estamos hablando de una legislación especial. Y la única manera que tenemos como Fiscalía de determinar si hay o no una figura jurídica es investigando”, dijo.
En la misma línea, el Fiscal Nacional desechó “por ahora” la tesis esbozada por Hinzpeter acerca de la relación que tendrían los incendios en Carahue y a la quema de un bus del Transantiago y una moto de Carabineros, ocurridas en el marco de la conmemoración del asesinato de Matías Catrileo.
Al respecto, Chahuán negó que se  vaya a designar a un fiscal especial.  “Estimamos que por ahora no es imprescindible, ya que en el sur tenemos equipos especiales en el Maule, Biobío y la Araucanía. Se han trasladado reiteradamente los fiscales al sitio del suceso, se está coordinando muy fluidamente con Carabineros y la Policía de Investigaciones que también han destinado equipos especiales para hacer la investigación, en conjunto con Conaf. La Fiscalía ha ordenado sus piezas de la mejor manera posible y se está absorbiendo la demanda especial de estos siniestros sin descuidar las otras labores”.
Críticas de expertos
El abogado de Derechos Humanos, Jorge Contesse, calificó de “sumamente grave” esta acusación y recordó que Chile ya está “en la mira” de organismos internacionales por su actuación en territorio mapuche y, justamente, por aplicar esta normativa en contra de comuneros en procesos de protesta social.
“Es una acusación muy grave. Lo primero que hay que decir es que si hay intencionalidad para provocar un incendio, eso en el derecho penal chileno está sancionado, es un delito que no tiene penas bajas, pero de eso no se sigue que sea una acción terrorista. Para que sea una acción terrorista tienen que darse una serie de requisitos: que exista una organización detrás, que tiene una cierta articulación, con financiamiento,  y que las conductas están destinadas a provocar un terror en la población de tal magnitud que tenga que ver, incluso, con afectar la vida de las personas”, señaló el abogado.
Por otro lado, Jorge González, presidente de la Confederación de Trabajadores Forestales, quien además es un ex bombero, advirtió que el Gobierno sólo está buscando responsabilidades con el fin de ocultar la negligencia que  ha cometido en esta material.
“Es lamentable reconocer que este es el país de la improvisación, aquí todo se improvisa. Se hace un diagnóstico cuando hay problemas. Son negligencias. Lo importante es salir para afuera con el día a día, que las empresas sigan ganando plata,  que nadie se preocupe, que no haga mucho calor para que no haya incendios. Cuando en definitiva, cuando usted tiene medio país plantado, y con el cambio climático que estamos viviendo, usted sabe que tiene un incendio comprado en cualquier momento”, denunció.
Para González, la tragedia es sólo el mal resultado de una política mal manejada, ya que no basta con las brigadas para combatir este tipo de siniestros, sino que se deben aumentar los recursos de Conaf, crear de las brigadas una profesión reconocida, digna y bien remunerada, idear un sistema  de monitoreo permanente, pero más importante, se debe trabajar con la comunidad directamente y educar a la población.

 Uruguay







Un hongo afecta monocultivos
forestales en Chile
Que el caso sirva para repensar el modelo forestal en Uruguay


El ejemplo forestal chileno

El modelo forestal implementado en Uruguay se basa en los mismos argumentos y tiene los mismos objetivos que el modelo chileno. Es más, éste último siempre ha sido presentado como la mejor prueba del “éxito” de este modelo de grandes plantaciones de pinos y eucaliptos.

A los impactos sociales y ambientales ya documentados en Chile se suma ahora un nuevo problema, que muestra la enorme debilidad del modelo. A principios de junio un periódico de circulación nacional en Chile daba a conocer una misteriosa enfermedad que inquieta a las compañías forestales, en la zona de Arauco, al sur de del país.

En esa región de Chile, en el 2003 las plantaciones de pino comenzaron a ser atacadas por una enfermedad que aún no ha sido identificada y que tiene muy preocupada a la industria forestal. La enfermedad ataca las hojas de los pinos, tornándolas rojizas, otras en tono gris y algunas simplemente se secan totalmente hasta morir. Esta enfermedad ataca a principios del invierno y los pinos afectados son de entre 1 y 20 años de edad.

El académico Eugenio Sanfuentes, de la Universidad de Concepción, que investiga la patología, explica que “cuando el árbol pierde su follaje disminuye su fotosíntesis y, por lo tanto, crece menos y más lentamente. Cuando la defoliación es persistente o severa, el pino puede manifestar algún un tipo de estrés y quedar susceptible al ingreso de otros agentes patógenos. Incluso, cuando las pérdidas de follaje son consecutivas y lo atacan otros hongos, el árbol puede eventualmente morir”.

Desde que esta enfermedad misteriosa ronda por el sur de Chile en las plantaciones de este pino, los esfuerzos no han sido suficientes para encontrar la explicación científica de la aparición de la misma.


Salvando pinos a costa de la gente

Para poder controlar e impedir que esta enfermedad se propague, las empresas forestales han aplicado funguicidas sobre estas plantaciones, sin importarles el hecho de que las poblaciones adyacentes y sus fuentes de agua sufrieran las consecuencias.

Si bien todavía no logran saber el origen de la enfermedad y que hasta ahora los expertos solo pueden decir que es causada por un “hongo desconocido”, han decido aplicar en forma área el funguicida Captan, una sustancia altamente tóxica que no debería de ser utilizada en fumigaciones aéreas. Sin embargo, las autoridades chilenas del Servicio Agrícola Ganadero han autorizado el uso del funguicida Captan, teniendo en conocimiento de los graves peligros del uso de esta sustancia, agravados por su aplicación en forma de fumigaciones áreas.

Las poblaciones afectadas han manifestado síntomas físicos después que pasan los aviones fumigando, tal como irritación en los ojos, dolores de cabeza, náuseas, vómitos y diarrea, también han denunciado la muerte de sus colmenas.

Pero lo que importa es salvar la inversión de las grandes empresas forestales chilenas, sin importar el costo social, ambiental o la salud de las comunidades locales.


Aprender del caso chileno

De la misma manera que el caso chileno sirvió para justificar la expansión de los monocultivos forestales, lo que ahora está sucediendo en Chile debería servir para aprender de sus errores y limitar la expansión de tales plantaciones en Uruguay.

En ese sentido, el problema inherente a tales plantaciones es que se trata de monocultivos a gran escala, expuestos en cualquier momento a ser atacados por una plaga o enfermedad capaz de diezmarlos.

En nuestro país ya tenemos experiencia sobre el tema. En la década de los 60, se empezaron ha hacer grandes plantaciones de Pinus radiata (el mismo ahora afectado en Chile por el hongo), pero pocos años después hubo que suspender todas las plantaciones porque los pinos fueron primero atacados por la polilla del brote (Ryacionia buoliana),  y posteriormente por un hongo asociado llamado Diplodia pinea. En el momento actual, los nuevos pinos que se introdujeron (elliottii y taeda) están siendo atacados por una pequeña avispa (Sirex noctilio), que a su vez debilita a los árboles y los expone al ataque de hongos que los llevan a la muerte.

En términos más generales, en un manual  de la FAO se reconoce que en Uruguay ha habido un aumento de las plagas y de enfermedades tanto es eucaliptos como en pinos. En el caso de los eucaliptos, son afectados por 8 plagas y 21 enfermedades, en tanto que en pinos hay 7 plagas y 12 enfermedades.

En ese contexto, y en base a lo que está sucediendo en Chile cabe preguntar: ¿Cuál sería la actitud de nuestras autoridades si las 800.000 hectáreas de eucaliptos y pinos fueran atacadas por  alguna enfermedad o plaga? ¿Estarían dispuestas a tomar las mismas decisiones que las autoridades chilenas para la “protección de las monocultivos forestales”, implicando un uso masivo de agrotóxicos? ¿Estarían dispuestas a contaminar a la gente para defender las inversiones de las empresas forestales?

Sería bueno que este ejemplo sirviese a las autoridades uruguayas para darse cuenta de que ningún monocultivo y en este caso el forestal, es ambiental ni socialmente sostenible, sino que todos están permanentemente expuestos a la aparición –más tarde o más temprano- de plagas y enfermedades. Pero el caso de los monocultivos de árboles es aún peor, ya que por las grandes dimensiones –tanto de las plantaciones como de los árboles en si,-  la aplicación de agrotóxicos para protegerlos puede implicar daños sociales y ambientales que la sociedad de ninguna manera puede aceptar. ¿No habría que repensar entonces el modelo forestal hasta ahora predominante?

Los impactos de los monocultivos forestales en nuestro país ya se pueden apreciar. RAPALUruguay junto con varias organizaciones del país en el mes de abril ha lanzado una campaña exigiendo la  suspensión de la forestación y que se haga una evaluación económica, social y ambiental de la misma.

RAP-AL Uruguay
Red de Acción en Plaguicidas
en América Latina
8 de agosto de 2007


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"En tanto, que para los presos políticos mapuche, imputados en este Juicio, se trata de un proceso de recuperación de tierras y reivindicaciones históricas del Pueblo Nación Mapuche, en el cual se desarrollaron ejercicios básicos y necesarios de auto defensa en el marco de la resistencia de las comunidades mapuche, en resguardo de sus derechos fundamentales"
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