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LAS DIVERSAS ARISTAS DE LOS INCENDIOS EN WALLMAPU Y LA PRODUCCIÓN FORESTAL

>> sábado, 7 de enero de 2012

Viernes 6 de enero 2012 15:21 hrs.

Hinzpeter y Chahuán se enfrentan por “intencionalidad” de los incendios y Ley Antiterrorista

Paula Correa y radio.uchile.cl
Fiscal Nacional en Palacio de la Moneda
Una lluvia de críticas han desatado las acusaciones del gobierno sobre la presunta responsabilidad de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM) en el incendio generado en La Araucanía. Los cuestionamientos pasan por la decisión de aplicar la Ley Antiterrorista y a la irresponsabilidad del Estado para prevenir y enfrentar la crisis.

El Secretario de Estado afirmó que con esta acción “se busca también brindarle protección a todos los chilenos que quieren una sociedad con seguridad” y solicitó al Ministerio Público que realice una investigación acuciosa para así localizar a los responsables. Hinzpeter reiteró que el Gobierno posee evidencia cierta para afirmar que los incendios fueron provocados con dolo o mala intención y atribuyó los hechos a la Coordinadora Arauco Malleco.Hoy el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, llegó hasta el Juzgado de Letras de Carahue para interponer una querella criminal invocando la Ley Antiterrorista por el incendio forestal que el jueves terminó con la vida de siete brigadistas en el sector Casa de Piedra, en la región de La Araucanía.
“Estos no son incendios que hayan sido producido por el azar o por la naturaleza (…) tienen inteligencia humana, perversa, detrás que en un mismo instante produjeron múltiples focos que dan cuenta claramente, a nuestro juicio, de intencionalidad.  La corresponderá a los tribunales de Justicia, y no al Gobierno, establecer las sentencias judiciales”, sentenció el jefe de gabinete.
Y pese a que el Gobierno sigue sosteniendo con fuerza la hipótesis del terrorismo en esta acción, han aparecido otras versiones, como la del Comandante de Bomberos de Carahue, Héctor Rebolledo, para quien el siniestro forestal se originó por la quema de hacen particulares para obtener carbón, lo que es común en la zona.
Por otro lado, el fiscal regional del Biobío, Julio Contardo, aseguró que, hasta el momento, no existe ningún peritaje que confirme la intencionalidad de los incendios forestales en esa zona y que dicha hipótesis sólo se basa en relatos.
Nuevo cara a cara
Un nuevo encuentro de declaraciones entre el ministro del Interior y el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, se produjo por este tema.
Frente a las acusaciones de intencionalidad de Hinzpeter, Chahuán llamó a la prudencia al Gobierno.
“Tenemos la voluntad de pedir a los tribunales que apliquen las sanciones más duras posibles, pero sobre la base de una investigación prudente, seria y que dé resultados certeros”, destacó el fiscal.
Chahuán también aclaró que es necesario distinguir “intencionalidad” con “negligencia o descuido”.
Asimismo, rechazó la idea de invocar la Ley Antiterrorista antes de terminar la investigación judicial, haciendo referencia a las versiones de bomberos sobre la quema para producir carbón.
“Nosotros tenemos que dejar claro que la Ley Antiterrorista, en el caso de la Araucanía, se ha ocupado muy escasamente por parte de la Fiscalía. Estamos hablando de siete casos, incluyendo las del Biobío, en su momento. Estamos hablando de una legislación especial. Y la única manera que tenemos como Fiscalía de determinar si hay o no una figura jurídica es investigando”, dijo.
En la misma línea, el Fiscal Nacional desechó “por ahora” la tesis esbozada por Hinzpeter acerca de la relación que tendrían los incendios en Carahue y a la quema de un bus del Transantiago y una moto de Carabineros, ocurridas en el marco de la conmemoración del asesinato de Matías Catrileo.
Al respecto, Chahuán negó que se  vaya a designar a un fiscal especial.  “Estimamos que por ahora no es imprescindible, ya que en el sur tenemos equipos especiales en el Maule, Biobío y la Araucanía. Se han trasladado reiteradamente los fiscales al sitio del suceso, se está coordinando muy fluidamente con Carabineros y la Policía de Investigaciones que también han destinado equipos especiales para hacer la investigación, en conjunto con Conaf. La Fiscalía ha ordenado sus piezas de la mejor manera posible y se está absorbiendo la demanda especial de estos siniestros sin descuidar las otras labores”.
Críticas de expertos
El abogado de Derechos Humanos, Jorge Contesse, calificó de “sumamente grave” esta acusación y recordó que Chile ya está “en la mira” de organismos internacionales por su actuación en territorio mapuche y, justamente, por aplicar esta normativa en contra de comuneros en procesos de protesta social.
“Es una acusación muy grave. Lo primero que hay que decir es que si hay intencionalidad para provocar un incendio, eso en el derecho penal chileno está sancionado, es un delito que no tiene penas bajas, pero de eso no se sigue que sea una acción terrorista. Para que sea una acción terrorista tienen que darse una serie de requisitos: que exista una organización detrás, que tiene una cierta articulación, con financiamiento,  y que las conductas están destinadas a provocar un terror en la población de tal magnitud que tenga que ver, incluso, con afectar la vida de las personas”, señaló el abogado.
Por otro lado, Jorge González, presidente de la Confederación de Trabajadores Forestales, quien además es un ex bombero, advirtió que el Gobierno sólo está buscando responsabilidades con el fin de ocultar la negligencia que  ha cometido en esta material.
“Es lamentable reconocer que este es el país de la improvisación, aquí todo se improvisa. Se hace un diagnóstico cuando hay problemas. Son negligencias. Lo importante es salir para afuera con el día a día, que las empresas sigan ganando plata,  que nadie se preocupe, que no haga mucho calor para que no haya incendios. Cuando en definitiva, cuando usted tiene medio país plantado, y con el cambio climático que estamos viviendo, usted sabe que tiene un incendio comprado en cualquier momento”, denunció.
Para González, la tragedia es sólo el mal resultado de una política mal manejada, ya que no basta con las brigadas para combatir este tipo de siniestros, sino que se deben aumentar los recursos de Conaf, crear de las brigadas una profesión reconocida, digna y bien remunerada, idear un sistema  de monitoreo permanente, pero más importante, se debe trabajar con la comunidad directamente y educar a la población.

 Uruguay







Un hongo afecta monocultivos
forestales en Chile
Que el caso sirva para repensar el modelo forestal en Uruguay


El ejemplo forestal chileno

El modelo forestal implementado en Uruguay se basa en los mismos argumentos y tiene los mismos objetivos que el modelo chileno. Es más, éste último siempre ha sido presentado como la mejor prueba del “éxito” de este modelo de grandes plantaciones de pinos y eucaliptos.

A los impactos sociales y ambientales ya documentados en Chile se suma ahora un nuevo problema, que muestra la enorme debilidad del modelo. A principios de junio un periódico de circulación nacional en Chile daba a conocer una misteriosa enfermedad que inquieta a las compañías forestales, en la zona de Arauco, al sur de del país.

En esa región de Chile, en el 2003 las plantaciones de pino comenzaron a ser atacadas por una enfermedad que aún no ha sido identificada y que tiene muy preocupada a la industria forestal. La enfermedad ataca las hojas de los pinos, tornándolas rojizas, otras en tono gris y algunas simplemente se secan totalmente hasta morir. Esta enfermedad ataca a principios del invierno y los pinos afectados son de entre 1 y 20 años de edad.

El académico Eugenio Sanfuentes, de la Universidad de Concepción, que investiga la patología, explica que “cuando el árbol pierde su follaje disminuye su fotosíntesis y, por lo tanto, crece menos y más lentamente. Cuando la defoliación es persistente o severa, el pino puede manifestar algún un tipo de estrés y quedar susceptible al ingreso de otros agentes patógenos. Incluso, cuando las pérdidas de follaje son consecutivas y lo atacan otros hongos, el árbol puede eventualmente morir”.

Desde que esta enfermedad misteriosa ronda por el sur de Chile en las plantaciones de este pino, los esfuerzos no han sido suficientes para encontrar la explicación científica de la aparición de la misma.


Salvando pinos a costa de la gente

Para poder controlar e impedir que esta enfermedad se propague, las empresas forestales han aplicado funguicidas sobre estas plantaciones, sin importarles el hecho de que las poblaciones adyacentes y sus fuentes de agua sufrieran las consecuencias.

Si bien todavía no logran saber el origen de la enfermedad y que hasta ahora los expertos solo pueden decir que es causada por un “hongo desconocido”, han decido aplicar en forma área el funguicida Captan, una sustancia altamente tóxica que no debería de ser utilizada en fumigaciones aéreas. Sin embargo, las autoridades chilenas del Servicio Agrícola Ganadero han autorizado el uso del funguicida Captan, teniendo en conocimiento de los graves peligros del uso de esta sustancia, agravados por su aplicación en forma de fumigaciones áreas.

Las poblaciones afectadas han manifestado síntomas físicos después que pasan los aviones fumigando, tal como irritación en los ojos, dolores de cabeza, náuseas, vómitos y diarrea, también han denunciado la muerte de sus colmenas.

Pero lo que importa es salvar la inversión de las grandes empresas forestales chilenas, sin importar el costo social, ambiental o la salud de las comunidades locales.


Aprender del caso chileno

De la misma manera que el caso chileno sirvió para justificar la expansión de los monocultivos forestales, lo que ahora está sucediendo en Chile debería servir para aprender de sus errores y limitar la expansión de tales plantaciones en Uruguay.

En ese sentido, el problema inherente a tales plantaciones es que se trata de monocultivos a gran escala, expuestos en cualquier momento a ser atacados por una plaga o enfermedad capaz de diezmarlos.

En nuestro país ya tenemos experiencia sobre el tema. En la década de los 60, se empezaron ha hacer grandes plantaciones de Pinus radiata (el mismo ahora afectado en Chile por el hongo), pero pocos años después hubo que suspender todas las plantaciones porque los pinos fueron primero atacados por la polilla del brote (Ryacionia buoliana),  y posteriormente por un hongo asociado llamado Diplodia pinea. En el momento actual, los nuevos pinos que se introdujeron (elliottii y taeda) están siendo atacados por una pequeña avispa (Sirex noctilio), que a su vez debilita a los árboles y los expone al ataque de hongos que los llevan a la muerte.

En términos más generales, en un manual  de la FAO se reconoce que en Uruguay ha habido un aumento de las plagas y de enfermedades tanto es eucaliptos como en pinos. En el caso de los eucaliptos, son afectados por 8 plagas y 21 enfermedades, en tanto que en pinos hay 7 plagas y 12 enfermedades.

En ese contexto, y en base a lo que está sucediendo en Chile cabe preguntar: ¿Cuál sería la actitud de nuestras autoridades si las 800.000 hectáreas de eucaliptos y pinos fueran atacadas por  alguna enfermedad o plaga? ¿Estarían dispuestas a tomar las mismas decisiones que las autoridades chilenas para la “protección de las monocultivos forestales”, implicando un uso masivo de agrotóxicos? ¿Estarían dispuestas a contaminar a la gente para defender las inversiones de las empresas forestales?

Sería bueno que este ejemplo sirviese a las autoridades uruguayas para darse cuenta de que ningún monocultivo y en este caso el forestal, es ambiental ni socialmente sostenible, sino que todos están permanentemente expuestos a la aparición –más tarde o más temprano- de plagas y enfermedades. Pero el caso de los monocultivos de árboles es aún peor, ya que por las grandes dimensiones –tanto de las plantaciones como de los árboles en si,-  la aplicación de agrotóxicos para protegerlos puede implicar daños sociales y ambientales que la sociedad de ninguna manera puede aceptar. ¿No habría que repensar entonces el modelo forestal hasta ahora predominante?

Los impactos de los monocultivos forestales en nuestro país ya se pueden apreciar. RAPALUruguay junto con varias organizaciones del país en el mes de abril ha lanzado una campaña exigiendo la  suspensión de la forestación y que se haga una evaluación económica, social y ambiental de la misma.

RAP-AL Uruguay
Red de Acción en Plaguicidas
en América Latina
8 de agosto de 2007


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DENUNCIA PÚBLICA EN RELACION AL ABOGADO SR. NELSON MIRANDA

>> viernes, 30 de diciembre de 2011













                                                                                                                                                                                            

Los Presos Políticos Mapuche de la CAM, en virtud de una entrevista, dada a conocer el día hoy, realizada al Abogado Nelson Miranda y escrita por el Sr. Joaquín Pérez R. en el informativo digital www.resumen.cl. Ante los hechos que aquí se exponen y en contraste de los antecedentes que manejamos, tenemos la obligación de realizar una DENUNCIA PÚBLICA EN RELACION AL ABOGADO SR. NELSON MIRANDA y de esta formar informar y poner en sobre aviso a nuestra nación y la opinión pública nacional e internacional.

Esta denuncia la realizamos de manera responsable ya que consideramos que tenemos los antecedentes suficientes para desconfiar y hacer pública esta acusación. Además todos sabemos, y de esos estamos seguros, que el enemigo de nuestro pueblo utilizó, utiliza y utilizará todos los mecanismos de represión, coerción, propaganda, cooptación e infiltración, con el objeto de aislarnos y golpearnos, como parte de su estrategia en contra de la lucha de nuestro pueblo y de nuestra organización en particular.

A continuación adjuntaremos todos los antecedentes y solicitamos a todas las organizaciones sociales, estudiantiles, de derechos humanos, a mapuche y no mapuche a otorgarle la cobertura que amerita, sobre todo por la gravedad de todo lo que implica lo expuesto.

Continuando con la reconstrucción de la Nación Mapuche
Por autonomía y territorio.

Libertad a todos los presos políticos Mapuche
No a la aplicación de la Ley Antiterrorista


PPM CAM

Ramón LLanquileo Pilquiman
José Huenuche Reiman
Jonathan Huillical Méndez
Héctor LLaitul Carrillanca



Link Nota  www.resumen.cl;



DENUNCIA PÚBLICA EN RELACION AL  ABOGADO SR. NELSON MIRANDA

La presente tiene por objetivo denunciar situaciones que se dieron en torno al Juicio de Cañete respecto de este abogado, quien se hizo parte del proceso como defensor particular de algunos comuneros.


Cabe señalar que como CAM  hemos vivido la prisión política durante mas de 10 años, situación que nos ha permitido ir conociendo a la mayoría de los abogados defensores que trabajan en materia de derechos humanos, teniendo con muchos de ellos una estrecha relación y confianza.  Por tal motivo nos llamó la atención la aparición de improviso del Sr. Miranda  sin  recibir, previamente,  algún tipo de referencia que es lo normal en este tipo de situaciones.  Más aun nos sorprendieron sus visitas permanentes a las cárceles, situación que se repitió luego con las familias y comunidades, sobre todo considerando el tiempo y recursos que disponía para ello.

 El Sr. Miranda llego el año 2009 a la Cárcel de Concepción a ofrecerse como defensor, a específicos comuneros, exceptuando los dirigentes de la CAM. No hubo ningún abogado, persona conocida u organización alguna que nos diera antecedentes de la venida de esta persona por lo que, ante la duda, preferimos no confiar, advirtiéndole a los otros comuneros de tal situación.  Posteriormente, se presentaron una serie de situaciones,  que fueron generando la suspicacia de nuestro entorno familiar y jurídico, situaciones objetivas que creemos estamos en la obligación de denunciar para el resguardo de otras comunidades mapuche, si bien nuestras conclusiones pudieran ser subjetivas, son los hechos, los que pasamos a relatar.
  1. Nos llama la atención que sus primeros defendidos, correspondan a dos comuneros del sector de LLeu LLeu los cuales, prontamente, son dejados en libertad por parte de la Fiscalia, la cual “deja de perseverar en su acusación”. Es decir, no son liberados por el trabajo profesional del Sr. Miranda si no por el propio ente persecutor.  Estos comuneros, son liberados por el Ministerio Publico junto a los  “testigos secretos” N°26 y N°27. En este caso, ambos son representados por la Defensoria Publica Licitada a través del abogado Sr. Ortega, quien se inhabilita para tomar la defensa de otros comuneros por el principio de incompatibilidad. Al contrario, en vez de inhabilitarse, por las naturales sospechas, el  contacto con estas personas le permite al Sr. Miranda relacionarse con otros comuneros en la cárcel de Lebu asumiendo así,  paulatinamente, la defensa de diferentes PPM en las diferentes cárceles.
  2. El día del Veredicto se realiza una Audiencia reservada en la cual el querellante de la forestal  presenta un informe de cotizaciones de la totalidad de los imputados, es decir, incluyendo el nombre de los “testigos secretos”. Esta situación es la oportunidad para develar en el tribunal que dos de los testigos secretos eran anteriormente imputados y que ambos mintieron en sus declaraciones. Para lo cual la Defensora Sra. Victoria Fariña solicita el documento, sin embargo, en una actitud incompresible, y ante la sorpresa de los otros defensores,  el Sr. Miranda, en una actitud más propia de un Fiscal, arrebata de las manos de la Sra. Fariña el documento y solicita al Presidente del Tribunal que no se de lectura, lo que el Presidente del Tribunal acoge inmediatamente.
  3. Otra situación que va, evidentemente, en la línea del trabajo del Ministerio Publico y en contra de la Defensa, es que el Sr. Miranda impide, en todo momento, que los hermanos Viluñir presenten una querella criminal por torturas en contra de quienes  resulten responsables. Querella que iba a ser presentada por el Sr. Juan Guzmán Tapia, quien junto a los demás defensores se reunieron con una de las victimas para concretar la acción judicial. Después de varios intentos fallidos, familiares directos de estos menores, señalaron que algunas personas, incluyendo el Sr. Miranda les presionaron para que ésta no fuese presentada, dejando esta grave situación solo en una denuncia pública. De hecho, al ser consultado por los otros abogados defensores respondió “no se metan en mis cosas”.  Posteriormente, queda develado en el propio Tribunal contactos extra judiciales con el Fiscal Cruz por parte del “entorno cercano” a los hermanos Viluñir (conformado por algunos ex miembros de la CAM), así como recriminaciones mutuas entre Miranda y Cruz, lo que nos hace concluir que pudo haber existido algún tipo de negociación extra judicial entre ellos.
  4. Un nuevo antecedente que se suma a los anteriores es que con posterioridad a la presentación de los Recursos de Nulidad, nuestros abogados defensores se han enterado de que uno de los jueces que nos condenó, Sr. Carlos Muñoz, había conocido de la causa con antelación al Juicio Oral, en su calidad de relator y Ministro de Fe de la Corte de Apelaciones de Concepción. Sin embargo, esta situación era ya conocida por el Sr. Miranda en el contexto de solicitudes de cambios de medidas cautelares presentadas por éste respecto de sus defendidos de la misma causa. Entonces, ¿por qué si el Sr. Miranda conocía de esta situación no se la dio a conocer a los otros defensores, o no la denuncio al iniciarse el Juicio Oral?. Esta situación constituye una grave violación al debido proceso y de haberse conocido a tiempo hubiese significado la inhabilitación de este juez  o  una nueva causal de Nulidad de Juicio. Situación planteada en los alegatos de nulidad a la Corte Suprema, pero que no se consideró por estar fuera de plazo. 
  5. Por ultimo, y solo para clarificar diremos que el Sr. Miranda siempre se mantuvo alejado de los otros abogados defensores (públicos y privados) con los cuales nunca mantuvo una relación cercana en lo profesional, ni menos personal, y siempre se negó a  participar de las reuniones de trabajo y capacitaciones, en las cuales se invitaba a otros defensores de causas mapuche (Angol y Temuco), así como especialistas en temas como la Ley Antiterrorista, no siendo posible el desarrollo de una estrategia judicial conjunta y colaborativa. Al contrario su actitud fue siempre la de ocultar información y en definitiva de obstaculizar dicha estrategia de defensa.
Hacemos esta denuncia, con las observaciones respectivas ya que pensamos que distinto hubiera sido el escenario si en el tribunal se hubiese develado la identidad de los “testigos secretos”, si se hubiese puesto una querella por torturas en la cual estaba, claramente, involucrado el Fiscal Cruz,  y si se hubiese inhabilitado al Juez Muñoz.  Entonces, ¿cual fue el verdadero papel que cumplió este abogado defensor?.

 Consideramos que  todas estas situaciones  provocadas por acción u omisión de parte del Sr. Miranda, que conjuraron contra  el derecho a la defensa durante el Juicio de Cañete e incidieron, directamente, en nuestra condena, no fueron solo fortuitas o por falta de experiencia, puesto que de ser así nuestra defensa, nuestras familias y nosotros mismos debimos haber recibido algún tipo de explicación,  cuestión que hasta el día de hoy estamos esperando.

Estos antecedentes los entregamos en forma responsable y solicitamos, a la vez,  a los abogados del ámbito de los derechos humanos, a ex militantes de izquierda a cuyas filas habría pertenecido,  y a la comunidad universitaria de la ARCIS Santiago, desde donde egresó como abogado, a entregar mayores antecedentes respecto de esta persona.

Por lo anteriormente expuesto creemos que tenemos antecedentes suficientes para desconfiar y hacer pública esta denuncia. Por que estamos seguros de que los enemigos de nuestro Pueblo utilizaran todas las formas para infiltrarnos, aislarnos y golpearnos como parte de su estrategia en contra de la lucha de nuestro pueblo y de nuestra organización en particular.

  • PPM Condenados en Cañete:

            Ramón LLanquileo Pilquiman
            José Huenuche Reiman
            Jonathan Huillical Méndez
            Héctor LLaitul Carrillanca

  • Comisión Prisión Política CAM

Documentación de respaldo:

  1. Notificación de la Reformalizacion a 23 comuneros mapuche.
  2. Notificación de la Acusación a 18 comuneros y se deja de Perseverar en la Acusación en contra de cinco.
  3. Audios en los cuales el Fiscal Cruz reconoce reuniones extrajudiciales con entorno cercano a los hermanos Viluñir.
  4. Audios en donde el Sr. Miranda solicita al presidente del tribunal la no lectura de la nomina de cotizaciones.
  5. Copias de recursos presentados por el Sr. Nelson Miranda a la Corte de Apelaciones de Concepción los cuales están firmados por el juez Muñoz




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COMUNICADO PPM CAM

>> jueves, 15 de diciembre de 2011

Los presos políticos mapuche de la CAM, recluidos en la cárcel de Angol, queremos expresar a nuestro Pueblo Mapuche y a la opinión pública lo siguiente:

1.      Que en relación a la decisión tomada por la Comisión por los Derechos del Pueblo Mapuche en cuanto a abrir un debate en torno a la modificación de la Ley Antiterrorista, hemos tomado la decisión de apartarnos del trabajo de  esta, ya que nuestra proyección como presos políticos mapuche se enmarca en la lucha de nuestro Pueblo Nación y  no en los marcos de la institucionalidad chilena.

2.      Que en segundo lugar, no nos haremos parte del maquillaje de una ley espuria que fue parte del genocidio de cientos de chilenos (as) y mapuche durante la Dictadura Militar y que durante la última década se ha aplicado al Pueblo Mapuche por los gobiernos de la Concertación y de la Alianza.

3.      Que estamos seguros que la intención de modificar la Ley Antiterrorista no prosperará jamás a favor de quienes luchan y se desintegrará, como siempre, en un parlamento donde los poderes económicos tienen la hegemonía política, representados por los partidos de la Alianza, la Concertación y otros, en un equilibrio perfecto para mantener el status quo.

4.      Que la Comisión por los Derechos del Pueblo Mapuche surgió en el contexto de la última huelga de hambre asumiendo el compromiso de denunciar las violaciones a los derechos de nuestro Pueblo, específicamente, haciendo frente a la aplicación de la Ley Antiterrorista, tanto en el ámbito local como internacional,  lo que reconocemos en parte se ha cumplido.

5.      Que en relación a nuestra situación judicial actual, hemos entablado una Demanda Internacional en contra del Estado Chileno por la aplicación de La Ley Antiterrorista y la negación de un Debido Proceso, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo que supone también el apoyo antes referido,  junto con el compromiso de
presentar Informes en Derecho (Amicus curiae) ante dicha instancia.

6.      Finalmente, aclaramos que ya no tendremos en la Comisión representación o vocería. Así mismo, aceptamos con respeto la renuncia de nuestra hermana Natividad a quien agradecemos y deseamos éxito en sus propias definiciones.


Saludamos con orgullo a nuestro Pueblo, especialmente, a las comunidades movilizadas y las instamos a seguir luchando por nuestros derechos políticos y territoriales en forma autónoma y digna.

Por territorio y autonomía para la Nación Mapuche
Libertad a los presos políticos mapuche
¡WEUWAIÑ – MARRICHIWEU!


Ramón Llanquileo Pilquiman
Jonathan Huillical Méndez
José Huenuche Reiman
Héctor LLaitul Carrillanca

Cárcel de Angol, Miércoles 14 de Diciembre de 2011

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Presentación Pública de la Demanda a la CIDH en contra del Estado de Chile por Juicio en Cañete

>> miércoles, 30 de noviembre de 2011

Con la presencia de diversos familiares de los PPM y los abogados patrocinantes, Pablo Ortega, Myrna Villegas, Alberto Espinoza  y Juan Guzman Tapia. Se presento públicamente la Demanda Contra el Estado chileno ante la Comisión Interamericana de Derechos humanos, que fue oficialmente recibida por esta, hoy en la mañana. Quienes explicaron las implicancias de esta demanda y sus principales características, relacionadas al juicio en Cañete, sus irregularidades y la ratificación de la condena de 14 años en el caso de el peñi Llaitul y 8 para Llanquileo, Huenuche y Huillical. Además de relatar la experiencia de la prisión política desde la perspectiva de los familiares.






Contexto político histórico de la nación mapuche
                       
            Es difícil no considerar que los distintos momentos de la historia de la nación mapuche esta atravesada por dos prácticas permanentes, el de la usurpación y la represión. Por tanto, además, nos debemos explicar en la lógica de la autodefensa-recuperación en el marco del un desarrollo más critico del ser y quehacer del mundo y cosmogonía mapuche. Esto no ha cambiado un ápice, desde un análisis y revisión abstracta, podríamos decir que lo matices solo han sido fundados desde esta plataforma, lo cual nos indica que en lo próximo no habrán cambios, es decir existe una norma intrínseca que es razón fundacional de la, primero arremetida colonizadora-española y posterior constitución de la republica chilena, que es esencialmente oligarca y etnocéntrica.

       Desde las primeras iniciativas de recuperación de territorios ancestrales, la institucionalidad del estado chileno ha intentado plantear la homogeneidad nacional y la normalización de los escenarios culturales, imponiendo valores, creencias e identidad. 
 ­­­     

CAM plataforma político-espiritual hacia la liberación nacional

No es tan solo la perspectiva política se estimula para la reconstrucción de la cosmogonía mapuche, también los arraigos espirituales, los cuales permiten desarrollar de manera integral el rescate y desarrollo del ser mapuche.  


Estrategia de criminalización y represión del estado chileno y la inversión trasnacional.

El pronunciamiento de la justicia ordinaria, y especialmente el de la Corte Suprema demuestra su participación en el resguardo en los intereses del gobierno y la inversión empresarial. Respaldando un mal fallo, el cual no resiste análisis, quienes cuestionan al testigo sin rostro para una causa (Caso Elgueta) y la otra causa el mismo testigo sin rostro los valida (Robo con intimidación Caso Santos Jorquera). Particularmente existe una contracción jurídica, entonces nos podemos preguntar ¿cómo abogados tan experimentados y con tanto conocimiento hacen un arreglo tan ruin e inmoral? ¿cuál es la razón jurídica de fondo? ¿la justicia chilena puede ser a medias?

Escenario de persecución político-jurídico. La prisión política y condena a toda una nación.

El Caso en Cañete es un ejemplo de vulneración a todos los derechos que pueda tener un acusado restando todas las garantías constitucionales.

Doble procesamiento, justicia militar y civil
Aplicación de la ley antiterrorista
Investigación intervención telefónica ilegales
Utilización de testigos sin rostro. Validación de los testigos sin rostro diferencias en su estimación según los tribunales chilenos
Prisión preventiva de 2 años aproximadamente.                  

Existe una condena de 14 años para Héctor Llaitul y 8 años a Ramón Llanquileo, José Huenuche y Jonathan Huillical. (Caso Elgueta y Caso Santos Jorquera)   ¿Por una condena diferenciada? En el año 2001 existe una condena por la toma de la hacienda Lleu-Lleu, conocido por el caso Marihuan y otros, por el cual los demás imputados de ese entonces son sobreseídos pero que particularmente para el peñi Llaitul es constituida una condena que aumenta a 15 años y medio la actual y que además es considerada un agravante que comparada con las otras condenas esta se dobla de 8 años a 15 años y medio, entonces ¿qué fundo convicción en los jueces para que las acusaciones fueran argumento para una condena?  El mismo procedimiento; aplicación de leyes de excepción, Ley seguridad interior del Estado, doble procesamiento justicia militar y civil que al igual que el juicio en Cañete, que con las misma pruebas la justicia militar absolvió y la justicia ordinaria condenó.

Devenir del proyecto mapuche y el deber del ser mapuche hoy.

En síntesis se debe explicar todos los acontecimientos y la situación actual desde la condena y persecución política a un proyecto emancipador, que contempla el devenir de la nación mapuche en perspectiva, sustentado desde una practica activa y directa, critica. Entonces como expresión la coordinadora de comunidades en conflicto Arauco Malleco, que con sus acciones apunta a las estructuras del capitalismo y a la autodefensa como un derecho y la recuperación productiva del territorio ancestral como una obligación. Ser CAM es ser una problema para el Estado de Chile, quien bajo cualquier argumento reprimirá, perseguirá y condenará a sus dirigentes y militantes, quienes desarrollan su responsabilidades desde y en las comunidades. Si existe persecución, cárcel y muerte a las legitimas demandas de nuestra nación es por que estas constituyen una amenaza y que la lógica de la seguridad interior y la lucha, según los tecnócratas y social demócratas, contra el “terrorismo” debe ser controlado y aislado, bajo cualquier costo.  

Por Wichan  


Comuneros mapuches condenados denuncian al Estado frente a la OEA


La acción legal fue presentada ante la Comisión de Derechos Humanos por violar garantías constitucionales durante el juicio de los cuatro líderes de la Coordinadora Arauco Malleco.

por Alvaro Guerrero - 30/11/2011 - 18:17
Una denuncia en contra del Estado chileno por violar las garantías constitucionales, presentaron ante la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, los abogados de los cuatro comuneros mapuches condenados por el ataque al fiscal Mario Elgueta, hecho ocurrido en octubre del 2008.
Los juristas esperan que el oficio de 90 páginas sea acogido para que pueda pasar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y revocar el fallo judicial, que fue ratificado por la Corte Suprema el 4 de junio de este año.
Adolfo Montiel, uno de los patrocinantes, explicó que la instancia fue presentada por la imparcialidad del proceso, como por ejemplo la aplicación arbitraria de la Ley Antiterrorista, el uso de testigos sin nombre y el doble fallo donde la justicia militar los absolvió de los cargos, mientras que la civil los condenó. "Ahora el Estado Chileno tiene que presentar sus argumentos y a esperar la respuesta del organismo", sostuvo.
En el escrito hay siete peticiones directas, entre las que destacan la libertad inmediata a los líderes de la Coordinadora Arauco Malleco Jonathan Huillical, José Huenuche, Ramón y Héctor Llaitul. Además de una compensación monetaria por los daños morales.
Se espera que el organismo internacional la próxima semana decida si acoge el recurso presentado esta tarde.



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Comunicado Público Órganos de Resistencia Territorial Lleulleuche de la Coordinadora Arauco Malleco

>> viernes, 18 de noviembre de 2011

Los Órganos de Resistencia Territorial Lleulleuche de la Coordinadora Arauco Malleco comunicamos a nuestro pueblo Mapuche Y a la opinión pública nacional e internacional lo siguiente:

1-    Nos adjudicamos la acción ocurrida el día miércoles 16 de noviembre en que fue atacado y destruido un puesto de control de forestal Mininco y carabineros, ubicados en los límites de la novena y octava región, sector Mahuilque camino Relún correspondiente al fundo Choke.

2-    Enmarcado en la misma operación fue destruida completamente una camioneta de guardias forestales y destruido el puente Mahuilque, saboteando así la producción y extracción de madera.

3-    Con esta acción denunciamos la colusión entre la policía y las empresas forestales para saquear nuestro WallMapu. Así dejamos en evidencia la militarización de la zona en pos de abrir el camino a las inversiones forestales y mineras en el sector de Mahuilque Lleu-Lleu.

4-    Reafirmamos nuestro compromiso contra todas las inversiones capitalistas en nuestro territorio. Seguiremos haciéndoles frente y saboteando sus intereses mientras ocupen nuestro territorio.
Con nuestros héroes Leftraru, Pelantaru, Lemún, Catrileo, Collío y otros, seguimos avanzando hacia la Liberación Nacional Mapuche.
No a la minera en el lago Lleu-Lleu.
Basta de militarización en nuestras comunidades.
ORT-CAM Lleulleuche.

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NOTAS SOBRE LA DEMANDA A LA CIDH Y EL JUICIO EN CAÑETE

>> domingo, 13 de noviembre de 2011

Una injusticia que avergüenza

La condena actualmente en ejecución de catorce años de presidio contra Héctor Llaitul y ocho contra sus compañeros Ramón Llanquileo, José Huenuche y Jonathan Huillical, aplicada por una sala de la Corte Suprema, es una injusticia que avergüenza al país.
El juicio oral de Cañete contra los comuneros mapuche se realizó bajo la feroz amenaza, orquestada por la Fiscalía, de una condena a ciento cuatro años de prisión para Llaitul, por actividades supuestamente delictivas en las que no había hechos de sangre.
Los colegiados del Tribunal, en decisión dividida, le aplicaron una de veinticinco. Frente a tanta severidad, catorce años de cárcel aparece como una pena reducida que, en la mentalidad de los tutores de esta indecencia, seguramente pudiera generar en la opinión ciudadana un estado de resignación y conformismo, cuando no de alivio.
La condena, en cualquiera de sus grados,sigue siendo, sin duda, injusta y moralmente inadmisible en su esencia, debe ser incansablemente denunciada y puesta en cuestión en Chile y fuera del país.

Se trata de un acto de autoridad encuadrado en una política global de Estado, fraguada durante varios gobiernos, que pretende invisibilizar como problema nacional las demandas del pueblo mapuche, criminalizarlas y reprimirlas a diario mediante la militarización del territorio.
Esta odiosa perspectiva se ha plasmado con el beneplácito y sostenido aplauso de los voceros de los grandes intereses económicos que han tomado por asalto los territorios de la Araucanía.
Forestales, mineras, salmoneras, empresas del rubro hidroeléctrico, hoy dueñas de crecientes extensiones de terreno y de sus aguas en esa región de Chile, abusan de los recursos naturales y ponen en jaque la existencia de comunidades mapuche y su patrimonio histórico y cultural.
Llaitul y sus hermanos, activistas destacados de su causa, fueron objeto de un aberrante doble procesamiento (en la justicia civil y militar) por los mismos actos supuestamente delictivos.
El juicio oral de Cañete se realizó de acuerdo a normas de la Ley Antiterrorista, establecidas para juzgar delitos tipificados en ese cuerpo legal, pero tanto la acusación final de la Fiscalía como los fallos de las dos instancias judiciales no establecieron ningún delito terrorista.

Curiosamente, mediante artilugios interpretativos, validaron un procedimiento que a todas luces no correspondía aplicar. Ignoraron la aplicación de tormentos a uno de los inculpados y avalaron la figura de los testigos anónimos, personajes que prácticamente no pueden ser cuestionados por la defensa.
Las injusticias que aquejan a nuestra sociedad y que enturbian nuestra convivencia son muchas y graves y todas ellas requieren visibilización, denuncia, reclamo, lucha organizada y políticas que las subsanen.
Ninguna, sin embargo, tiene la carga histórica, moral y cultural que caracteriza los agravios cometidos para someter la rebeldía mapuche, entre ellos el juicio contra Llaitul y sus compañeros.
Las arbitrariedades a las que me refiero, simple, lisa y llanamente, son una vergüenza para Chile y los chilenos, son atropellos de tal entidad que menoscaban el respeto a nosotros mismos y el que la comunidad internacional debiera tener por el país.
Tanta ignominia seguirá alimentando una justa y renovada indignación.

Mapuches condenados en Cañete recurrirán a Corte Interamericana de Derechos Humanos

Paula Correa

Familiares y abogados de los presos políticos mapuche condenados en el tribunal de Cañete confirmaron que presentarán acciones contra el Estado Chileno ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, esto por el irregular procedimiento judicial que se realizó en nuestro país y que incluso fue avalado la Corte Suprema.
Por una serie de infracciones cometidas al debido proceso en el llamado “Juicio de Cañete”, es que el caso de los comuneros mapuche Héctor Llaitul, Ramón Llanquileo, José Huenuche y Jonathan Huillical, llegará a tribunales internacionales.
Los dirigentes de la Coordinadora Arauco-Malleco fueron acusados de atentar contra el fiscal Mario Elgueta en octubre de 2008, por lo que se les sometió a casi dos años de prisión preventiva y luego a un largo proceso judicial, que fue sumamente cuestionado y que revisó incluso el Máximo Tribunal, determinando reducir las altísimas penas que se solicitaban pero, con ello, avalando el procedimiento.
En ambas instancias estuvieron presentes una serie de observadores internacionales, a raíz del escándalo que desató la aplicación de la Ley Antiterrorista, que amparó la utilización de testigos protegidos o “sin rostro”, entre otras polémicas como la denuncia de torturas por parte de la Fiscalía para obtener confesiones.
El abogado de Derechos Humanos Adolfo Montiel, uno de los patrocinadores de la causa, afirmó que los comuneros además fueron sometidos a un doble procesamiento en la justicia civil y militar, y calificó el proceso como “inconstitucional e inadmisible”.
“Es discriminatorio, racial e inconstitucional al condenarse dos veces por el mismo hecho. La Justicia Militar absolvió y después la Corte de Apelaciones confirmó la absolución por ataque a carabineros, y luego la Corte Suprema dice que el dolo es contra carabineros y no contra el fiscal, y condena a los comuneros por atentado contra el fiscal. Baja las penas de 15 a 3 años y un día, pero quedan condenados igual”, indicó.
El abogado advirtió que en este juicio se violó también el derecho a la legítima defensa, ya que el actuar de la defensa fue muy acotado. Por todas estas razones, la Comisión podría exigir que se entregue una indemnización a los comuneros y condenar al Estado por violar los Derechos Humanos, lo que también permitiría acelerar cualquier beneficio carcelario que hoy pueda estar entrampado.
Por su parte, la vocera de los presos políticos mapuche, Natividad Llanquileo, recordó que estos comuneros protagonizaron las huelgas de hambre del año 2010 y 2011, siempre exigiendo un juicio justo y que, pese a los cuestionamientos a las pruebas, fueron condenados.
Por eso añadió que el pueblo mapuche ya no tiene confianza en los tribunales chilenos y ha debido buscar real justicia fuera del país, y subrayó que “los tribunales son tribunales, la labor de justicia no se está ejerciendo con el tema mapuche, ni en varios temas más, donde la justicia es una aplicación de leyes hechas a medida de quienes las hacen y se favorecen”.
La dirigente mapuche añadió que este tipo de tramitación es carísima y se requiere apoyo de diversas organizaciones para poder financiarla. En tanto, los abogados defensores, entre los que figura Adolfo Montiel, Pablo Ortega y Alberto Espinoza, están trabajando para afinar detalles de la presentación y llegar a la Comisión antes del seis de diciembre, fecha en que vence el plazo para presentar este tipo de acciones.

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RECUPERAR NUESTRAS TIERRAS NO ES DELINCUENCIA RESISTENCIA Y AUTODEFENSA NO ES TERRORISMO

"En tanto, que para los presos políticos mapuche, imputados en este Juicio, se trata de un proceso de recuperación de tierras y reivindicaciones históricas del Pueblo Nación Mapuche, en el cual se desarrollaron ejercicios básicos y necesarios de auto defensa en el marco de la resistencia de las comunidades mapuche, en resguardo de sus derechos fundamentales"

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