Comienza emblemático juicio contra miembros de la CAM en Tribunal de Cañete
>> martes, 9 de noviembre de 2010
8 de noviermbre, 2010
A las 9.30 de hoy lunes comienzan las intervenciones en la emblemática causa judicial, a un año y medio de las primeras detenciones. En el alegato de apertura se sabrá si el Ministerio Público invoca la Ley Antiterrorista o se allana a la recalificación de sus acusaciones, tal como solicitaron los familiares de los presos políticos de la CAM.
Fuente: http://www.azkintuwe.org/nov_084.htm
Hoy lunes, en medio de gran expectación, se inicia el juicio oral por Ley Antiterrorista contra los 17 comuneros mapuches, entre ellos los principales lideres de la CAM, sindicados como culpables del supuesto atentado sufrido por el Fiscal Mario Elgueta en Tirúa el año 2008. La defensa centrará el debate en las declaraciones que podrían realizar testigos protegidos o sin rostro a través de videoconferencia, polémico procedimiento que -denuncian los abogados- vulnera las garantías del debido proceso de los mapuches.
Los comuneros que se encontraban presos en la cárcel El Manzano de Concepción fueron trasladados en la tarde del sábado hasta la cárcel de Lebu. El ex juez Juan Guzmán ya se encuentra en la Región del Bío-Bío y a su llegada señaló que tendrá una participación activa en los alegatos de apertura del emblemático juicio oral, ello como apoderado del principal líder de la Coordinadora Arauco–Malleco, Héctor Llaitul Carillanca, a quien se le acusa de haber planeado el "atentado" contra el fiscal Elgueta.
En relación a la utilización de testigos protegidos en el juicio oral, el ex magistrado chileno calificó al sistema como “arcaico”, subrayando que atenta contra los derechos humanos de las personas que quieren probar su inocencia en un tribunal. Guzmán dijo que cree que muy pronto se eliminará de la legislación chilena la polémica figura de los testigos protegidos y que su participación en el juicio será esporádica, ya que tiene compromisos paralelos en la ciudad de Santiago.
En tanto la abogada del comunero Jonathan Huillical, Victoria Fariña, dijo que la audiencia partirá con el debate sobre las posibles declaraciones que eventualmente podrían realizar los testigos protegidos a través del sistema de videoconferencia, hecho que para la abogada implica una doble transgresión de las garantías constitucionales y del debido proceso, esto porque estarían limitadas las condiciones para contrapreguntar, lo que a juicio de Fariña no corresponde en un estado democrático de derecho.
Los comuneros que se encontraban presos en la cárcel El Manzano de Concepción fueron trasladados en la tarde del sábado hasta la cárcel de Lebu. El ex juez Juan Guzmán ya se encuentra en la Región del Bío-Bío y a su llegada señaló que tendrá una participación activa en los alegatos de apertura del emblemático juicio oral, ello como apoderado del principal líder de la Coordinadora Arauco–Malleco, Héctor Llaitul Carillanca, a quien se le acusa de haber planeado el "atentado" contra el fiscal Elgueta.
En relación a la utilización de testigos protegidos en el juicio oral, el ex magistrado chileno calificó al sistema como “arcaico”, subrayando que atenta contra los derechos humanos de las personas que quieren probar su inocencia en un tribunal. Guzmán dijo que cree que muy pronto se eliminará de la legislación chilena la polémica figura de los testigos protegidos y que su participación en el juicio será esporádica, ya que tiene compromisos paralelos en la ciudad de Santiago.
En tanto la abogada del comunero Jonathan Huillical, Victoria Fariña, dijo que la audiencia partirá con el debate sobre las posibles declaraciones que eventualmente podrían realizar los testigos protegidos a través del sistema de videoconferencia, hecho que para la abogada implica una doble transgresión de las garantías constitucionales y del debido proceso, esto porque estarían limitadas las condiciones para contrapreguntar, lo que a juicio de Fariña no corresponde en un estado democrático de derecho.
El pasado viernes, aprovechando una reunión sostenida en el Arzobispado de Concepción y enmarcada en el acuerdo logrado el 1º de octubre pasado para que 24 de los 34 comuneros que permanecieron 82 días sin ingerir alimentos depusieran el ayuno, representantes de los presos políticos de la CAM solicitaron al ministro del interior, Rodrigo Hinzpeter, que intercediera para que los abogados del gobierno pidieran al tribunal cañetino recalificar los ilícitos para que así sean consignados como delitos comunes y no "terroristas".
Si bien el Secretario de Estado no se refirió al respecto, indicando que con su presencia el Ejecutivo muestra que “no quiere tener este diálogo como una forma de terminar la huelga de hambre, sino que para empezar una nueva forma de entendernos, relacionarnos y respetarnos”, el abogado defensor de los comuneros, Adolfo Montiel, aseguró que “el ministro no se comprometió a dar una solución al respecto, pero sí dijo que lo va a estudiar y tratar de resolver”.
En la cita hubo representantes de los mapuches de Concepción, Angol y Temuko, destacando entre estos últimos Pablo Canío y Sergio Catrilaf, quienes participaron de la prolongada huelga. El propio Catrilaf indicó que “conversar con el ministro es bueno porque atendió nuestras demandas”. En su rol de facilitador del diálogo también participó de la junta Monseñor Ricardo Ezzati, quien aseguró que entre los temas tratados también estuvo el tema de los cambios a la Ley Antiterrorista. Sin embargo, hasta hoy lunes, el Ministerio Público no ha dado señales de que vaya a acceder a la recalificación de los delitos.
Si bien el Secretario de Estado no se refirió al respecto, indicando que con su presencia el Ejecutivo muestra que “no quiere tener este diálogo como una forma de terminar la huelga de hambre, sino que para empezar una nueva forma de entendernos, relacionarnos y respetarnos”, el abogado defensor de los comuneros, Adolfo Montiel, aseguró que “el ministro no se comprometió a dar una solución al respecto, pero sí dijo que lo va a estudiar y tratar de resolver”.
En la cita hubo representantes de los mapuches de Concepción, Angol y Temuko, destacando entre estos últimos Pablo Canío y Sergio Catrilaf, quienes participaron de la prolongada huelga. El propio Catrilaf indicó que “conversar con el ministro es bueno porque atendió nuestras demandas”. En su rol de facilitador del diálogo también participó de la junta Monseñor Ricardo Ezzati, quien aseguró que entre los temas tratados también estuvo el tema de los cambios a la Ley Antiterrorista. Sin embargo, hasta hoy lunes, el Ministerio Público no ha dado señales de que vaya a acceder a la recalificación de los delitos.
El supuesto ataque a Elgueta ocurrió en octubre del 2008, cuando un grupo de mapuches se enfrentó a la comitiva policial del Fiscal Especial para causas indígenas, quien se encontraba liderando un masivo allanamiento a una comunidad en el sector de Puerto Choque, municipio de Tirúa, provincia de Arauco. Los mapuches alegan que se trató de un enfrentamiento y que hicieron uso del "legítimo derecho a la autodefensa" ante la agresión policial. La fiscalía, por su parte, acusa una "emboscada de aniquilamiento" y denuncia "tácticas" y "nexos" de los imputados con las FARC de Colombia.
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