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Supuestos y acusaciones en la primera semana del emblemático proceso

>> miércoles, 17 de noviembre de 2010

Prensa Oficial
Fuente: www.diarioconcepcion.cl

Logros y reveses de la fiscalía en inicio del juicio contra 17 comuneros



Frontis Tribunal Oral en los Penal de Cañete
 Si bien la Fiscalía consiguió todas la medidas de seguridad para que los testigos secretos declaren en este emblemático juicio, ya sufrió su primer revés con un perito policial de inteligencia que debía sustentar la orgánica de la Coordinadora Arauco Malleco, pues su testimonio careció de toda argumentación y solidez, lo que a juicio de la defensa provocó su descrédito. Si pudo exhibir otras pruebas que, al parecer, para el Ministerio Público son claves, como las escuchas telefónicas que situarían a tres de los acusados en el
lugar de los hechos.        


Helia Avendaño

Concentrado escuchando atentamente cada uno de los cargos que el fiscal Andrés Cruz le ha imputado. Así se le ha visto a Héctor Llaitul Carrillanca en el juicio que el Ministerio Público lleva contra de él y de otros 16 mapuches por el ataque al fiscal Mario Elgueta, asociación ilícita terrorista, incendio terrorista, asociación ilícita para el robo y hurto de madera, atentado en contra de la autoridad, robo con intimidación y amenazas terroristas. 

            Y es que pese a todos estos ilícitos que la Fiscalía sostiene fueron liderados por él en la zona de Lleu Lleu, Llaitul se mantiene tranquilo, de seguro, pensando en como responder a todas estas acusaciones cuando haga uso de su derecho a hablar, pues siempre ha manifestado su interés por declarar en el juicio. Así lo confirmó uno de sus dos abogados defensores, Pablo Ortega, quien por estrategia procesal anticipó que lo hará más adelante.
            Mientras tanto, el Ministerio Público ha lanzado un detallado relato de cada uno de los hechos de violencia vinculados al actuar de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), de la cual Llaitul sería uno de sus principales líderes.
            Cruz partió sus alegatos rememorando las acciones ocurridas desde el 2004 hasta el primer trimestre de 2009, que consistían en la sustracción de madera propiedad de las forestales Crecex y Volterra. Detrás de estas conductas, señaló, estarían los hermanos Norberto, Juan Carlos y César Parra Leiva, a quienes se sumarían Leonel Carialo Liencura, Juan Muñoz Huenumán, Carlos Muñoz Huenumán y Segundo Ñeguey Ñeguey. 
            Aprovechándose desde este contexto, el Ministerio Público sostiene que Llaitul habría dado sentido ideológico a estos hechos, denominándolos “Procesos de recuperación productiva de tierras”, acción cometida contra las empresas forestales consideradas ajenas al lugar, invasoras de las tierras pertenecientes al pueblo mapuche, las que según su visión de fueron usurpadas por el Estado chileno.
            Pero estas acusaciones siguen contra Héctor Llaitul, pues la Fiscalía asegura que dotó a este grupo de una guardia armada, destinada a repeler cualquier injerencia de las autoridades policiales o de las propias víctimas. Esta guardia estaba supuestamente a cargo de Ramón Llanquileo Pilquimán, con quien colaboraban su hermano, Victor, Luis Menares Charilao, Jonathan Huillical  Méndez y José Huenuche Reiman. De esto no solo da cuenta Cruz, sino también el jefe de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales de la PDI, subprefecto José Luis López, quién fue el primer testigo que declaró por parte del Ministerio Público y cuyo testimonio se extendió de martes a viernes.    
            Esta “asociación”, que práctica comenzó a ejercer un claro dominio territorial en la zona, se habría organizado con una estructura funcional de cuadrillas, señaló López, lo que le permitió actuar en un periodo prolongado, distribuyendo y fragmentando las funciones entre sus miembros. “La labor de comercializar la madera sustraída era ejecutada por Nolberto Parra Leiva y José Huenuche Reiman, quienes a su vez distribuían el dinero obtenido. Incluso llegaron a tener a su disposición un aserradero móvil, en el que procesaban la madera de pino, la cual luego era vendida”, agregó Andrés Cruz.
            Llaitul, principal acusado en esta causa, sobre quién la Fiscalía pide una condena de 102 años y 5 meses de presidio, se habría encargado también de que sus acciones fueran difundidas a través de los medios de comunicación social, especialmente uno: Radio Bio Bio.
            Para probar todas esta acusaciones, la Fiscalía en esta semana se juicio ha presentado parte de los resultados de diversas diligencias intrusivas que fueron autorizadas por los tribunales cuatro meses antes del atentado al fiscal Elgueta, como las escuchas telefónicas, de las cuales Cruz dice haber extraído la orgánica de la asociación, los liderazgos y algunas de sus funciones; y la necesidad de dar a conocer los hechos de violencia a los medios de comunicación.
            Además, en lo que resta del juicio irá presentando la declaración de una serie de testigos de contextos, funcionarios de Carabineros y trabajadores forestales, quienes habrían sido amedrentados y atacados.
            “Muchos de los acusados se presentarán como campesinos sin preparación y perseguidos sólo por ser lo que son, por su origen. Pero se comprobará que aquí no existe ni ha existido ninguna construcción teatral destinada a perjudicarlos, puesto que, como veremos, varios de los acusados no pertenecen a la etnia mapuche” recalcó Cruz en los alegatos de apertura.
            En cuanto a la asociación ilícita terrorista, la Fiscalía pretende demostrar que dentro de los objetivos de la CAM estaba el “infundir temor contra aquellas personas que poseían viviendas de veraneo en las riberas del lago Lleu Lleu y que eran consideradas como “extranjeras” al no pertenecer a la etnia mapuche, por lo cual buscaban su expulsión y causar miedo, dando la sensación de desgobierno e impunidad hacia los delitos”. El mismo propósito habría buscado el atentado en contra de Elgueta y su comitiva policial la madrugada del 16 de octubre de 2008.
            A los medios de prueba se incorporará un video donde aparece Llaitul realizando una supuesta Charla de adoctrinamiento a estudiantes de la Universidad Autónoma de Temuco. Al respecto, Pablo Ortega, defensor de Llaitul, precisó que en este país no se debía juzgar por pensar de una determinada manera.
            “Es una charla en una universidad estatal en la cual él expone su pensamiento y entendemos que en Chile no se apercibe el pensamiento, pensar de que en este juicio podemos tener dudas, pero la expresión del pensamiento no es una conducta antijurídica”                          
            En cuanto a su rol como dirigente y supuesto líder de la CAM, el ex juez de la República Juan Guzmán, quien también defiende a Llaitul, recordó que hay un fallo judicial que indica que la CAM no era ni es una asociación ilícita terrorista.   


                                  
Muñoz Huenuman, H. Llaitul, R. Llanquileo y M.Millanao.
LA SUPUESTA ESTRUCTURA
El capitán de la Dipolcar sostiene que Llaitul es el líder de la CAM. Bajo él estarían seis dirigentes de alta experiencia militar y una comisión política. Luego se ubican los Órganos de Resistencia Territorial y las redes de apoyo. Sin embargo, no pudo identificar a nadie.





Defensa cuestiona testimonios de testigos 

Héctor Llaitul junto a Juan Guzmán, abogado defensor.
Hasta el momento la Fiscalía ha sido protagonista de este juicio, dado el tenor de las acusaciones y de las pruebas que ha anunciado, algunas de ellas ya exhibidas, como las escuchas telefónicas que situarían a tres de los acusados en el lugar de los hechos.
            Sin embrago, nada se puede prever, pues aún faltan más de un mes de juicio oral, donde la defensa también tendrá muchas cosas que decir y probar. De hecho, el viernes ya desacreditó el testimonio entregado por el segundo testigo presentado por el Ministerio Público, el capitán Carlos Aqueveque, de la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros, quién se suponía iba a explicar la estructura interna, la orgánica, la comisión política y las redes de apoyo que tendría la CAM. Sin embargo, no pudo responder en forma convincente a ninguna de las preguntas realizadas por el defensor penal público Pablo Ardoin, quien cuestionó la calidad de la prueba por haber basado su exposición en los antecedentes obtenidos en una página de internet, cuyo servidor tampoco supo precisar.
            “Internet lo soporta todo. Si yo realizo un análisis de inteligencia, no puede estar revisando páginas de internet. Eso lo hace cualquiera. Hasta un niño de 8 años podría llegar a la conclusión que él llego”, criticó Ardión.
            Agrego que el oficial sólo pudo dar dos nombres. “Él señalaba que la CAM existe desde 1998, pero solamente maneja nombre que son Héctor Llaitul y el apodo de una persona que es José Llanquilef, un supuesto vocero de la CAM. Entonces después de 11 años solamente tenemos el nombre de dos personas, podríamos dudar claramente de la existencia de la misma en los términos en que los plantea el Ministerio Público”.
            Por lo demás, el defensor planteó que el testigo no sabía cuál son las organizaciones territoriales de los Órganos de Resistencias, ni dónde están ubicadas, ni cuándo son las asociaciones o comunidades afines a la causa. “Tampoco sabe cuál es la red de apoyo, desconoce la forma de financiamiento de esta supuesta asociación ilícita y no sabe quiénes integran la directiva de la comisión política colectiva”. Sin duda el primer gran revés para la Fiscalía.                                          
      El profesional también cuestionó el testimonio de José Luis López, considerando que en los cuatro días que presto declaración, sólo emitió apreciaciones sin señalar la forma en que obtuvo la información y refiriéndose a ella en calidad de perito y no de testigo, como sería en un principio de su rol, ya que él iba en la comitiva del fiscal Elgueta que fue atacada el 16 de octubre de 2008.
            Respecto a la estrategia que utilizarán, tanto los defensores penales públicos como los defensores privados que representan a los 17 comuneros, éstos han sido cautos, “toda vez que la Fiscalía tienen todos los medios para mejorarse prueba si nosotros la damos a conocer”, comentó Pablo Ortega. Si anticipó que presentarán testigos y peritos que van hablar de la calificación jurídica de los delitos y testigos de coartada.        


FILTRACIÓN DE NOMBRES
Durante esta semana se supo sobre el inicio de una investigación por parte de la Fiscalía para esclarecer la supuesta filtración del listado de los 36 testigos protegidos. Algunos de ellos ya habrían sido amenazados. Los familiares de los acusados niegan toda participación en ese supuesto. 


Los No de los magistrados a la defensa
La semana partió complicada para los siete abogados defensores: Pablo Ortega, Juan Guzmán, Pelayo Vial, Pablo Ardoin, Nelson Miranda, Victoria Fariña y Adolfo Montiel. Y es que durante la primera jornada de juicio los magistrados les negaron la utilización de un biombo en vez de un circuito cerrado de televisión, como ya lo había pedido la Fiscalía para que declararan los testigos protegidos.
            Los jueces también rechazaron la exclusión del testimonio del subprefecto José Luis López, por considerar la petición extemporánea.
            Si lograron marginar el testimonio del oficial de la PDI Walter Oyarce, quién resulto herido en el ataque a Elgueta, pues éste se encontraba en Guatemala e infringía la norma al declarar a través de video conferencia.
            Ya el jueves, los magistrados también se negaron a inhabilitar por haber emitido una sentencia condenatoria en contra de dos de los 17 acusados, pues esta petición de la defensa también fue considerada extemporánea. Los jueces a su vez, respondieron en forma negativa a la solicitud de aplicar medidas disciplinarias en contra del fiscal Andrés Cruz  por haber utilizado un lenguaje “inadecuado” a juicio de los defensores.                  

Narividad Llanquileo junto a la abogada Victoria Fariña


Pu peñi en los tribunales de Cañete 






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RECUPERAR NUESTRAS TIERRAS NO ES DELINCUENCIA RESISTENCIA Y AUTODEFENSA NO ES TERRORISMO

"En tanto, que para los presos políticos mapuche, imputados en este Juicio, se trata de un proceso de recuperación de tierras y reivindicaciones históricas del Pueblo Nación Mapuche, en el cual se desarrollaron ejercicios básicos y necesarios de auto defensa en el marco de la resistencia de las comunidades mapuche, en resguardo de sus derechos fundamentales"

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